El gobierno consiguió sacar del primer plano la impresión de que no tenía ningún plan en seguridad. Lo hizo aplicando lo que parece que será su gestión de estilo: rápido, asertivo, contundente. Quizás eso no habría sido posible sin contar con alguien como Martín Arrau, hombre de confianza del presidente, militante de republicanos, ejecutivo y con experiencia (incluso traumatizante) en la gestión pública.

En realidad, lo que hizo Arrau en los 13 días que tuvo desde que fue nombrado ministro de Seguridad Pública hasta su exposición ante el Congreso, comprometida para el día siguiente al de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast, fue reunir las muchas iniciativas y proyectos que se venían presentando en los años recientes, ordenarlos, despejarlos de incoherencias y luego clasificarlos en tres líneas prioritarias (énfasis) y siete grupos de tareas (misiones). La mayor parte de los 26 proyectos de ley habían sido presentados en el pasado.

Esta descripción no resta nada de mérito al trabajo de Arrau. En primer lugar, porque nadie lo había hecho antes, aunque alguien quisiera sostener que los materiales estaban a la mano. En segundo lugar, porque se necesitaba entender bien los supuestos ideológicos del presidente para atinar con el ordenamiento y la coherencia. Y en tercer lugar, porque se requería reparar el retraso del gobierno con ideas que respondiesen a las demandas ciudadanas, aun cuando algunas de estas sean impracticables. Por fin, es un acierto estratégico haber liberado al gobierno de un vacío que tocaba a su centro, no porque se tratase de promesas fundamentales en su campaña, sino porque hasta las futuras cuentas públicas naufragarán si no puede mejorar algunos de los índices que hoy tiene el país en seguridad.

Se puede decir que Arrau reparó el problema creado por la ministra original, la exfiscal Trinidad Steinert, siempre que se acepte que el problema lo creó ella y no los que la eligieron. Ahora es casi una moda decir que cualquier seleccionador de personal se habría dado cuenta de las limitaciones de Steinert para el cargo. Esto tiene el velado propósito de concentrar la responsabilidad en el presidente. Pero es inexacto por al menos dos razones: no todo el mundo tiene la destreza para seleccionar personal, y no es tan nítido el perfil de personas que podrían asumir la gestión de la seguridad pública a escala nacional.

Chile no tiene ninguna capacidad académica formal desarrollada en esta disciplina. El conocimiento que existe proviene de la experiencia y de la práctica, además de los estudios segmentados que han producido fundaciones o centros de estudio privados. Los expertos son, en general, cientistas sociales inclinados en forma personal a estos estudios y abogados vinculados al circuito penal. Los críticos de Steinert decían que sus propuestas se inclinaban siempre al costado punitivo, pero este sería un sesgo derivado de su ejercicio en la Fiscalía, nada para extrañarse.

En el difícil encargo de los últimos días de mayo, Arrau suplió con trabajo y sentido de urgencia lo que le falta a él y al país en rodaje académico. La seguridad ha invadido muchas de las actividades privadas y las seguirá invadiendo a medida que el delito encuentra nuevos campos de oportunidad. Bien: esto es incompatible con el tipo de sociedad que imagina el Presidente Kast, un mundo cuyo centro es la familia, donde las prestaciones públicas sólo las merecen quienes no violentan al prójimo, la democracia sólo tiene sentido como remedio a las angustias de las personas y el Estado llega con su forma de Leviatán a todos los rincones.

¿Es el ideal conservador? Por supuesto. Ningún hallazgo en esto. Lo único realmente novedoso es que muchas de las afirmaciones de este ideario encuentran perfecta resonancia en muchos sectores de la sociedad chilena -y más en los sectores populares-, después de que parecía que todo este repertorio de valores decimonónicos había retrocedido para siempre. El discurso de la modernización tenía, tal vez, límites más estrechos de lo que se presumía, o, lo que es más o menos lo mismo, no incluía la tolerancia -anticonservadora- del desafío contra la ley.

Cabe suponer que es la coherencia entre esta visión de la sociedad y lo que siente la sociedad el principal factor que también inhibe a la oposición, que se ha mostrado sorprendida por los dos megaproyectos del gobierno, el de “reconstrucción” y ahora el de seguridad. La oposición más vertebrada -la más ideológica- ha estado reaccionando con cierto automatismo, mientras que la izquierda moderada parece sacudida por la velocidad y el volumen de los proyectos oficialistas.

El efecto neto es muy extraño: antes de cumplir tres meses el gobierno ha mostrado más activismo legislativo que la mayoría de sus antecesores; parece llevar mucho tiempo asistiendo a extenuantes sesiones parlamentarias, y tiene por lo menos a dos ministros protagónicos que, siendo debutantes, ya son rostros repetidos. Y todo esto en un gobierno conservador de cuya naturaleza se presumiría que habría de ser lenta, ominosa y pesada.