El debate sobre la tipificación de la violencia digital en Chile representa un avance crucial. El proyecto de ley en trámite en el Congreso incorpora sanciones para conductas como el doxing, el hostigamiento, la suplantación de identidad y la difusión no consentida de imágenes íntimas. Se trata de un paso necesario hacia la justicia digital, para quienes habitan internet cotidianamente y se ven expuestas a agresiones que hasta ahora quedan impunes.

Sin embargo, este avance omite una dimensión tan creciente como peligrosa: la violencia política digital en razón de género, que hoy es objeto de estudio y discusión sobre cómo prevenirla y enfrentarla.

Porque las mujeres que ocupan espacios públicos ejercen liderazgo o expresan su opinión política enfrentan una violencia específica, persistente en las redes sociales y plataformas digitales. Ella no ocurre “a pesar” de su rol público, sino porque lo ejercen.

Estudios nacionales e internacionales han documentado cómo políticas, activistas, académicas, periodistas y lideresas comunitarias son blanco de campañas de acoso, amenazas, difamación, manipulación de contenido y cuestionamiento a sus capacidades.

¿Su efecto? Según ONU Mujeres (2022), este tipo de violencia provoca que muchas mujeres limiten su presencia en redes (80%), teman por su integridad física (80%), por su trabajo (50%) y terminen autocensurándose (40%). Algunas abandonan sus carreras, otras persisten con valentía y dificultad. Sin embargo, el efecto termina siendo lamentable: menos mujeres opinando, liderando y representando, perpetuándose el desequilibrio de poder estructural.

Por ello, el proyecto de ley que sanciona la violencia digital debe incluir explícitamente la violencia política digital por razón de género. No se trata solo de sancionar, sino de reconocer que muchas agresiones digitales tienen como objetivo silenciar la voz política y pública de las mujeres, generando un daño que no es solo individual, sino también colectivo: empobrece el debate y debilita la democracia.

Existen caminos para avanzar. Quince países de América Latina y el Caribe ya han aprobado leyes específicas o incorporado el concepto en normas más amplias. Por ejemplo, Argentina (2023) y Panamá (2024) adoptaron la Ley Olimpia y Colombia (2025) aprobó una ley contra la violencia política digital. Chile, que hoy preside la Convención de Belém do Pará -el instrumento que fija el estándar internacional en la materia-, tiene que persistir en su puesta al día.

Para ello, el proyecto debe incorporar una definición legal de violencia política digital de género, establecer agravantes cuando quien agrede busque inhibir la participación política o expresión pública de la víctima, y garantizar medidas de protección.

El mundo digital es hoy una extensión del espacio público y no podemos seguir permitiendo que el costo de opinar o liderar en redes sea el silencio, el miedo o el exilio digital. Es hora de proteger el derecho a hablar, disentir y participar en igualdad.

Por Alejandra Sepúlveda, Gerenta Proyecto Integridad Electoral y Género (RLAC)-IDEA Internacional