Durante los últimos años, Chile ha discutido sobre productividad, permisos, inversión y desarrollo territorial. En ese debate hay un aspecto que no siempre logra ocupar el lugar que merece: la calidad del diálogo que sostiene la relación entre industria, Estado, ciudad y comunidades. Cuando ese diálogo es débil, los proyectos avanzan con mayor dificultad y menor legitimidad social.

Hoy la minería enfrenta un momento decisivo. El cumplimiento regulatorio y los procesos formales de participación siguen siendo necesarios, pero resultan insuficientes para responder a las expectativas de los territorios. Las comunidades demandan relaciones de largo plazo, presencia permanente y una inversión social que deje capacidades instaladas. El desafío es avanzar desde una lógica reactiva hacia una mirada con propósito compartido.

Con ese diagnóstico, el Colegio de Ingenieros de Chile creó la iniciativa “Minería en ruta”, una plataforma destinada a recorrer territorios mineros para escuchar, comprender y articular las voces de quienes conviven diariamente con la minería y aportan al desarrollo regional. Estas instancias no son solo ejercicios de diálogo, sino herramientas para diseñar mejores políticas públicas y proyectos con mayor identidad territorial, sobre la base de información compartida y criterios técnicos comunes.

El recorrido por distintas regiones —Calama, Copiapó, Vallenar, La Serena y Antofagasta— permitió constatar una realidad que suele diluirse en la discusión nacional: los territorios tienen claridad sobre sus desafíos y oportunidades. Lo que muchas veces falta es una institucionalidad capaz de recoger esas miradas y transformarlas en decisiones coherentes y sostenibles en el tiempo.

En las conversaciones aparece con fuerza la necesidad de construir una visión compartida de desarrollo. Los proyectos por sí solos no generan futuro si no se insertan en un relato territorial que dé sentido, ordene prioridades y articule esfuerzos públicos y privados. Cuando existe esa hoja de ruta, el potencial regional se expresa con mayor fuerza.

También se vuelve evidente la importancia de fortalecer el permiso para operar. Hoy las comunidades esperan relaciones basadas en confianza, información compartida y beneficios mutuos. Cuando el diálogo se traduce en cambios concretos y verificables, la legitimidad de los proyectos se fortalece y el vínculo se proyecta en el largo plazo.

La inversión social adquiere un valor distinto cuando responde a desafíos comunes y no a iniciativas aisladas. La formación técnico-profesional, la capacitación y el fortalecimiento del emprendimiento local aparecen como ámbitos donde la acción coordinada puede generar impactos estructurales. En ese contexto, la inversión social deja de ser asistencial y se transforma en desarrollo territorial.

Desde esta experiencia queda en evidencia que Chile no puede separar la conversación técnica de la conversación territorial. Cuando ingeniería, Estado y ciudadanía no dialogan desde etapas tempranas, los proyectos se vuelven más lentos, más costosos y socialmente frágiles. Cuando ese diálogo existe desde el origen, se abren espacios para acuerdos que mejoran productividad, reducen incertidumbre y elevan la calidad de vida.

Ese es el sentido de “Minería en ruta”: ser un puente y un espacio transversal donde autoridades regionales, empresas, gremios, academia y ciudadanía dialoguen con mirada de largo plazo, no para administrar conflictos, sino para construir confianzas y futuro compartido.

El país entra a un período decisivo, con nuevas autoridades y crecientes desafíos en transición energética, competitividad minera e infraestructura estratégica. Recuperar la capacidad de ejecutar requiere instituciones más coordinadas y políticas públicas que nazcan desde la realidad territorial.

*El autor de la columna es profesor titular de Ingeniería UC, miembro de Clapes UC y presidente del Colegio de Ingenieros de Chile