Hace nueve años, Chile legisló sobre esta materia. Y decidió, democráticamente, que las mujeres embarazadas producto de una violación, o con un embarazo inviable, o cuya vida estaba en riesgo, podían decidir ellas -y no el Estado- si seguían adelante o no con ese embarazo.

La Ley de Interrupción del Embarazo en tres causales se promulgó en 2017, durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet. Y pese al amplio apoyo de la ciudadanía hacia la iniciativa, tuvo una tramitación muy difícil (tanto como la tuvieron, hay que recordar, la ley de divorcio, la píldora del día después, la igualdad de los hijos dentro y fuera del matrimonio o el matrimonio igualitario). La entonces oposición llevó la ley al Tribunal Constitucional, que finalmente falló que no vulneraba la Carta Fundamental.

Casi una década después, la ley de tres causales se ha utilizado dentro del marco de lo aprobado, mostrándoles a quienes se oponían que ninguna mujer violada, con riesgo vital o con un embarazo inviable iba a usar este derecho de modo banal (como algunos sostenían).

Pero ese no ha sido el único embate que la ley ha enfrentado. De hecho, fue parte sustancial del debate constitucional en el segundo proceso, aquel con hegemonía del Partido Republicano que hoy gobierna. Querer cambiar el “que” en vez del “quien” está por nacer, al decir de destacados constitucionalistas, ponía en riesgo este derecho. Cerrado el tema tras el fracaso constitucional, se suponía que los llamados temas “valóricos” -o cualquier tipo de retrocesos en materia de derechos de las mujeres- iban a quedar fuera del gobierno de emergencia del Presidente José Antonio Kast, que definió sus prioridades en otras materias, como Seguridad y Economía. Al menos, eso dijeron una y otra vez en la campaña, conscientes de que fue el voto de las mujeres el que les costó la elección presidencial anterior, así como el fracaso constitucional. Las mujeres en Chile no estuvieron dispuestas a que se les restringieran derechos a ellas, menos a sus hijas y nietas.

Pero un nuevo proyecto de ley está entrando de lleno en esa “batalla cultural”. Bajo la consigna de ser una modificación menor, el proyecto de ley “Escucha su corazón” -presentado por cinco congresistas del Partido Nacional Libertario, del Partido Republicano, además de una diputada de RN- establece “el deber del médico de informar a la mujer sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal y de ofrecerle la oportunidad de escucharla en forma previa a la interrupción del embarazo”.

En el proyecto de ley se dice que esto forma parte del consentimiento informado previo y -dicen- no altera en nada el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Sin embargo, el último párrafo revela que esta ley puede ser, en realidad, un tipo de revocación -o, al menos, de una relativización- del derecho aprobado hace nueve años. “La madre del nonato podrá declinar libremente este ofrecimiento, con todo, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica”.

Es decir, una mujer violada, con embarazo inviable o con riesgo vital, si no acepta escuchar los latidos del corazón no podrá acceder al derecho a interrumpir el embarazo. Ni siquiera dice que el médico “podrá” negarse (lo que agregaría otro nivel a la objeción médica de conciencia ya existente), sino que dice que “deberá negarse”.

¿Qué derecho tiene el Estado a someterlas a semejante dolor? Así lo han expresado mujeres que han vivido alguna de las causales, como la abogada Elisa Walker: “Quienes vivimos la causal de inviabilidad hemos escuchado varias veces el corazón del feto, porque los diagnósticos en general se presentan alrededor de la semana duodécima. ¿Qué información objetiva le va a entregar a esa mujer forzarla a escuchar, una vez más, el latido de ese hijo o hija esperado, pero que, tristemente, va a morir?”, aseguró en una carta a El Mercurio. Y aun cuando hay parlamentarios que sostienen que esto no aplica para el caso de mujeres en riesgo vital, abogadas como Walker aseguran que las incluye, dada la redacción del proyecto. ¿Por qué tendrían que obligar a alguien a soportar eso para interrumpir el embarazo y no morir? Y sobre la causal de la violación: una mujer que ya ha sufrido lo indecible, y que ha decidido interrumpir ese embarazo, ¿por qué debiera padecer esta situación, que le agrega aún más daño y angustia a lo que ya vive?

Al decir que el médico “deberá” negarse a practicar el aborto si la mujer no accede a escuchar los latidos del corazón, de aprobarse, este proyecto de ley pondría en riesgo la aplicación de una ley apoyada muy mayoritariamente en Chile. Alteraría la libertad de las mujeres a discernir y decidir por sí mismas en situaciones límite como las descritas. Sería un grave retroceso.