El gobierno que inicia su mandato enfrenta un escenario complejo y exigente. Durante los últimos años se han acumulado tensiones económicas, sociales e institucionales que hoy se expresan en tres prioridades ineludibles como son recuperar la seguridad, ordenar las finanzas públicas y retomar el crecimiento con más empleo. Estos tres ejes configuran la agenda de emergencia que el nuevo Ejecutivo ha planteado como punto de partida para estabilizar al país. No son objetivos menores. En buena medida, la percepción ciudadana sobre el éxito o fracaso del gobierno dependerá de su capacidad para avanzar con rapidez en estas materias.

La seguridad se ha transformado en una de las principales preocupaciones de la población. Más allá de las estadísticas, lo que pesa en la vida cotidiana es la sensación de temor y desorden que se ha instalado en muchos barrios y espacios públicos. Recuperar la seguridad no solo implica fortalecer la acción policial o mejorar el funcionamiento del sistema judicial, también supone reconstruir la confianza en la capacidad del Estado para ejercer su función más básica que es resguardar el orden público y garantizar condiciones mínimas de convivencia.

El segundo desafío es fiscal. Las restricciones presupuestarias obligan a una gestión responsable y rigurosa del gasto público. El aumento de la deuda y el estrechamiento de los márgenes fiscales reducen el espacio para promesas sin respaldo financiero. La disciplina fiscal no es una consigna técnica ni un debate exclusivamente económico, es la condición necesaria para sostener políticas públicas responsables.

A ello se suma el desafío del crecimiento económico y la generación de empleo. Sin dinamismo productivo, cualquier agenda social termina chocando con los límites de los recursos disponibles. El país necesita recuperar inversión, productividad y confianza en su economía. Esto exige estabilidad institucional, reglas claras y una estrategia de desarrollo capaz de aprovechar las oportunidades que ofrece el contexto internacional, desde la transición energética hasta la creciente demanda por minerales críticos.

En este escenario, otro desafío igualmente relevante será la gestión de las expectativas ciudadanas. La experiencia reciente muestra que cuando las promesas políticas se distancian de la realidad económica y fiscal, el resultado suele ser frustración social y deterioro de la confianza pública. El nuevo gobierno deberá ser capaz de comunicar con realismo las limitaciones del momento, en un contexto internacional incierto y con restricciones presupuestarias evidentes. Administrar bien las expectativas no significa renunciar a las aspiraciones de progreso, sino construir un camino creíble para alcanzarlas.

Sin embargo, resolver la emergencia es solo el primer paso. El verdadero desafío político del gobierno estará en ir más allá de la administración de las urgencias. Si logra estabilizar el escenario en seguridad, orden fiscal y crecimiento, deberá entonces plantearse una tarea más ambiciosa como es definir una orientación clara del país que queremos para la próxima década.

Ese será probablemente el criterio con el que se evaluará históricamente esta administración. Los gobiernos que se limitan a gestionar crisis suelen quedar atrapados en la contingencia. En cambio, aquellos que logran proyectar un rumbo, establecer prioridades estratégicas y construir acuerdos duraderos dejan una huella más profunda en el desarrollo del país.

Por Aldo Casinelli, Director Escuela de Gobierno, Universidad Autónoma de Chile