La jurisdicción se ha entendido en la doctrina como el poder-deber que tiene un tribunal para conocer y resolver mediante el proceso, con efecto de cosa juzgada, las controversias de intereses de relevancia jurídica sometidas a su conocimiento (Juan Colombo).

En este sentido, la administración de justicia constituye un elemento clave para el desarrollo de una sociedad fundada en el respeto del Estado de Derecho, en que las controversias se pueden resolver de modo pacífico, mediante la aplicación del derecho, permitiendo que se logre el valor de la justicia y la paz social.

Para ello resulta indispensable contar con tribunales independientes e imparciales.

La independencia implica una faz externa y otra interna. La externa implica que el tribunal no está sometido a otros poderes al interior del Estado, mientas que la interna conlleva que éste no está subordinado al parecer de sus superiores jerárquicos, pudiendo decidir con absoluta libertad, sin presiones y con arreglo a derecho las causas sometidas a su conocimiento.

La imparcialidad, por su parte, consiste en la cualidad que tiene un tribunal para resolver el caso sin tener intereses comprometidos con una de las partes y estar libre de todo prejuicio. También implica contar con condiciones objetivas de imparcialidad.

Fuera de lo anterior, la administración de justicia debe ser pronta y no retardarse indebidamente.

Estos factores son esenciales para la credibilidad del sistema judicial por parte de la población.

Son estos los elementos que han hecho crisis con ocasión de las conductas que se han conocido a partir del caso Audios.

Se han conocido hechos que dan cuenta de ciertas influencias indebidas ejercitadas por algunos frente a decisiones del Poder Judicial e incluso se ha conocido últimamente una denuncia de eventuales sobornos para decidir un caso. Ello se traduce en una erosión enorme de la confianza de la población en la justicia.

Desde el regreso de la democracia se han efectuado avances para modernizar el sistema judicial que incluyen la creación de la Academia Judicial y mayores grados de transparencia en el conocimiento y resolución de las causas y en el proceso de nombramientos al interior del Poder Judicial. Sin embargo, persisten desafíos como son avanzar en la separación de las funciones jurisdiccionales de las demás que recaen hoy en la Corte Suprema.

Aquí cabe avanzar en un nuevo sistema de nombramientos del Poder Judicial, que asegure completa transparencia y rendición de cuentas y, al mismo tiempo, evite la politización, y permita premiar el mérito sobre cualquier otra consideración, evitando toda influencia indebida en dicho proceso.

Por último, ningún diseño institucional podrá evitar prácticas viciosas, sino se cultiva una ética personal en todos los profesionales que intervienen en la administración de justicia, por lo que hacemos un llamado a no desatender este elemento fundamental.

Por Soledad Alvear, abogada