Algunos dicen que el derecho internacional es una conversación elegante pero irrelevante. Pero basta mirar un día cualquiera para comprobar lo contrario; detrás de actos simples como usar el teléfono, tomar una copa de vino o comprar un medicamento hay reglas internacionales que lo permiten. Esas reglas, que se cumplen casi todas las veces por casi todos los Estados, hacen posible la vida que damos por sentada.

Partamos por lo cotidiano. Conocemos al instante el clima de otro país porque la Organización Mundial Meteorológica reúne y difunde esa información; compramos frutas importadas gracias a acuerdos negociados en el marco de la Organización Mundial del Comercio; asistimos a buenos conciertos porque los artistas pueden trabajar fuera sin pagar dos veces impuestos, y leemos a autores extranjeros porque la Convención de Berna protege sus obras.

Si un compatriota es detenido en el extranjero, la Convención de Viena le garantiza contactar a su consulado y recibir asistencia. No es cortesía diplomática, es un derecho exigible. Mañana podemos volar a otro país porque la Convención de Chicago permite cruzar el espacio aéreo de cientos de Estados. En el mar ocurre igual: miles de barcos transportan mercancías sin temor a ser capturados gracias a la Convención sobre el Derecho del Mar. Sin libertad de navegación, cada travesía sería una ruleta armada. Desde 1945, la mayoría de las disputas territoriales se han resuelto por acuerdos o sentencias judiciales, y no con amenazas y cañonazos. Que la guerra sea hoy una excepción que espanta, y que la mayor parte de la comunidad internacional condena, es, en sí misma, una buena noticia.

Es cierto que el derecho internacional llega tarde a veces y fracasa otras, pero sigue siendo más exitoso que cualquier otra rama del derecho. Los países cumplen más que las personas. Nadie duda del derecho penal porque se cometan miles de crímenes diarios, ni del derecho civil porque los contratos incumplidos o empresas coludidas.

El problema actual no está en el derecho internacional. Las normas son buenas, necesarias y existen porque los Estados las consintieron expresamente o a través de su práctica. Lo que está en situación crítica, en realidad, es el condominio institucional que construimos en 1945 para resguardar estas normas. Para ser justos, los arquitectos de la posguerra construyeron edificios y casas notables para su tiempo; muros que contuvieron una nueva guerra, pasillos donde se organizó el mundo bipolar y habitaciones que permitieron a nuevos países integrarse. No fallaron los planos, pero el paso del tiempo los dejó obsoletos. Hoy vivimos en un condominio que quedó estrecho, con cañerías que gotean y puertas que no encajan, pero cuyos cimientos -el derecho- siguen siendo imprescindibles.

La tarea, entonces, no es demoler el condominio, sino remodelarlo. Cambiar la infraestructura sin dinamitar las reglas que la sostienen. Solo defendiendo el derecho internacional podremos imaginar una arquitectura nueva, capaz de albergar a un planeta más poblado, más diverso y más conflictivo que el de sus diseñadores originales.

Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado de Horizontal