El gobierno presentó esta semana su proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. Ley que fue anunciada el año pasado en la cuenta pública y que fue parte del programa de gobierno.

Han surgido distintas voces críticas, no solo las oposiciones completas, sino algunas incluso desde dentro del propio oficialismo. Nada es sorpresa: ni que el gobierno del Presidente Boric haya presentado esta ley -es una promesa de campaña muy fundamental, y le quedan pocos meses de gobierno-, así como tampoco que haya desatado críticas y disensos, pues se trata de un tema muy complejo y sensible, que genera controversias en cada país en que se ha discutido. Es legítimo que haya oposición a un proyecto como este, pero lo que no parece ser legítimo es decretar que este tema no se debe ni siquiera debatir en Chile hoy.

“Nadie recurre al aborto por gusto, hay que escuchar a las mujeres, Siempre es una tragedia, dijo Simone Veil, la legendaria política francesa que en 1975 -y siendo parte de un gobierno de derecha- legalizó el aborto en su país. Con claros y contundentes argumentos, la ministra de Salud del gobierno de Valéry Giscard d’Estaing, un conservador, consiguió que una Asamblea Nacional casi exclusivamente masculina –había nueve mujeres frente a 481 hombres– despenalizara el aborto con apoyos de la derecha y la izquierda.

“No podemos seguir cerrando los ojos ante los 300.000 abortos que, cada año, mutilan a las mujeres de este país, que pisotean nuestras leyes y que humillan o traumatizan a aquellas que tienen que recurrir a ellos”, dijo Veil fundamentando su iniciativa. Recibió no solo críticas, sino ataques, amenazas e intimidaciones. Pero perseveró en su convicción, y la ley Veil cumplió 50 años en enero pasado. Más aún, bajo el actual gobierno centroderechista y liberal de Macron, el derecho al aborto se consagró en la Constitución de Francia el año pasado.

El aborto en Chile existe, y no se pueden cerrar los ojos. No hay datos oficiales, pero la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, calcula que se realizan ente 40.000 y 170.000 abortos clandestinos al año, de acuerdo a los estudios disponibles. Hoy esas mujeres que abortan clandestinamente ponen en riesgo, en primer lugar, sus vidas: 20 mil hospitalizaciones se producen al año por ese motivo (ministra de Salud). Y además arriesgan ir a la cárcel: el aborto tiene una penalidad que puede ir desde los 541 días hasta los cinco años de presidio efectivo, y existen mujeres cumpliendo pena en las cárceles. Además, en el caso del 43% de las personas que han sido investigadas por aborto ha existido alguna violación al debido proceso (Informe Nacional de Criminalización del Aborto, corporación Miles Chile).

¿Por qué esta realidad no puede ser vista, procesada y democráticamente debatida en Chile hoy, una república laica? Quienes por convicción jamás abortarían -o jamás lo aceptarían- están en su derecho. Pero quienes están de acuerdo con despenalizar o legalizar el aborto con plazos acotados (a lo cual adhieren no solo personas del progresismo, sino también algunos de la centroderecha, como Veil y Macron) también tienen derecho a expresarse e intentar legislar al respecto.

Y en cuanto a las críticas por el “timing”, nunca parece ser el momento adecuado para hacer estos debates. No lo fue ni con el divorcio (2004, gobierno de Lagos), ni con la píldora del día después (2009, Bachelet), ni con la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (2017, Bachelet), ni con el matrimonio igualitario (2021, Piñera). En todos estos casos hubo muy duras críticas. Pero se aprobaron y representan avances hoy ampliamente compartidos y valorados por la población. Avances que igualmente hay que proteger: recordemos que el aborto en tres causales intentó ser revertido muy recientemente, en el segundo proceso constitucional, en que constitucionalistas destacados advirtieron que el cambio propuesto del “qué por el quién” podría arriesgar ese derecho garantizado para las mujeres.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas presentada por el gobierno -que ha tomado como base la Ley de Alemania- debe ahora ser analizada en su mérito; la ministra Antonia Orellana ha manifestado disposición al diálogo para llegar a mayores consensos, lo cual es una buena y necesaria señal. Es cierto que este es un momento de riesgo de retrocesos de los derechos de las mujeres, en Chile y en el mundo, pero ello no puede implicar no avanzar, por mucho que los vientos que corren parezcan ir en sentido contrario. Quienes piensan -como antes pensó Simone Veil- que las mujeres que abortan no deben ir a la cárcel, tienen el derecho en una sociedad plural y democrática a expresarse y a promover sus ideas.

El miedo al retroceso no puede paralizar la búsqueda de mayores derechos para las mujeres; todo lo contrario.