La corresponsabilidad parental exige un avance urgente. No es solo una cuestión de justicia y equidad de género; es, además, una estrategia fundamental para abordar desafíos demográficos transversales como la baja en la tasa de natalidad y la necesidad de una política de cuidados integral.

Mientras se avanza en el cambio cultural hacia una distribución más igualitaria de las tareas domésticas y de cuidado, es vital impulsar medidas de política pública pro crecimiento, donde el énfasis del empleo femenino es una variable central.

Por ello, el proyecto de sala cuna emerge como una oportunidad crucial. Sus ejes centrales —eliminar las barreras de acceso al mercado laboral para las mujeres y potenciar el desarrollo inicial de la primera infancia— representan una señal concreta de la voluntad política y social de redistribuir el peso de la crianza, no solo entre los padres, sino con la sociedad en su conjunto. La propuesta que se encuentra hoy en el Congreso busca equiparar el derecho a sala cuna para hombres y mujeres, eliminando la exclusividad actual y la exigencia de un número mínimo de trabajadoras para acceder al beneficio. Asimismo, se mantiene la obligación del empleador de proveer sala cuna, pero se crea un fondo solidario financiado por una cotización del 0,2% de las remuneraciones imponibles de todos los trabajadores. Adicionalmente el proyecto propone que el Estado aporte los fondos necesarios para cubrir hasta 4,11 UTM por menor matriculado en establecimientos certificados, si así se requiere.

ComunidadMujer valora que el Ejecutivo haya enmarcado este proyecto dentro de una agenda más amplia, que incluye la ya aprobada Ley de Modernización de Educación Parvularia. Este pragmatismo, que demuestra una comprensión profunda de la problemática, ofrece mayores garantías para el resguardo de los estándares técnico-pedagógicos. Sin embargo, su discusión legislativa ha dado origen a preocupaciones legítimas que demandan un análisis técnico adicional que establezca la envergadura del desafío financiero tanto para las empresas como el Estado, y los requerimientos de implementación a los que deberán responder los establecimientos. En este contexto, se han propuesto fórmulas de gradualidad que, por ejemplo, implicarían la incorporación plena de los hombres recién hasta 3 años después de la promulgación de la ley.

Desde ComunidadMujer, consideramos sensato incorporar elementos de gradualidad para asegurar la viabilidad a largo plazo del proyecto. No obstante, nos parece importante que no se mantengan o introduzcan sesgos de género en su implementación, como sería el caso con la gradualidad mayor de ingreso del derecho para padres.

La preocupante caída de la tasa de natalidad y el persistente aumento del desempleo femenino son elementos que renuevan con urgencia ineludible este proyecto. No podemos seguir sobrecargando a las mujeres. Para criar a una niña/o, se necesita una tribu, y es hora de que nuestra sociedad asuma esa corresponsabilidad.

Por Mónica Martin, directora ejecutiva de ComunidadMujer