La reciente aprobación por el Congreso de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es, sin duda, una buena noticia para quienes desde hace años advertimos que la maraña de permisos en Chile ha terminado por asfixiar la inversión.

Esta nueva norma ofrece herramientas relevantes: impone plazos máximos, fomenta la digitalización a través de una ventanilla única, permite tramitar autorizaciones en paralelo y prioriza declaraciones juradas en permisos de bajo riesgo. También habilita una tramitación acelerada para proyectos estratégicos, conforme a criterios técnicos y de impacto económico. Son avances significativos que modernizan la interacción del Estado con los proyectos de inversión.

Pero no nos engañemos. Esta legislación, aunque valiosa, no aborda el corazón del problema. Deja fuera a los proyectos sujetos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), precisamente los de mayor envergadura. Y es ahí donde la tramitación se vuelve más incierta, extensa y onerosa. El promedio de evaluación de un estudio de impacto ambiental supera los 400 días, sin considerar los meses adicionales que insumen los rechazos o las solicitudes de información que se generan por la escasa coordinación entre organismos públicos. No existe ventanilla única que resuelva eso si no se reforma el propio SEIA, cuya rigidez y opacidad se han transformado en obstáculos estructurales.

El segundo gran desafío —frecuentemente ignorado— es la judicialización posterior. En el período 1997-2023, más de 180 proyectos ya aprobados fueron objeto de litigios. El monto comprometido en ellos supera los US$ 50 mil millones. Este fenómeno no solo retrasa la ejecución de iniciativas claves para el desarrollo nacional, sino que introduce una variable de incerteza difícil de anticipar, muchas veces instrumentalizada por actores que no buscan corregir errores del procedimiento, sino obstaculizar deliberadamente el avance de los proyectos.

Frente a este escenario, sorprende y preocupa la decisión de un grupo de parlamentarios oficialistas de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, impugnando una ley que su propio gobierno impulsó. Alegando defectos de forma, lo que realmente hacen es socavar un esfuerzo institucional que, aunque limitado, va en la dirección correcta. Es difícil encontrar una señal más contradictoria, particularmente en un momento en que el país necesita mostrar consistencia normativa y madurez política para recuperar su dinamismo económico.

Es fundamental que este debate no se agote en el logro legislativo. El país requiere una agenda robusta de modernización regulatoria. Reformar el SEIA, revisar críticamente permisos específicos —como los del Consejo de Monumentos Nacionales— y establecer límites claros a la judicialización temeraria son medidas impostergables. De lo contrario, persistirá la percepción —y la realidad— de que invertir en Chile es una apuesta incierta, no por sus condiciones económicas, sino por su institucionalidad errática.

No se trata de relajar exigencias ambientales ni de debilitar estándares. Se trata de tener un Estado capaz de decidir con rigor, dentro de plazos razonables, con reglas predecibles y resguardos jurídicos proporcionales. La permisología no es solo un problema técnico; es un desafío institucional que compromete nuestra capacidad de crecer, innovar y ofrecer bienestar a las futuras generaciones.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC