Cada día nos enteramos de más detalles de esta posible trama de corrupción y tráfico de influencias que se investiga, denominada por los medios como la “muñeca bielorrusa”, sin duda un spin-off del Caso Audios de gran envergadura. Sin perjuicio de que hay que esperar la verdad judicial que sea determinada luego de la investigación del Ministerio Público y lo que den por acreditado los tribunales, hay varias lecciones que se pueden extraer de estos casos.

Lo primero es que el sistema de nombramientos judiciales está haciendo aguas y ya no resiste los estándares de publicidad, competencia, transparencia e integridad que la ciudadanía demanda en pleno siglo XXI. Las redes y contactos deben dar paso a sistemas de competencia basados en criterios y procedimientos objetivos, abiertos, transparentes y que permitan un escrutinio adecuado de la ciudadanía respecto a la intervención de las distintas instituciones que participan de éstos. Así mismo deben permitir filtrar a personas que cuentan con trayectorias y perfiles adecuados para el cargo, no solo en cuanto a sus conocimientos sino también sus conductas previas.

En segundo lugar, en buena hora se separó el sistema de nombramientos de notarios y conservadores del mundo judicial, quizás lo poco destacable de la tan demorada y resistida -con bastante éxito, para desgracia de la gran mayoría de la población- reforma a dichas instituciones. Claramente ha generado unos incentivos perversos que han derivado en situaciones de riesgos de captura y corrupción de integrantes del Poder Judicial.

En tercer lugar, el sistema de prevención y detección de irregularidades dentro del Poder Judicial y en los tribunales superiores parece no haber funcionado de manera adecuada. No es solo necesario contar con Códigos de Ética, sino también sistemas adecuados de prevención de conflictos de interés; canales de consultas y de denuncias confiables y seguros; capacitaciones y entrenamientos en dilemas éticos periódicos; gestión de riesgos permanente; controles internos y externos constantes; supervisión y monitoreo de todo lo anterior. Esto permite que existan sistemas y culturas de integridad que aumentan las capacidades y posibilidades de las instituciones de prevenir posibles irregularidades y, en los casos que no, detectarlas oportunamente para sancionarlas de modo adecuado.

Nuestro Poder Judicial es una piedra angular del Estado de Derecho y su captura por parte de intereses económicos, operadores del sistema o del crimen organizado es algo que atenta directamente contra nuestra democracia, por lo que hay que tomárselo en serio y adoptar todas las medidas que sean necesarias para cerrar los flancos abiertos y detectados. Esperemos que, mientras se discuten y tramitan las reformas necesarias, se adopten las políticas internas y se cambien las prácticas que generan estas oportunidades.

Por María Jaraquemada, abogada