Generalmente ocurre con la historia que es difícil concordar en lo que verdaderamente sucedió en el pasado. Así es con la Revolución de 1891, para qué decir con 1973 y ahora con el 18 de octubre de 2019. A riesgo de ser majadero, quisiera aportar con mi modesta visión; porque esta mirada, si algún mérito puede reivindicar es el de su consistencia.

Como todo liderazgo, el político puede movilizar a las personas apalancándose en sus virtudes o en sus vicios, puede llamar a la grandeza o a la pequeñez. En Chile, fundamentalmente mientras entrábamos al presente siglo, tomó el liderazgo de la izquierda un sector que renegaba de la transición, del modelo de país fundado en la economía de mercado y la democracia liberal. Su discurso invariable era que una injusta distribución del poder había dado forma a una sociedad de abusos estructuralmente instalados.

Éramos, nos aseguraban, el país más desigual del mundo. Los problemas de la mayoría serían consecuencia directa de condiciones inicuas que permitían a unos pocos vivir bien a costa de los padecimientos de la mayoría. Esto trajo dos consecuencias fatales: una serie progresiva de reformas que estancaron nuestra economía y una creciente frustración que incubó un malestar tan extendido como irresponsablemente avivado.

Un aumento marginal y ordinario de la tarifa del Transantiago fue la chispa que permitió a grupos organizados -7 estaciones de Metro incendiadas completamente a la misma hora, con los mismos acelerantes, y otras 18 parcialmente, no son una casualidad espontánea- activar una oleada de violencia que se presentó falsamente -y se sigue denominando así- como un “estallido social”. Esto sugería algo que la mayoría de la élite validó entonces como cierto: que el modelo neoliberal había incubado un malestar insostenible que llevó al reventón de nuestra sociedad.

A partir de ahí se fue adelante con un intento de golpe de Estado, buscando la caída del presidente Piñera, instalando una anomia generalizada que impedía el control del orden público y de esa manera hacía ingobernable el país. Se acusó constitucionalmente al presidente, haciendo un uso manifiestamente abusivo y torcido de la institución de la acusación constitucional; se intentó inhibir por todos los medios la acción de la fuerza pública; y se llegó, por último, a imponer un proceso constituyente totalmente fuera de la institucionalidad. Este proceso se pretendió mostrar como institucional, mediante el subterfugio de un conjunto de reformas ad hoc, así como de órganos y procedimientos creados bajo el chantaje de la violencia incontenible.

El desenlace es conocido. Unos pocos dirigentes políticos han hecho algún mea culpa, pero los impulsores del diagnóstico que instaló el resentimiento y la frustración, los que ensalzaron a la “primera línea” y la recibieron con aplausos, los que validaron la violencia como medio legítimo de hacer cambios, solo han reiterado sus posiciones. Por eso, es importante no olvidar ni callar lo que efectivamente pasó.