Durante febrero, Transparency International publicó su reporte anual de percepción de la corrupción a nivel mundial. El índice de percepción de la corrupción (IPC) se construye mediante la agregación y estandarización de datos aportados por diversas fuentes de información. Esta metodología permite entregar un número (IPC) que busca reflejar la realidad de los diversos países respecto de la corrupción en el ámbito público. Si bien, en una primera aproximación, el ranking sitúa a Chile en una posición favorable, resulta imprescindible examinar nuestra situación a la luz de los últimos escándalos de corrupción conocidos, especialmente aquellos que han involucrado al Poder Judicial, y con ello identificar espacios de mejora y corrección.

A nivel mundial, la gran novedad del reporte correspondiente al año 2025 fue el empeoramiento de las cifras de percepción de la corrupción, cuestión que no ocurría desde hace más de 10 años. A nivel regional, los resultados son especialmente negativos: el continente americano presenta el deterioro más significativo a nivel mundial (12 países empeoraron su IPC y solo 2 lo mejoraron). Las razones de este fenómeno son multifactoriales, sin embargo, es posible advertir cierta correlación entre el deterioro de las condiciones democráticas (reportado, por ejemplo, en el informe sobre democracias 2025 elaborado por V-Dem) y un aumento en la percepción de la corrupción pública. En este sentido, las democracias plenas o liberales siguen arrojando consistentemente las mejores cifras de percepción de la corrupción.

Chile logra resultados relativamente favorables a nivel mundial y especialmente regional, ubicándose en el segundo lugar de Latinoamérica y obteniendo un puntaje similar a Estados Unidos y Corea del Sur. Sin embargo, es imprescindible revisar en qué ámbitos existe espacio para seguir mejorando y robusteciendo nuestro sistema.

La legislación penal en materia de corrupción ha sido recientemente actualizada y entrega adecuadas herramientas de persecución para los casos más graves de corrupción pública. A ello se suma una clara orientación del Ministerio Público a investigar estos casos y, recientemente con más fuerza, a perseguir el dinero resultante de los actos de corrupción mediante imputaciones por el delito de lavado de activos. Al respecto destacan, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, tres condenas a funcionarios públicos por actos de corrupción en las que se sancionó también por el delito de lavado de activos (corresponden a los casos del exdirector de la PDI, el exalcalde de Algarrobo y el exalcalde de Rancagua). A lo anterior, se suman las nuevas herramientas procesales, como los acuerdos de cooperación eficaz, que tienen también un efecto potencialmente positivo en el tratamiento de estos casos.

Con todo, resulta indispensable que el país atienda una de las recomendaciones centrales formuladas por Transparency International, relativa al acceso, la independencia y la transparencia en la persecución judicial de los casos de corrupción. Este es, precisamente, el ámbito en el que Chile mantiene un margen significativo de mejora. La legitimidad del sistema anticorrupción descansa, en última instancia, en la imparcialidad y credibilidad del órgano encargado de juzgar. Cuando ese estándar se ve tensionado por déficits de transparencia o independencia se erosiona gravemente la confianza pública.

Los recientes casos de corrupción que han afectado al propio Poder Judicial constituyen, en ese sentido, un desafío especialmente importante, pues comprometen a los órganos llamados a sancionar estos ilícitos. De ahí la relevancia de las reformas actualmente en tramitación legislativa, orientadas a robustecer estándares de mérito, publicidad e imparcialidad en aquellos espacios que históricamente han sido más opacos, como los nombramientos de jueces y la figura de los abogados integrantes.

Por Nicolás Navarrete Fasching. Abogado penalista. Profesor de la cátedra de Delitos de Corrupción de la Facultad de Derecho de la P. Universidad Católica de Chile