Opinión

Sala cuna universal: menos empleos y menos libertad de elegir

Recientemente, 104 gremios de pequeñas y medianas empresas, liderados por la Multigremial de Emprendedores, publicaron una declaración conjunta para manifestar su rechazo al proyecto de ley de sala cuna universal que impulsa el gobierno.

El proyecto de ley, que tiene el loable y buscado objetivo de eliminar la discriminación que genera la ley laboral actual —que obliga a las empresas que tienen contratadas 20 o más trabajadoras a financiar el costo de la sala cuna de aquellas con hijos menores a dos años, lo que implica que la contratación de mujeres es mucho más cara que la contratación de hombres, generando una discriminación en su contra—, no es juzgado por su objetivo, sino por los efectos que genera, dada su formulación.

En efecto, tal como lo indica la declaración de las pymes, el fondo para sala cuna, que crea el proyecto de ley, se financia a través de una cotización (impuesto), de cargo del empleador, de 0,3% de la remuneración imponible de cada uno de los trabajadores, cuyo incremento en los costos de las empresas es menor, pero ello no incluye el costo total para las empresas.

El proyecto de ley, en su artículo uno indica que los empleadores deberán tener salas cunas, o bien deben garantizar el financiamiento de la sala cuna a la que el trabajador lleve a sus hijos menores de dos años, y en su artículo tres expresa que para contribuir al financiamiento del derecho a sala cuna, los empleadores podrán acceder a aportes que contempla la normativa (en este caso el fondo). Por lo tanto, los empleadores, incluyendo pymes y micro pymes, deberán financiar la diferencia entre el costo de la sala cuna elegida por el trabajador y el aporte del Estado.

Cabe destacar que, en principio, el Ejecutivo estimó un aporte de aproximadamente $285 mil del fondo (4,11 UTM), pero ante las críticas de que iba a significar un incremento muy significativo en los costos de las pymes, se eliminó el monto del aporte de la ley, indicándose –en el artículo seis– que este será determinado cada cinco años mediante decreto del Ministerio de Hacienda.

No obstante, en los Informes Financieros que acompañaron las últimas indicaciones (IF Nº330 e IF Nº287) se indica que con el aporte de 0,3% se podrá solventar un aporte máximo de sala cuna de 5,2 UTM mensuales, equivalentes a $360 mil mensuales, lo que sigue siendo insuficiente, y por lo tanto, las empresas deberán financiar de su bolsillo un incremento en los costos laborales que puede alcanzar entre $90 y $190 mil mensuales (entre 10% y 21% del salario promedio) por cada trabajador con un hijo menor a dos años, sin contar el financiamiento de los costos de transporte de ida y vuelta a la sala cuna. Este aumento en los costos de contratación tendrá como efecto menor generación de empleo, en una economía que ya se encuentra en emergencia laboral y que ha destruido más de 200 mil empleos formales desde marzo de 2022.

Como si ello fuera poco, el proyecto de ley indica en su artículo uno que, para recibir el aporte del Estado, las salas cunas a las que los trabajadores lleven a sus hijos deberán contar con reconocimiento oficial del Estado, otorgado por el Ministerio de Educación; y de acuerdo al artículo 46 de la ley de Educación, para contar con reconocimiento oficial, estas no pueden tener fines de lucro. Por tanto, el fondo de sala cuna no realizará aportes a salas cunas privadas, lo que implica que, aparte de elevar los costos de contratación, el proyecto de ley le quita el derecho a los trabajadores de elegir una sala cuna privada para sus hijos.

De este modo, el proyecto de ley, que fue presentado originalmente por el Presidente Piñera con un loable objetivo, ha sido modificado en forma sustantiva en el proceso, y no solo genera una nueva alza en los costos de contratación, profundizando la emergencia laboral que sufre nuestro país y poniendo en riesgo la sobrevivencia financiera de pymes y micro pymes, sino que además nos quita el derecho a elegir a qué sala cuna llevar a nuestros hijos.

*La autora de la columna es académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián

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