En el contexto del debate de sala cuna, algunos gremios han manifestado su oposición al proyecto de ley con el propósito de que sea rechazado en el Congreso.

La ley vigente impone a las empresas con veinte o más mujeres contratadas tener o pagar sala cuna. Así, ninguna microempresa está sujeta a esta obligación porque, por definición, tiene un máximo de nueve personas. Respecto a las grandes, el 88,2% tiene a 20 o más mujeres contratadas; las medianas, un 81,7%; y las pequeñas, un 50%. Así, actualmente, la mitad de las pequeñas no están obligadas a tener o pagar sala cuna al limitar la contratación a la mujer número 19.

Diferentes proyectos de ley han intentado solucionar esta barrera estructural al empleo femenino eliminando el número 20, para que toda empresa tenga esta obligación. En caso de haberse aprobado alguno, se hubiese afectado aún más la contratación de mujeres e impuesto un costo grande a las mipymes. Así, en los distintos debates nos opusimos a esta posibilidad.

El actual proyecto de ley —para desvincular el costo de sala cuna de la contratación de mujeres y extender el derecho a todas las madres y padres trabajadores de niños y niñas menores de dos años— crea un fondo de sala cuna integrado por una cotización de 0,2% a cargo del empleador y aportes del Estado.

El principal problema del proyecto era que el fondo solo transfería a la sala cuna 4,11 UTM —aproximadamente 285 mil pesos—, lo que no alcanzaba. Las empresas hubiesen tenido que pagar la diferencia, lo que a su vez hubiese afectado la contratación de madres y padres de niños menores de dos años.

Para solucionarlo, logramos con el Ejecutivo una fórmula en que la ley misma no señala el valor a pagar por el fondo a la sala cuna, sino que periódicamente una comisión técnica precisa el monto efectivo a cubrir con diferencias geográficas, con el propósito de que alcance para el valor real de las salas cunas.

Por la cotización, las microempresas harán un aporte al fondo de $1.800 por persona contratada y las pequeñas de $2.200. Para ejemplificar, por solo 16 mil pesos al mes, una microempresa con nueve personas estaría entregando el beneficio de sala cuna, aun cuando todas tuvieran hijos o hijas menores de dos años. En el caso de las empresas medianas y grandes, se compensa completamente la cotización por lo que pagan actualmente por sala cuna. Todo, según evidenciamos en “Zoom de género especial sala cuna” de OCEC UDP, ChileMujeres y la CCS.

No obstante estas sustanciales mejoras del proyecto de ley, para dar más tranquilidad a las mipymes de que no estarán obligadas a tener que pagar una diferencia por sobre el monto que establezca la comisión técnica, estamos trabajando en varias propuestas.

La primera, que el fondo de sala cuna no tenga por objeto contribuir al financiamiento de sala cuna, sino que su objetivo “sea el financiamiento” de la sala cuna.

La segunda, reforzar que el valor definido por la comisión técnica sea efectivo y suficiente.

La tercera, en caso de haber diferencia entre el valor de la sala cuna elegida y el monto establecido por la comisión técnica, quede explícito que no es una obligación cubrirla, pero sí materia posible de acuerdo.

Finalmente, cuando les es imposible cumplir con el deber de proveer sala cuna por no contar con ellas en lugares geográficos aislados o por tratarse de trabajos en horarios nocturnos, quede explícito que no es obligación proveer de otra manera. Así se limita la responsabilidad, y a la vez, se deja la puerta abierta a acuerdos de bonos compensatorios, tal como sucede hoy.

Soy una convencida de que la forma de hacer buenas políticas públicas no es pedir el rechazo a un proyecto que, de aprobarse, podría generar entre 15 mil y 150 mil empleos para mujeres y aportar al crecimiento económico del país con un impacto en el PIB entre el 0,1% al 0,8%. La manera es trabajar por mejoras acogiendo las legítimas inquietudes.

*La autora de la columna es presidenta ejecutiva de Fundación ChileMujeres