Se cierra el año y, con él, el gobierno del Presidente Boric. En lo político, el fracaso de la generación frenteamplista es inapelable y quedó en evidencia con la histórica derrota de la izquierda en la última elección. En lo institucional, con la excepción de la reforma previsional y una ley de permisos para acelerar la inversión, las cuentas tampoco son alegres: el país que deja esta administración sigue necesitado de reformas que fortalezcan su sistema político, impulsen el crecimiento y devuelvan el Estado a las personas. El balance, a todas luces, no es positivo.

Con el ascenso al poder del Presidente Boric se nos prometió que Chile sería la “tumba del neoliberalismo” y que estaríamos guiados por una generación con una “nueva escala de valores y principios”. El punto de partida de esta transformación liberadora sería un nuevo texto constitucional, ampliamente rechazado el 4 de septiembre de 2022. Así, el proyecto político de un gobierno que se definía como promapuche, feminista y ecologista terminó sepultado por las preocupaciones más mundanas de los chilenos (seguridad y empleo).

Al poco andar estalló el caso Convenios, que no solo demolió la promesa de terminar con el amiguismo y el “servir y no servirse”, sino que golpeó de lleno la colaboración público-privada y el necesario rol de la sociedad civil. Los retrocesos en la correcta canalización de recursos públicos hacia ejecutores privados (ONG) son profundos y aún no dimensionamos su real magnitud.

Si a esto se suman las fallidas compras de las casas de los expresidentes Aylwin y Allende; los errores de cálculo en tarifas eléctricas e ingresos fiscales; los indultos del estallido social; o el incumplimiento de fallos judiciales en la megatoma de San Antonio, el resultado es un gobierno que acumuló acciones que debilitaron la eficacia, legitimidad y certeza jurídica que el Estado debe garantizar. Y sin instituciones sólidas, no hay desarrollo posible.

En lo económico, el gobierno cerrará con un crecimiento promedio cercano al 1,8%, entre los peores de la región. Si bien se estabilizó el impulso fiscal de la pandemia y se aprobó una necesaria ley de permisos, el fallido intento de reforma tributaria nunca apostó por un sistema simple y proinversión. La agenda laboral, en tanto, solo elevó costos –salario mínimo y 40 horas–, ignorando la baja productividad y rigidez del mercado laboral.

Quizás el principal legado será la aprobación de una postergada reforma de pensiones, donde el gobierno se abrió a negociar. Lo llamativo es que la reforma profundizó principios históricamente defendidos por la derecha, como el ahorro individual y la gestión privada de fondos. En educación, la deuda es grande: en vez de enfocarse en etapas iniciales, el gobierno apostó por condonar el CAE y por un esquema de educación superior de control estatal (FES), en otro intento (probablemente fallido) de reducir lo público a lo estatal.

Siguiendo la tradición republicana, al gobierno le corresponde ahora asegurar un buen traspaso. Sin embargo, la eliminación de la glosa republicana y la bochornosa “ley de amarre”, que podría inmovilizar a la mitad de los funcionarios del gobierno central, sugiere que ni siquiera eso logrará cumplir.

El desafío de la nueva administración será hacerse cargo de las urgencias en seguridad, empleo y áreas sociales. Para ello, deberá apostar necesariamente por reformas estructurales en materias como empleo público, sistema político, medio ambiente, impuestos o mercado laboral. En pocos meses sabremos qué batallas elegirá dar.

Por Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal