El Proyecto de Reconstrucción Nacional no solo es imprescindible para volver a crecer y crear empleos, sino que también es viable fiscalmente.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) planteó observaciones que son pertinentes y que deben ser oídas: su costo fiscal, especialmente, en el contexto de estrés prolongado de las cuentas públicas. Este riesgo se acentuará cuando se conozca el primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la actual administración que, seguramente, sincerará menores ingresos, lo que profundizará el déficit.

Tal como lo señaló el gobierno desde un inicio, sin incorporar ningún efecto del crecimiento como consecuencia de la reforma, el proyecto sería deficitario en un máximo de 0,7% del PIB a 2030 y en 0,4% en régimen. Sin embargo, cuando se incorpora la mayor recaudación por crecimiento económico, el déficit cae a la mitad para los primeros años y logra un superávit por cerca de 0,3% del PIB al décimo año y mayor con el tiempo.

Sin embargo, el CFA considera que estos ingresos son inciertos, por lo que serían necesarias otras medidas de compensación. Pongámonos en el peor contexto y supongamos que el crecimiento adicional de la economía será cero. Incluso en ese escenario irreal, el primer ajuste fiscal que ya inició el gobierno por US$4.000 millones -y que ya va en US$2.000 millones– , en la medida que se refrende en las próximas leyes de Presupuestos, más que compensa los costos del proyecto,

Pero si aun así el gobierno quisiera hacer modificaciones en el Senado, existen alternativas razonables. Por ejemplo, focalizar el subsidio al empleo para los nuevos trabajadores con contrato formal, permitiría maximizar la creación de empleo y generaría ahorros superiores a los US$1.000 millones, logrando la neutralidad fiscal del proyecto. Otra forma es buscar más ingresos, con una regulación moderna y proconsumidor de las apuestas en línea y así recaudar unos US$300 millones en régimen.

Al CFA hay que escucharlo siempre, eso es cuidar nuestra institucionalidad. Por eso resulta llamativo constatar cómo algunos hoy repiten con entusiasmo sus recomendaciones, pese a que anteriormente las desoyeron de manera sistemática, lo que nos llevó a un déficit fiscal que, sin mediar crisis alguna, se triplicó en 2025, llegando al 3,6% del PIB. No podemos pedirle a un solo proyecto que se haga cargo de ese deterioro.

El proyecto, además, es plenamente consistente con el objetivo del CFA de avanzar hacia un balance estructural equilibrado, porque es reactivador e impulsa un mayor crecimiento de tendencia, al mejorar nuestra competitividad tributaria, rebajar la tasa de impuesto corporativo, reintegrar gradualmente el sistema, generar un esquema de invariabilidad tributaria y reducir la maraña regulatoria del Estado.

Para los críticos al proyecto y los oportunistas de la responsabilidad fiscal, ¿cuál es la alternativa para reactivar nuestra economía? El resultado del statu quo es conocido: perseverar en la mediocridad del 2% de crecimiento, 39 meses consecutivos con desempleo sobre el 8% -con un brutal 23% en los jóvenes- y seguir gastando 24% del PIB en condiciones que recaudamos solo 22%. Una segunda alternativa es repetir la fracasada receta de subir -o intentar subir- los impuestos en forma desmedida e incrementar artificialmente los costos laborales.

La alternativa responsable es hacer las cosas diferente. Para avanzar en sostenibilidad fiscal tenemos que volver a crecer y generar ganancias permanentes de eficiencia y ajustes del gasto público, tal como lo dice el CFA. De esto, precisamente, trata el proyecto de Reconstrucción Nacional, y por eso debe aprobarse.

Por Alejandro Weber, Decano Facultad de Economía, Negocios y Gobierno, Universidad San Sebastián, Ex subsecretario de Hacienda