Hace unos días la comisión experta entregó su propuesta de medición de la pobreza, sugiriendo un cambio metodológico que resulta en una línea de pobreza más alta, y consecuentemente en una mayor tasa de pobreza, la que pasaría desde 6,5% a 22,3%, en la medición Casen 2022.

Si bien no es una buena noticia la nueva tasa, es claro que ello es el resultado de una vara más exigente, y no del empeoramiento en las condiciones de vida. Por otro lado, es bueno que como país revisemos periódicamente el estándar que utilizamos para medir pobreza, recurriendo a expertos y que nos atrevamos a ser más exigentes.

Por más que cualquier nivel de tasa de pobreza -por baja que sea- es inaceptable, cuando las estimaciones preliminares muestran que, al menos, 1 de cada 5 chilenos vive en situación de pobreza, afrontarla se hace aún más urgente y prioritario, por lo que uno esperaría que los programas de gobierno tengan un capítulo especial dedicado a su estrategia de superación de la pobreza.

Hay dos elementos que no deberían faltar. El primero es que cuando un quinto de la población vive en pobreza y las finanzas públicas están apretadas, no podemos entregar beneficios de manera universal o ineficiente. Es imprescindible retomar el criterio de focalización de la política social, priorizando a los grupos de menores ingresos, y especialmente a la primera infancia. Al mismo tiempo, se requiere contar con un instrumento de focalización adecuado. Sin embargo, el Registro Social de Hogares (RSH) no logró su promesa de corregir las distorsiones que sus antecesores tenían. En efecto, mientras en torno al 95% de la población está inscrita en el RSH, casi un 60% califica dentro del 40% más vulnerable. Claramente, hay algo que no cuadra. En parte ello se debe al diseño de la política social que, al entregar beneficios en tramos discretos de vulnerabilidad, genera incentivos a subreportar ingresos o a alterar la composición del grupo familiar, para “aparecer” con menores ingresos. Un nuevo diseño con entrega y retiro más gradual de beneficios, contribuiría a atacar este problema. A lo anterior se suma la revisión y cierre de programa sociales mal evaluados.

En segundo lugar, no es lo mismo que las personas “salgan” de la pobreza a que el Estado “las saque”, pues en el primer caso quienes viven en situación de pobreza son protagonistas de su cambio, generando un efecto positivo en términos de dignidad, pero usualmente también de sostenibilidad. La clave, entonces, es producir las condiciones para que puedan generar ingresos de manera autónoma, lo que sólo se consigue a través de la creación de empleos, siendo esta, por lejos, la mejor política social. De hecho, un estudio del PNUD y del MDS muestra que un 92% de la caída de la pobreza entre 1990 y 2017 se explica por el crecimiento económico. Finalmente, no podemos olvidar que el crecimiento no sólo produce mayor actividad económica, sino que también permite generar recursos para financiar programas sociales, cumpliendo un doble rol en este desafío.

Por Soledad Arellano, vicerrectora Académica y de Investigación UAI