Tras un extenso y acalorado debate, de reproches cruzados entre parlamentarios de oposición y oficialismo, la Cámara de Diputados aprobó con 142 votos a favor y 4 abstenciones, el proyecto de reforma que modifica la Constitución con el objetivo de endurecer los requisitos para que la población migrante pueda votar en las elecciones.

Al ser una modificación a la Carta Magna, su aprobación dependía de un apoyo de 87 de los 152 diputados habilitados. Lo que se ratificó tras las gestiones de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, quien selló un acuerdo con las bancadas de oposición luego de recibir duras críticas por su liderazgo en las tratativas en el proyecto que fija una multa por no votar.

Para esta aprobación también fueron clave las gestiones del presidente de la Cámara, diputado José Miguel Castro (RN) y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), que alineó a la bancada socialista para aprobar el proyecto, pese a que primaba un ánimo de cerrarle la puerta a la iniciativa.

Los detalles de la norma

En la Constitución de 1980, el derecho de sufragio para extranjeros está regulado en el artículo 14. Esta norma establece que los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos del artículo 13 (ser mayores de 18 años, no haber sido condenados a pena aflictiva, estar inscritos en el Registro Electoral), pueden ejercer el voto en todas las elecciones populares.

El proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo introduce cambios sustanciales que endurecen las condiciones para que los extranjeros puedan votar en Chile.

De este modo, se aumenta el plazo de avecindamiento. Es decir, que se aprobó reemplazar la regla actual de cinco años por un mínimo de diez años ininterrumpidos de residencia en el país.

En este sentido, el cómputo de este plazo comenzará desde la obtención de la residencia definitiva y ya no desde la residencia temporal.

También, se definen limitaciones por salidas del país. Esto implica que durante el período de diez años de avecindamiento, los extranjeros no podrán registrar salidas superiores a 90 días en un período de doce meses.

En caso de exceder ese plazo, el año respectivo no se contabilizará para completar el requisito, aunque no se pierde el tiempo total acumulado.

Sobre la armonización con el voto obligatorio, apunta a modificar el artículo 15 de la Constitución para eliminar la palabra “electores” y la frase “para los electores”, lo cual busca resolver la incongruencia generada por la reforma de 2022 que reinstauró el voto obligatorio, ya que en la práctica extendía esa obligatoriedad también a los extranjeros.

Cabe señalar que el padrón electoral migrante no está considerado en la multa por no votar, ya que la sanción de 0,5 UTM a 1,5 UTM considera solo a los ciudadanos.

La reforma establece que estas modificaciones comenzarán a regir en 2026, con un artículo transitorio que otorga un margen para ajustar la normativa y definir el régimen sancionatorio del voto obligatorio.

Debate

En torno al debate, el diputado Andrés Longton (RN), sostuvo que “el migrante hoy día tiene menos requisitos para votar de los que deberían tener. Y hoy día estamos corrigiendo esta situación bajo extorsión, porque obviamente (la izquierda) no iba a votar a favor de la multa si es que no votábamos a favor de esto. Es decir, estaban dispuestos a incumplir un mandato constitucional con tal de aferrarse al poder”

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS) remarcó que “este proyecto de reforma constitucional va por el camino correcto porque obviamente no podemos dar las facilidades que tiene la actual Carta Fundamental desde hace muchos años atrás, desde que se dictó para que puedan adquirir el derecho a voto los migrantes. ¿Por qué no fue un problema antes? Porque la cantidad de inmigrantes que llegó al país durante los últimos años evidentemente yo creo que no se lo imaginó el legislador o el constituyente en su oportunidad”.

Por otra parte, el diputado Luis Sanchez (Partido Republicano) reprochó que “quiero dejar en claro y en evidencia que los colegas de izquierda que han señalado que van a votar a favor el proyecto anterior (voto obligatorio), solo lo van a votar a favor porque esto se va a terminar aprobando. Es una cuestión absolutamente instrumental, donde estarían dispuestos, incluso, a violar la Constitución, algo que ellos mismos votaron a favor si no les conviniera”.