Una treintena de nuevas fiscalizaciones masivas, mediante el cruce de información de las bases de datos de los organismos públicos, como el que se realizó para detectar la existencia de más de 25 mil funcionarios que viajaron al extranjero haciendo uso de licencias médicas, ya tiene en marcha la contralora general de la República, Dorothy Pérez.

El enorme impacto que tuvo la reciente divulgación del Informe Consolidado de Información Circularizada N°9 (más conocido por la sigla CIC) sobre los abusos que se cometieron entre 2023 y 2024 en el uso de licencias médicas, y que ya ha provocado la renuncia de más de mil funcionarios públicos y el inicio de miles de sumarios administrativos, terminó por validar una metodología que, pese a ser económica y rápida, no había sido empleada por los anteriores contralores.

Sólo una vez, al inicio de su gestión en el ente contralor, Ramiro Mendoza había ordenado realizar una. Fue una fiscalización a los pagos de beneficios económicos que por ley reciben los exonerados políticos, pero hecha de modo muy precario, prácticamente con lápiz y papel, debido a la falta por entonces de buenas bases de datos digitalizados.

Pero ni Mendoza ni su sucesor, Jorge Bermúdez, intentaron seguir adelante con ellas. Más que los problemas técnicos, lo que faltó fue decisión, señalan funcionarios de la Contraloría. No es fácil denunciar simultáneamente a miles de empleados públicos por faltar a la ley y salir totalmente indemne de eso.

En los últimos días, afirman en la Contraloría, Dorothy Pérez -que está por cumplir siete meses en el cargo- ha comenzado a sentir las primeras repercusiones del bombazo. No son críticas directas ni públicas a su gestión, señalan, sino acciones más sutiles, esfuerzos por detectar errores en la data que se utilizó y que buscarían horadar la confianza en estos informes.

Fuentes de Contraloría, sin embargo, aseguran que no habrá marcha atrás. Menos de 48 horas después de que se difundiera esta CIC -cuyos resultados provocaron el repudio generalizado de la ciudadanía contra los abusos que quedaron al descubierto-, Pérez ya estaba anunciando la ejecución de nuevos informes. Uno, para investigar a los médicos del sector público que pidieron o se autootorgaron licencias médicas para operar o atender partos en clínicas privadas; otro sobre Capredena y Dipreca, para investigar el mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros; otro para detectar a funcionarios públicos que trabajan en forma paralela en el sector privado, y otro que tiene en la mira el trabajo en las direcciones de Obras Municipales. Y así suma y sigue.

Una estrategia que había sido anticipada por la propia Pérez el 28 de octubre de 2024, cuando se presentó ante el Senado buscando ser ratificada como contralora, pese a que muchos de los parlamentarios, aseguran fuentes del ente contralor, no entendieron, al parecer, lo que significaba realmente este nuevo sistema de fiscalización.

El mecanismo es simple. Todos los equipos de fiscalización a nivel país tuvieron que proponer “materias de riesgo” que podían ser investigadas bajo la modalidad de las CIC. Lo único que se les pidió desde la jefatura central es que existieran bases de datos estructuradas y ordenadas que permitieran el cruce de información, porque de otro modo serían auditorías clásicas. “Así se empezó a seleccionar cuáles de esas propuestas eran las más interesantes en términos de magnitud, de volumen, de seguridad de la base de datos, y con todo eso se armó un catastro de los informes”, señalan fuentes de Contraloría.

“Dorothy Pérez no está buscando validarse en el cargo, sino que está empecinada en demostrar que las fiscalizaciones que realiza Contraloría son rentables para el Estado, que lo que se gasta en el funcionamiento de Contraloría se recupera con creces con el trabajo de fiscalización que desarrolla la entidad”, remarca un abogado cercano a la contralora. Más aún después del recorte presupuestario que aplicó Hacienda al aparato estatal, incluida la Contraloría, para paliar el déficit fiscal.

Sólo por el mal uso de licencias médicas y la falta de control, el Fisco estaría dejando de recibir cerca de 30 mil millones de pesos al mes, una suma enorme. “Un hospital pequeño vale 30 mil millones de pesos, que es 30 millones de dólares más o menos, aproximadamente. Eso quiere decir que en este tipo de irregularidades se estaba perdiendo casi un hospital al mes, si hacemos esa extrapolación”, dijo Pérez el martes al exponer en una sesión especial del Senado.

Un quinto del presupuesto del aparato público se gasta en personal. En el ámbito municipal, la cifra es aún más alta (llega al 48% del presupuesto comunal), por lo que el riesgo de que haya mal uso de los dineros en esa área es grande, ya sea por el mal cálculo de las remuneraciones, como por la no recuperación del subsidio por incapacidad laboral en los casos en que existiera alguna irregularidad o incumplimiento.

Sólo en los últimos 10 años la Contraloría ha realizado 105 auditorías, con el fin de recuperar dineros por mal uso de licencias médicas “sin que pasara nada”, afirman fuentes de la Contraloría. Ninguna tuvo el impacto que vemos ahora, porque no eran masivas, sino que seguían el modelo clásico de auditorías focalizadas en un organismo, la que demanda muchas horas de trabajo de fiscalización. Es decir, el ente contralor hacía zoom en una entidad pública y entre las muchas cosas que revisaba del año precedente aparecían dos o tres casos de funcionarios que realizaban viajes o incluso actividades remuneradas en otros lugares aprovechando que tenían licencias médicas. Los casos se denunciaban, se abrían sumarios, pero, como señalan en Contraloría, “poco o nada pasaba”.

El infierno

La idea de implementar nuevas formas de fiscalización más eficientes era algo que Pérez venía pensando hace tiempo. Es un área que conoce bien. Desde que ingresó a Contraloría en 2004, el mismo año que se tituló de abogada en la Universidad de Chile, desempeñó diversos cargos dentro de la división de auditoría, y a sus 49 años tiene dos magísteres, uno en Gestión y otro en Gerencia y Políticas Públicas.

“Pero fue en los cuatro años que pasó en el infierno cuando comenzó a bosquejar los cambios que podrían hacerse en la Contraloría”, dice un cercano colaborador de Pérez. El “infierno” del que habla no es otro que el periodo en que estuvo en guerra con su exjefe y examigo Jorge Bermúdez.

Pérez había sido una de las promotoras para que el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Valparaíso fuera nominado contralor. Una vez en el cargo, Bermúdez designó a Dorothy Pérez como su jefa de gabinete y principal consejera, y sólo unos meses después la elevó al cargo de subcontralora.

Pero la relación se quebró completamente en 2018. Tras meses de tensiones entre ambos, en agosto de ese año Bermúdez le pidió la renuncia por “pérdida de confianza”, luego de que ella fuera citada a declarar como testigo por la Fiscalía en la causa de fraude de Carabineros. Entre los argumentos esgrimidos por el excontralor en su momento estaba el hecho de que siendo subjefa de la división de auditorías le correspondía, aunque no directamente, la supervisión de los actos administrativos de Carabineros.

Si la medida tomada por Bermúdez ya era inusual y sorprendente, la reacción de Pérez lo fue aún más. En una acción que retrata a la perfección su carácter, en vez de aceptar la sanción, Pérez contrató al abogado Ciro Colombara y presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago por “despido arbitrario e ilegal”. En su defensa, alegó que ella se abstuvo de intervenir en las fiscalizaciones a Carabineros debido a que está casada desde 2001 con el ahora mayor en retiro de Carabineros Fabián López, con quien tiene dos hijos.

Aunque el tribunal de alzada le dio la razón a Pérez, Bermúdez insistió ante la Corte Suprema, alargando una batalla judicial que tensionaba internamente a la Contraloría. El máximo tribunal ratificó el fallo a favor de Pérez y a Bermúdez no le quedó otra alternativa que reintegrarla. Sin embargo, el calvario para Pérez estaba recién comenzando. Los cuatro años siguientes, la subcontralora quedó “recluida en el congelador”. Se le quitó el acceso a prácticamente todas las áreas de la Contraloría, salvo una, que por ley, sólo le compete a la subcontralora: los juicios de cuenta.

El 18 de diciembre de 2023, Pérez cobraría su revancha. Ese día terminaron los ocho años de mandato de Bermúdez y por ley la subrogancia recayó en ella. De inmediato comenzó a hacer cambios en la lógica de trabajo que había impuesto Bermúdez.

El excontralor tenía 133 funcionarios trabajando en su gabinete, algo que para Pérez era absurdo, más aún si se tiene en cuenta que la Contraloría contaba con una unidad llamada Secretaría General con otros 100 funcionarios dedicados a labores logísticas y, además, estaba la División de Administración Interna y Abastecimiento, con cerca de 250 funcionarios que cumplían funciones similares.

El mismo día que asumió la subrogancia, Pérez redujo a 20 personas el staff del gabinete. El resto fue redestinado principalmente a tareas de fiscalización en una nueva división que creó para combatir la corrupción en municipalidades y gobiernos regionales.

No sólo eso. Rápidamente dejó en evidencia que bajo su mando, aunque fuera como subrogante, la Contraloría pondría la mira en áreas poco convencionales. Así, en abril de 2024, en medio de la crisis de seguridad y el crecimiento del crimen organizado, hizo un llamado de alerta por la rápida expansión de las barberías que funcionaban 24/7 y con sistemas de delivery.

Y comenzó a delinear lo que sería el nuevo producto estrella de Contraloría: las CIC.

“Un modelo más viejo que el hilo negro para fiscalizar”, comentan en Contraloría, pero que antes que ella no se había utilizado masivamente.

Los cambios también fueron a nivel personal. Las habituales salidas del trabajo después de las 21.30 horas la obligaron a cambiarse de casa y volver a vivir en Santiago, más cerca de la oficina. Sus cercanos recuerdan que “para que el poder no la hiciera perderse”, ella puso en sus redes sociales una foto de cuando era niña, junto a sus hermanas, en la modesta vivienda que compartía con su familia. Años en los que ella ayudaba a sus padres a vender en una feria.

Las CIC

Las primeras pruebas partieron en enero de este año, cuando sacaron el primer Consolidado de Información Circularizada relacionado con los recursos del royalty minero que llegan a las municipalidades. Como el ente contralor no tiene facultades para exigir las cartolas bancarias de las instituciones públicas -una atribución que está solicitando la actual contralora para verificar que no haya fuga de dinero-, lo que hicieron fue fiscalizar que al menos los municipios estuvieran cumpliendo la ley que obliga a informar a la Subdere respecto de esos traspasos financieros.

Los siguientes informes fueron cada vez más complejos. Así hasta el número 4, al que llamaron CIC “papito corazón”, ya que buscaban graficar el incumplimiento de la Ley 21.389, que creó el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos. Esa vez, lo que hicieron fue solicitar a todos los municipios de Chile la base de datos sobre las licencias de conducir que habían otorgado desde 2022 hasta septiembre de 2024. En paralelo, sin advertirle al Registro Civil cuál era el objeto de la investigación, pidieron a su vez la base de datos del registro nacional de deudores. Sólo bastaba hacer el match entre ambas datas.

El 70% de los municipios había infringido la normativa y había dado 3.432 licencias de conducir a personas que estaban inhabilitadas. Un alcalde, concejales y familiares de funcionarios de la misma municipalidad estaban entre los infractores que habían logrado renovar o sacar su licencia de manejar. Todos ellos fueron denunciados y el informe provocó un pequeño escándalo público, el primero, aunque mucho menor del que ahora se ha visto a raíz de la investigación por los viajes de funcionarios públicos al extranjero mientras estaban con licencias médicas.

El golpe que tiene ahora en jaque a toda la administración pública demoró apenas cuatro meses de investigación y requirió el trabajo de sólo siete funcionarios.

“El efecto expansivo de esto es enorme. No sólo para las licencias médicas, sino para todo el resto de las cosas. Ahora la gente sabe que alguien nos está mirando en serio y que el despelote de la fiesta se terminó”, comentaba Dorothy Pérez al personal de Contraloría tras el impacto que tuvo el informe. El anuncio de que esta investigación se repetiría anualmente buscó precisamente un efecto desincentivador de este abuso masivo.

Pérez sabe que lo que viene ahora es la pelea por los sumarios. Ya ha reclamado que la mayoría de las veces estos no terminan en sanciones o si se aplican son castigos mucho menos severos que los que la propia Contraloría recomienda. Por lo mismo, ya se está preparando para esa batalla e incluso solicitó a los senadores que se pueda evaluar que en algunas situaciones la Contraloría pueda aplicar directamente sanciones en los sumarios que realiza.

En la fiscalización por mal uso de licencias médicas, Pérez incluyó también al personal de Contraloría. Cerca de 36 casos pasaron al departamento de contraloría interna y se abrieron sumarios, mucho antes de que el ente contralor enviara las nóminas de sospechosos al resto de las reparticiones públicas. Por lo mismo, serán los primeros en dar resultados, dentro de 60 días. Así, Dorothy Pérez intentará fijar también el estándar de las sanciones al resto de los organismos públicos.