En su segundo trámite, en el Senado, se encuentra ahora – luego de haber sido aprobado, este martes, de forma unánime, en la sala de la Cámara de Diputados- el proyecto de ley que busca que la deuda de los derechos de aseo domiciliario prescriba luego de tres años de exigida.

El proyecto modifica el decreto Ley 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, para establecer la prescripción de la acción ejecutiva de cobro de derechos de aseo.

En lo concreto, el texto señala que “la prescripción de la acción de cobro de derechos de aseo domiciliario será declarada de oficio y sin más trámite para el deudor, transcurrido el plazo de tres años contado desde que la obligación se hizo exigible”.

De esta manera, si la iniciativa se convierte en ley, un municipio que no realice ninguna acción para cobrar la deuda luego de tres años no podrá exigir ese monto.

¿Cambió el espíritu del proyecto?

Si bien el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara, dista bastante de cómo fue presentado por sus autores y el espíritu del mismo.

En un principio la iniciativa legal buscaba beneficiar al 40% más vulnerable de la población y a quienes tuvieran más de 60 años en el caso de las mujeres y más de 65 años en el caso de los hombres.

Cabe señalar, que actualmente, los municipios cobran una tarifa anual por el servicio de aseo, la que es fijada por cada municipalidad en particular. La misma norma dispone que las condiciones generales que fijan el monto a pagar, las cuotas, fechas de vencimiento, entre otros aspectos relacionados, son regulados mediante las ordenanzas locales correspondientes.

Asimismo, actualmente los municipios tienen la facultad de rebajar una proporción de la tarifa o eximir del pago de esta a los usuarios que tengan una situación económica que lo justifique, teniendo en cuenta los indicadores establecidos en las ordenanzas municipales que regulan la fijación de tarifas de aseo municipal. Además, quedan exentos de manera automática los usuarios cuya vivienda tenga un avalúo fiscal igual o menor a 225 UTM.

Sin embargo, para los autores del proyecto la situación actual genera una discriminación entre personas que habitan municipios distintos, pues queda a criterio de las autoridades municipales decidir quién cumple con los requisitos socioeconómicos suficientes para no pagar.

Por ejemplo, pueden existir dos personas habitantes de comunas diferentes, cuya situación económica sea idéntica, pero que solo una de ellas esté obligada a pagar derechos de aseo porque su municipio así lo exige, pese a que esté enfrentando dificultades económicas.

Por eso se buscaba homologar el beneficio a un grupo específico y establecer una distinción para este grupo más vulnerable.

Sin embargo, el autor del proyecto, el diputado Fernando Bórquez (UDI), manifestó su conformidad con el avance de este, a pesar de los cambios introducidos en el debate.

“El espíritu de esta iniciativa era establecer como regla general que las deudas prescribieran a los tres años sin la necesidad de que los vecinos tuvieran que realizar algún tipo trámite, y eso es lo que hemos logrado”, señaló a La Tercera el parlamentario.

¿Afectará o beneficiará a las arcas municipales?

Este proyecto, se da justo en momentos en que los candidatos presidenciales han tenido mostrar sus cartas sobre la eliminación del pago de contribuciones de primera vivienda.

En el debate se ha planteado el problema que podría representar para los municipios, especialmente para aquellos más pobres, el dejar de recibir estos recursos.

En el caso de este proyecto, según explicó Bórquez no tendría un impacto significativo para las arcas comunales.

“Durante la tramitación del proyecto se llegó a la convicción de que los cobros por derecho de aseo representan una parte muy ínfima de los presupuestos municipales, que no llega a superar el 1%, de acuerdo a lo que nos informó el Gobierno”, puntualizó Bórquez.

Además, añadió que “por lo demás, la gran parte de los presupuestos municipales provienen de otros conceptos, especialmente de los mecanismos de distributivos del Fondo Común Municipal y de las recaudaciones propias que no están vinculadas al pago de los derechos de aseo”.

Algunos reparos

Dentro del debate en la sala de Cámara hubo algunos parlamentario que consideran que la medida incide en la administración financiera del Estado, por lo que el proyecto debería tener el patrocinio del Ejecutivo para avanzar.

Consultado al respecto, Bórquez explicó que el “Gobierno, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), nos manifestó su voluntad de colaborar con este proyecto, lo que se refleja en la votación unánime que obtuvo este martes. Así que esperamos que ese mismo compromiso se mantenga durante el segundo trámite constitucional”.

Otro de los puntos que generó algún debate en su tramitación en la Cámara fue el planteado por algunos parlamentarios respecto de distinguir entre viviendas particulares de locales comerciales, ya que el proyecto puede ocasionar que grandes establecimientos eludan sus obligaciones.

Sobre este punto Bórquez, señaló que “estamos absolutamente disponibles a que el proyecto en el Senado pueda ser perfeccionado y, si es necesario, se haga la distinción entre inmuebles habitacionales y comerciales, porque lo que realmente buscamos es apoyar a las familias más vulnerables y de escasos recursos de nuestro país”.