“Quiero pedirles, para estas elecciones de consejero regional, su apoyo para nuestro amigo, colaborador, Felipe Klein. Un hijo de Aysén, nieto de pioneros y con quien, además, hemos hecho un trabajo en conjunto, permanente”.

Con esas palabras, en octubre de 2024, el diputado Miguel Ángel Calisto (IND-Demócratas) llamaba a votar por el otrora consejero regional de la Región de Aysén Felipe Klein (DC), quien por esos días aspiraba a reelegirse en el cargo.

En ese momento, el foco estaba puesto en destacar las cualidades del militante democratacristiano, pero nada se mencionaba sobre una investigación del Ministerio Público que tenía a ambos políticos, y a otros dos cercanos al parlamentario, bajo la lupa por presunto fraude al Fisco.

Recién durante la jornada de este miércoles 25 que, una comunicación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) dejó al descubierto que Calisto, Klein, Carla Graf y Roland Cárcamo -que son matrimonio-, son pesquisados por haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley de presupuestos de la Nación.

Fue justamente por esos hechos que el organismo liderado por Raúl Letelier decidió querellarse, dejando al descubierto la indagación que llevaba la Fiscalía Local de Coyhaique bajo completa reserva desde 2021, en coordinación con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de esa ciudad.

Consultados al respecto, desde el Ministerio Público se limitaron a confirmar la indagatoria y precisaron que hay diversas personas investigadas en el marco de la misma. “Existen diligencias en curso por lo cual no es posible entregar -por ahora- mayores antecedentes en torno a la causa”, detallaron.

La indagatoria

Conforme los detalles entregados por el CDE a través de un comunicado, los antecedentes reunidos por el Ministerio Público apuntan al mal uso de asignaciones y triangulación de fondos.

“De acuerdo con los antecedentes contenidos en la investigación, la imputada Carla Graf, coludida con el diputado Calisto habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios, recibiendo a cambio un pago a honorarios que no solo fue incrementándose en el tiempo, sin ningún tipo de justificación, sino que no contó con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada”, informó la entidad.

Según se detalla, la querellada no era reconocida por las personas que trabajaban con el diputado en Aysén como alguien que prestaba servicio, lo que era plenamente conocido por Calisto. A ella, se le habrían pagado más de 100 millones de pesos sin que procediera, generando un perjuicio al Fisco por el mismo monto.

Igualmente, como detallaron, se constató una serie de transferencias de dineros entre los imputados Graf, Cárcamo, Klein y el diputado, “concordante con épocas de campañas políticas en la región, las que habrían sido destinadas a desviar dineros de asignaciones parlamentarias a fines no previstos, como financiamiento de campañas y gastos particulares en un contexto de conducta dolosa desarrollada por los responsables”.

Los ingresos de los “asesores”

Carla Graf se desempeñó como secretaria comunal de la DC en Coyhaique y comenzó a trabajar como personal de apoyo de Calisto el 1 de marzo de 2018, como “asesor en coordinación”, hasta febrero de 2022.

Su remuneración partió en $2.762.501, a honorarios, aunque entre abril de 2018 y abril de 2019, el monto bajó a $2.100.000. En junio, eso sí, el salario tuvo una nueva alza, a $2.700.000 y, en julio, baja a $1.450.000.

Cinco meses después, la asignación vuelve a variar y se eleva a $2.100.000, y en julio de 2020 anota un otro incremento, pasando a $3.165.000.

Ella, es la esposa de Ronald Cárcamo, con quien contrajo matrimonio el 8 de noviembre de 2022. Él, sin embargo, no aparece ni en el registro de personal de apoyo ni en el de asesorías externas de Calisto.

En el caso de Klein, quien durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet se desempeñó como director de Sercotec Aysén, comenzó a trabajar como asesor de Calisto en diciembre de 2021, con un sueldo de $1.844.000.

El ingreso, de todas maneras, registra distintas variaciones. En abril de 2022 se eleva a $3.000.000 y en enero de 2023 pasa a ganar $3.240.000 y un año después, $3.379.320, aunque en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2024 aparece con “permiso sin goce de sueldo”.

Luego de perder la reelección como core, en enero de 2025, Klein pasa a ganar $3.521.251. Hasta el último registro existente, de mayo, seguía contratado.

Los descargos de Calisto

Frente a los hechos en cuestión, Calisto reconoció que sabe desde hace años de la indagatoria y que ha colaborado.

“Hemos tomado conocimiento de un procedimiento impulsado por el Consejo de Defensa del Estado, donde se hace parte de un proceso investigativo que viene hace cerca de cuatro años. En un minuto, cuando era mi campaña como candidato a la reelección como diputado, se levanta una denuncia anónima por las redes sociales, el Ministerio Público inicia una investigación de oficio, y hasta el minuto no tiene resultado”, aseguró.

En el mismo sentido, detalló que ha participado “en muchas declaraciones, entregué mi teléfono, he colaborado con la justicia en todo procedimiento que me han solicitado, porque es lo que corresponde a cualquier chileno que es denunciado. Nadie está por sobre la ley”.

De todas maneras, evidenció su suspicacia frente al momento en que estos hechos se dan a conocer. “A mí lo que me llama la atención, evidentemente, es que siempre reflotan este tema cuando estamos a pocos meses de la elección parlamentaria. Ahora viene en pocos meses más la próxima elección, y yo lo único que quiero señalar es que nosotros estamos muy tranquilos respecto de una denuncia que es en realidad una investigación por oficio, que inició la Fiscalía hace más de cuatro años, y que evidentemente el Consejo de Defensa del Estado tiene todo el derecho a participar, a conocer detalles y a hacerse parte del proceso”, dijo.

Insistió, acto seguido, en que tienen plena tranquilidad en que, tanto él como su equipo, se han apegado a la norma.

Sorpresa

La activación del caso de Calisto sorprendió en la Cámara. De hecho, algunos legisladores desconocían completamente que hubo una denuncia en contra del legislador de Aysén, quien aspira a ser senador por su región en los próximos comicios, posiblemente en un pacto de Demócratas con los partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

Revivió, eso sí, lo de irregularidades en torno a asignaciones.

El último caso por mal uso asignaciones (fondos fiscales que entre la institución al parlamentario para gastos de personal, oficinas y viajes) había sido protagonizado por el diputado Joaquín Lavín (UDI), quien incluso debió restituir fondos a la Cámara.

No obstante, el problema de las asignaciones ha sido un dolor de cabeza permanente para la corporación. Entre 2009 y 2010, gran parte del Congreso se vio involucrado en una masiva investigación de la fiscalía por irregularidades detectadas esencialmente por el arriendo de sedes en los distritos. El escándalo obligó al Poder Legislativo crear una nueva institucionalidad para regular y fiscalizar el buen uso de estos fondos públicos, ya que anteriormente solían confundirse y emplearse como parte de renta privada del legislador.

En 2015, el llamado caso Corpesca, por vínculos entre parlamentarios y esa empresa pesquera, también tuvo una arista relacionada con irregularidades en asignaciones que complicaron aún más la situación judicial del exsenador Jaime Orpis y la exdiputada Marta Isasi.