La comisión de Gobierno Interior despachó a la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto que fija multas por no votar en las elecciones de noviembre, durante una jornada en la que no se presentaron representantes del Ejecutivo.

La instancia aprobó distintas indicaciones, una de ellas presentada por la diputada Joanna Pérez (Demócratas) y José Miguel Castro (RN), la cual establece que “el ciudadano que no vote será penado con multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 UTM” es decir, $34 mil a $205 mil, aproximadamente.

En la norma se especifica que la sanción será aplicada solo a ciudadanos chilenos, excluyendo a extranjeros que estén habilitados para votar. Además, de quienes se encuentren en una situación de discapacidad -comprobable con certificado médico-, estén fuera del país o se encuentren a más de 200 kilómetros del local de votación.

Junto con ello, se aprobó una indicación del oficialismo que deja fuera de la sanción a embarazadas y cuidadores.

Con esto, la iniciativa fue despachada a Sala, donde será discutida en una sesión especial el próximo martes 2 de septiembre, posterior a semana distrital, según anunció el presidente de la Cámara de Diputados durante esta mañana.

Voto extranjero

En la sesión en que se dio el despacho hubo un momento de tensión cuando se votó la admisibilidad de un indicación presentada por los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Daniella Cicardini (PS), la cual señalaba:

• “Los extranjeros avecindados en Chile por más de diez años y que cumplan los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 de la Constitución Política de la República sólo podrán ejercer el derecho de sufragio en las elecciones regionales y municipales. Estarán excluidos todos los extranjeros de participar en elecciones de carácter nacional, como elecciones parlamentarias, de presidente y plebiscitos nacionales. Se considerarán extranjeros avecindados aquellos que sean titulares de un permiso de residencia definitiva por, al menos, diez años”.

Sin embargo, en medio de la votación diputados de la oposición reclamaron, en específico el parlamentario Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quien aseguró que no votó porque el sistema electrónico no le marcaba.

Fuenzalida pidió la repetición de voto, sin embargó, encontró la resistencia de diputados oficialistas. Por ello, el presidente resolvió hacer una revisión de las cámaras de grabación. La votación se repitió, la oposición la ganó y el diputado Daniel Manouchehri (PS) dispa Tras disparó contra el secretario de la comisión: “Se riguroso, le pagan los 14 millones para eso”.

Una vez terminada la sesión, Manouchehri apuntó: “Nosotros creemos que se vulneró la normativa de la Cámara de Diputados porque cuando un parlamentario no vota, lo que acontece es que para poder reabrir esas votaciones se requieren de 2/3, y el parlamentario que no vota tiene una multa. Acá se excusó de la multa al parlamentario y se reabrió una votación a excusa de que el sistema no había funcionado”.

En esa línea, el parlamentario aseveró que se ocuparon “todas las herramientas posibles” para que no se restrinja el voto de extranjeros. “Acá pareciera que algunos quieren con mucho fanatismo que las elecciones en Chile sean dirimidas por los extranjeros y nosotros tenemos la convicción de que las autoridades de Chile deben ser elegidas por los chilenos”, añadió.

Por otra parte, la diputada Joanna Pérez acusó al parlamentario socialista de actuar de “mala fe”, y a sus pares del oficialismo de poner un “obstáculo” para tramitar el proyecto.

“Pese a la obstrucción del oficialismo logramos sacar un proyecto que era bastante transversal. Este proyecto viene del año dos mil diecinueve, implementa el voto obligatorio que ya es una reforma constitucional del 2019 que se ha implementado con una transitoria y que necesitábamos certezas”, indicó la diputada.