Pasadas las 10.00 horas de este miércoles, sesionó la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, quien se encuentra bajo sumario por presunto vínculo con una arista de la investigación denominada trama bielorrusa.

El caso en cuestión tiene su origen en una serie de recursos judiciales que el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) ganó con votos a favor de la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Hasta ahora, por este caso, permanecen en prisión preventiva la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles y dos abogados de CBM, Eduardo Lagos y Mario Vargas por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

De acuerdo con lo revelado por el medio digital Reportea, el ministro Simpertigue también favoreció a CBM con sus votos entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 y luego compartió un viaje de 10 días en crucero con su esposa y el abogado Lagos.

La comisión presidida por la diputada Maite Orsini (FA) contó con la asistencia de tres expertos en derecho constitucional y representantes de la sociedad civil: el exministro de Justicia Isidro Solís (PR), el abogado Álvaro Fuentealba, magíster en Derecho y candidato a doctor en derecho constitucional y el presidente de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales, Marcelo Acevedo.

Los expositores debieron analizar los fundamentos de los tres capítulos del libelo acusatorio y manifestar si, a su juicio, se justifica la acusación El primero apunta a la presunta responsabilidad de Simpertigue por haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención, e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec, mientras que el segundo plantea la responsabilidad del ministro en presuntamente haber faltado de manera notable al deber de probidad por supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales y el tercer capítulo responsabiliza al juez de haber infringido de manera notable el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta.

En su exposición Solís consideró que los actos de los cuales se da cuenta en el primer y tercer capitulo demuestran que existe abandono de deberes, pero aseveró que en el segundo capítulo “no existe suficiente prueba de participación -no voy a decir culpable o no- pero a lo menos de los elementos centrales de participación que en un Estado de Derecho uno podría exigir”. Fuentealba manifestó que se cumplen los requisitos para acusar constitucionalmente a Simpertigue, según los argumentos expuestos en el primer y tercer capítulo. Acevedo, en tanto, hizo hincapié, entre otros aspectos, en los hechos descritos en el tercer capítulo: “Ya no es solamente un indicio, sino que es casi una prueba (...) que efectivamente esas causas o esos fallos judiciales que él participó no hayan estado debidamente con la objetividad, imparcialidad e independencia judicial”.

Al término de la exposición de los juristas, el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien junto a la diputada Daniella Cicardini (PS) presentó la AC contra Simpertigue, destacó en general a los funcionarios del Poder Judicial, pero resaltó que es importante dar una “señal”, ante actos de corrupción, como aquellos de los que está acusado Simpertigue.

El diputado Cosme Mellado (PR), a su turno, cuestionó que la Corte Suprema no haya abierto un cuaderno de remoción en contra de Simpertigue, planteamiento que fue contestado por la diputada Orsini, quien reparó en que pese a ello, sí hay un sumario en curso que puede sugerir la apertura de un cuaderno de remoción.

Luego de que se suspendiera brevemente la sesión por falta de quórum, ésta fue retomada y la diputada Orsini propuso citar al ministro Simpertigue o a un representante suyo para que conteste las acusaciones en su contra entre las 10.30 y las 12.30 del martes 9 de diciembre.

Adicionalmente, sugirió que la comisión sesione el mismo día entre las 15.30 y las 17.30 para despachar el informe. En caso de que Simpertigue no asista, explicó la parlamentaria, procederán “en rebeldía” y votarán de igual manera. En caso de que el informe sea despachado ese día, Orsini aseguró que el presidente de la Cámara, Manuel José Ossandón (RN), le manifestó que hay disponibilidad para que la AC sea votada en sala el miércoles 10. Los integrantes de la comisión aprobaron estas disposiciones y las fechas quedaron fijadas tal como fueron propuestas.