La jueza Irene Rodríguez, cuestionada por dejar en libertad a Alberto Carlos Mejía, presunto responsable del homicidio de José Felipe Reyes, conocido como “El Rey de Meiggs”, fue suspendida por decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago mientras se realice el sumario de investigación.

Paralelo a la acción administrativa tomada por Clara Carrasco, fiscal del tribunal, se lleva a cabo una investigación penal, que está a cargo del fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén.

La suspensión de funciones de Rodríguez es una consecuencia de la liberación, algo que anteriormente se había solicitado por parte de parlamentarios, tras hacerse efectiva, distintas figuras políticas han expresado su apoyo ante la acción.

“Valoramos las medidas”

Desde Renovación Nacional (RN), el diputado e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Andrés Longton, indicó que “esta suspensión era algo bastante evidente que tenía que suceder, pero es un avance porque en general no ocurre mucho en la justicia frente a este tipo de situaciones”.

En esa línea, calificó la liberación del sicario como una “aberración” y planteó que se está haciendo el “ridículo” con la situación. “Pero algo más grave son los posibles hechos de corrupción, porque de lo contrario tendríamos funcionarios con una escandalosa y poco creíble falta de criterio y diligencia”, añadió.

Mientras que, desde su mismo partido la senadora Paulina Núñez (RN) valoró la decisión de la fiscal Carrasco, e indicó que “una situación tan grave como dejar sin efecto la prisión preventiva de quien está siendo investigado por sicariato no puede quedar impune, sin responsable”.

“Las personas pasan, las instituciones quedan y el Poder Judicial es uno de los tres pilares que sostienen el estado democrático de derecho en nuestro país, una situación tan garrafal se debe asumir por quien corresponda”, manifestó la parlamentaria.

Sin embargo, la diputada Camila Flores (RN), remarcó que esta “medida es insuficiente, creo que hay que ser mucho más duro, porque la ciudadanía espera que quienes administran justicia estén a la altura del desafío que implica enfrentar al crimen organizado”.

El parlamentario Henry Leal (UDI) señaló que es “una decisión prudente y acertada la que ha adoptado la justicia. Este caso es demasiado grave y se tiene que saber, mientras esté en investigación, lo más prudente sin derruir culpabilidades es que cualquiera que haya estado involucrado de alguna otra manera en la emisión de los documentos que terminaron con la libertad de un sicario”.

Por otra parte, el diputado Jorge Brito (FA), integrante de la comisión de Inteligencia de la Cámara, valoró las medidas contra la jueza Rodríguez en “esta cadena de irregularidades” en la liberación de Alberto Mejía. “Toma fuerza nuestro proyecto de ley para levantar el secreto bancario de políticos, militares, policías y también jueces de la república. Si no actuamos con firmeza ahora, mañana podrá ser demasiado tarde”, agregó.

La diputada Lorena Fries, jefa de bancada del Frente Amplio, señaló que en la liberación del sicario “hay ahí un tema y todo apunta efectivamente al octavo juzgado, del cual esta jueza es su representante máxima. Por lo tanto, me parece bien y hay que seguir investigando porque es gravísimo que la corrupción y si esta se vincula a narcotráfico o a sicariato, en fin, a crimen organizado, está en los tribunales”.

En esa línea, la parlamentaria Camila Musante (IND-PPD) aseveró que es “necesario que la justicia haga actos de limpieza dentro de la propia justicia. Lo hemos dicho otras veces, el poder judicial está infectado por la corrupción”.

“Yo me alegro, es una buena señal, pero ciertamente no ataca el problema estructural. El problema estructural requiere de poder contar con tribunales especializados en materia de crimen organizado”, indicó la diputada.

Por otra parte, el senador Iván Flores (DC) expresó que “este maquillaje en donde se le suspendería por un mes a la jueza de garantía y eventualmente alguien va a regañar a una funcionaria a mí parece un chiste. Lo que ha pasado aquí es una cadena inaceptable de errores. En donde tienen que irse para afuera varios”.

Flores añadió que esta decisión no “resuelve” el problema, ya que esto se debe “cortar de raíz” generando un sistema interno que permita detectar “males”. “Ya hemos tenido fiscales corruptos, policías corruptos, ¿No? Hemos tenido defensores corruptos y entonces, bueno, ¿Eso se resuelve con una suspensión de un mes de una señora que metió las patas?“.