Menos de 24 horas tiene un grupo importante de diputados que hasta el miércoles aún no cumplía con la norma, aprobada por los mismos parlamentarios, que los obliga a “aprobar un curso de capacitación en materia de prevención y atención del acoso sexual y laboral y la violencia en el trabajo”.

Esa disposición fue incluida en la última Ley de Reajuste del Sector Público, a la que anualmente se incorporan un conjunto de normas misceláneas. Este año, la ley publicada el 3 de enero, tenía 105 artículos diferentes no todos relacionados con el reajuste salarial.

Precisamente el artículo 104, obligaba a varias autoridades a realizar esta capacitación y luego realizar un examen para confirmar sus conocimientos. Entre los obligados figuraban ministros de Estado, subsecretarios, autoridades de los organismos públicos autónomos, jefes de servicio, gobernadores, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes, concejales, ministros y jueces del Poder Judicial, además de diputados y senadores.

La norma en cuestión obliga a que en un plazo de seis meses desde la publicación de la Ley de Reajuste o seis meses después de asumir el cargo, estas autoridades de los tres poderes debían aprobar el curso, mediante un test, relacionado, además, con la llamada Ley Karin.

Dado que la ley entró en vigencia el 3 de enero de este año, este 3 de julio se cumplían los 6 meses, pero en vista de la cantidad de autoridades pendientes, en base a una interpretación legal flexible se fijó como plazo final hasta las 23.59 del jueves.

La norma disponía que “los lineamientos de las capacitaciones” iban a ser definidos por la “Dirección Nacional del Servicio Civil, en consulta con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género”. Para ello, el mismo Servicio Civil habilitó un curso y un test en línea.

El miércoles, el Ministerio del Interior informó que la totalidad de autoridades representantes del Ejecutivo aprobaron el curso de capacitación.

Por su parte, casi todos los senadores, hasta esta jornada, habían cumplido la exigencia legal.

El problema, sin embargo, estaba en la Cámara. Tal como lo indica la ley, el cumplimiento de esta obligación “será publicado en el portal de transparencia activa de la respectiva institución”.

Si bien no había un número exacto de cuántos diputados estaban listos con la capacitación, ya que varios estaban en proceso de aprobar el test, había preocupación porque hasta la mañana del miércoles habían trascendidos de que solo 50 diputados habían pasado el curso, según estimaciones de fuentes gubernamentales.

La capacitación debía abordar, a lo menos, las siguientes materias:

1. Protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo del órgano o servicio en el que ejercen sus funciones.
2. Conductas constitutivas de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo, así como los riesgos psicosociales asociados a dichas conductas, con un enfoque inclusivo e integrado, con perspectiva de género.
3. Procedimiento de investigación y medidas de resguardos existentes, sanciones y regulaciones básicas aplicables.