“La Biblioteca no se manda sola”.

Esa fue parte de la intervención que, el martes pasado, al cierre de la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara, hizo el diputado Raúl Leiva (PS), con el objetivo de pedir explicaciones por las remociones y ajustes realizados por el director de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), que afectaron al menos a tres funcionarios de esa repartición, encargados de elaborar y visar un informe jurídico sobre el pago de las asignaciones a los expresidentes de la República.

En este documento, que fue redactado a petición de la mencionada comisión, alertaba que la norma constitucional que, desde el año 2000, sustentó las asignaciones (gastos de secretaría) de los exmandatarios, había sido modificada por una reforma del 2020. Esa iniciativa solo conservó las dietas, temática que hoy está siendo revisada en esta instancia legislativa a partir de un conjunto de mociones que buscan regular el llamado “estatuto de expresidentes”.

No obstante, ese texto de la BCN coincidía en parte con otro informe jurídico elaborado por el exfiscal del Senado, Javier Norero, que derechamente recomendaba suspender estos pagos, en vista de que la Cámara Alta siempre había sido la institución a cargo de solventar los ingresos de los expresidentes, tanto su dieta (renta privada) como los dineros para el mantenimiento de sus oficinas, personal de apoyo y gastos de viajes (asignaciones).

Si bien las autoridades del Senado ante la misma comisión aclararon que existía otro informe jurídico que avalaba estos gastos en favor de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, las diversas interpretaciones jurídicas solo acrecentaron las dudas.

Remociones

El debate volvió a abrirse cuando los diputados se enteraron de que tras el informe la Biblioteca -entidad que depende del Senado y la Cámara-, el director adjunto de la BCN, Pablo Morales, y el jefe de la unidad de asesoría parlamentaria, Guido Williams, fueron sacados de sus cargos. Ello tensionó la semana pasada el clima laboral en el Congreso debido a las sospechas de que ambas remociones se debieron a represalias por el texto que ponía en aprietos al Senado y a los expresidentes.

“Me parece gravísimo que, en función de un informe técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional, y coincidentemente las dos personas que lo suscribieron hayan sido removidos de su cargo y el jefe directo de ellos haya sido reasignado”, complementó Leiva.

Su queja fue secundada por otro diputado socialista, Marcos Ilabaca, quien pidió oficiar al presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), en su calidad de superior jerárquico de la Biblioteca del Congreso Nacional.

Además, Ilabaca pidió citar al director de la BCN, Diego Matte, a aclarar el episodio.

Estas solicitudes fueron respaldadas en forma unánime por la Comisión de Constitución, que preside el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Adicionalmente, la instancia legislativa acordó invitar nuevamente al presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), y al secretario de esa corporación, Raúl Guzmán, para que intenten despejar las dudas por los análisis jurídicos contradictorios.

“Se ha destapado un tarro de gusanos”, señaló, por su parte, la diputada Pamela Jiles, quien es autora de una de las 11 iniciativas que buscan reformar el estatuto de los expresidentes.

Sospechas

A pesar de que entre los diputados existe la sospecha de que estas cesaciones se habrían producido por presiones de la mesa del Senado, consultado por este medio, el director de la BCN, Diego Matte, explicó que “ya existía una evaluación crítica del departamento (de asesoría parlamentaria) y de esa jefatura”.

“En el caso preciso, este informe se elaboró por un funcionario que no es experto en Derecho Constitucional, pese a mis instrucciones de que lo hiciera el jefe del área, de mayor experiencia. Además, se envió sin seguir los protocolos internos que existen sobre estas materias”.

En el caso de la reasignación del director adjunto, complementó que “se suprimió (ese puesto) por ser un cargo creado 20 años atrás sin funciones claras. Es parte de las señales de austeridad que ambos presidentes (de la Cámara y el Senado) están dando en su gestión para la BCN”.

Además, detalló que los funcionarios afectados por estas decisiones seguirán como coordinadores dentro del departamento de asesoría parlamentaria.

En cuanto a la citación a la comisión, Matte aseguró que “siempre” estará disponible para concurrir, agregando que le parece “legítima” la inquietud de los diputados.

Vacío institucional

La duda por el pago de las asignaciones fue planteada por el diputado Luis Sánchez (republicano), cuya alerta encontró eco entre sus pares, incluyendo a los del oficialismo. Incluso, varios legisladores sostenían que en caso de que no se acreditaran jurídicamente esos gastos, los exmandatarios podían verse expuestos a una enojosa situación de tener que devolver los fondos públicos.

Ello obligó al Senado a realizar un minucioso análisis jurídico y motivó al presidente de la Cámara Alta a concurrir personalmente a la Comisión de Constitución a defender estos gastos.

Según la explicación que dieron Ossandón y Guzmán, estos gastos eran pagados gracias a un acuerdo de la comisión de régimen del Senado que según la Ley del Congreso puede disponer de los recursos públicos de la institución siempre que haya holgura presupuestaria. Al menos anualmente la Ley de Presupuesto siempre consideró los montos para los gastos de secretaría de los exmandatarios, a pesar de que no hubiera un glosa que habilitara esos desembolsos.

Esa versión fue respaldada por la interpretación del secretario de la Cámara, Miguel Landeros, quien explicó que el concepto de asignaciones que figuraba en la Constitución y que fue borrado en la reforma de 2020, se refería elementos que eran parte de la renta privada y que no aludían específicamente a los gastos de personal, oficinas y viajes.