Este viernes, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) le mandó una carta a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para “denunciar” a la contralora general de la República, Dorothy Pérez. Esto porque acusan la contralora habría caído en “prácticas reñidas con la libertad sindical”.

Frente a esto, los diputados de la bancada UDI, Juan Antonio Coloma Álamos y Henry Leal, enviaron una carta al director general de la (OIT), Gilbert F. Houngbo, contradiciendo a la CUT.

En ella, los diputados señalaron que “hay dirigentes gremiales que insisten en el supuesto derecho de los profesores a ausentarse del aula de clases con el fin de visibilizar sus demandas por mayores beneficios laborales”.

“Nos dirigimos a usted para poner en su conocimiento una situación que está afectando el derecho fundamental a la educación de miles de niños y jóvenes de nuestro país en relación con el paro de 48 horas realizado recientemente por el Colegio de Profesores de Chile, cuyo presidente, señor Mario Aguilar, ha validado la suspensión de actividades docentes al alero del derecho a huelga de los trabajadores" indicaron en la carta.

Se añadió que “a pesar de que el ordenamiento jurídico interno prohíbe que funcionarios públicos puedan ausentarse de sus labores, lo que incluye a profesores de establecimientos con financiamiento estatal, como lo confirmó, además, Contraloría General de la República luego de que instara a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y a los municipios a aplicar los descuentos de remuneraciones correspondientes por los días en que no asistieron a sus recintos de trabajo".

Además, se recalcó que “la suspensión del servicio educativo ocasiona un perjuicio grave a estudiantes que están en pleno proceso de formación, sobre todo en el actual contexto en que, a lo menos, 50.000 escolares chilenos han abandonado sus escuelas quedando en una situación de riesgo ante las distintas amenazas que existen a nivel local, como el aumento sostenido de la delincuencia y el crimen organizado, cuyas redes en tales circunstancias podrían extenderse fácilmente a niños y adolescentes que están fuera del sistema".

Agregaron que “ambas asociaciones no hacen más que instrumentalizar la sindicalización con infracción al marco normativo vigente, ya que la Constitución Política y la jurisprudencia del ente contralor señalan expresamente que ningún servidor público puede irse a huelga, en razón del valor estratégico que tiene la administración del Estado en el desarrollo de cometidos de vital importancia para asegurar el normal funcionamiento del país en ámbitos tan esenciales como es la educación pública".

“Por lo mismo, cuando vemos que el paro del Colegio de Profesores es utilizado como un instrumento carente de prudencia, de ética y de sensibilidad social, solo nos queda repudiar y condenar con firmeza a dicho gremio, como también el apoyo dado por la CUT", dijeron.

Se constató también que “la mayor riqueza de la sociedad chilena es la niñez y la juventud, por lo que la constante suspensión de actividades educativas genera un daño irreparable no solo a los estudiantes afectados y sus familias, sino que a todo el país. En rigor, se trata de una medida de presión ilegítima para obtener prebendas y beneficios ante la autoridad de turno, dejando entrever una conducta absolutamente cuestionable que evidencia lo peor de una organización gremial".

“Solicitamos tenga a bien analizar esta presentación en su justo mérito, así como requerir más información tanto a la CUT como al Colegio de Profesores de Chile a fin de que el organismo que usted dirige no acoja de plano eventuales denuncias efectuadas sobre la base de planteamientos sesgados y parciales que no han hecho más que justificar el abandono del aula de clases bajo el pretexto de la libertad sindical en desmedro de miles de estudiantes de establecimientos públicos, concluyeron.