A menos de 24 horas de que el gobierno anunciara que expropiará 100 de las 215 hectáreas del terreno donde se emplaza la megatoma del cerro Centinela, ubicado en San Antonio, los propietarios del disputado paño ya se preparan para lo que prevén será una dura batalla judicial.

Después del fracaso de las negociaciones y ante la inminencia de que este jueves se debe cumplir el fallo judicial que obliga a desalojar a los 10 mil habitantes del terreno tomado ilegalmente, el gobierno anunció que -en paralelo a presentar un plan de desalojo- hará uso de la facultad de expropiación de una parte del terreno para iniciar un proyecto habitacional al que podrá postular una parte de los pobladores organizados en cooperativas.

En ese marco, este miércoles los propietarios y sus abogados sostuvieron una reunión clave para explorar la forma en que abordarán la decisión del Ejecutivo.

El punto crítico -tal como ha sido durante la extensa negociación con el Ejecutivo y en particular con el ministro de Vivienda, Carlos Montes- es el precio.

Según el anuncio de ayer en La Moneda el gobierno pretende expropiar haciendo uso de sus facultades a un valor de 0,23 UF el metro cuadrado, lo que implica un desembolso del Estado de $10.961 millones, en tanto, la expectativa de la inmobiliaria durante las conversación se empinaba a un valor de 0,40 UF el metro.

El impacto del anuncio fue inmediato entre los dueños del predio, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. Fuentes cercanas al proceso aseguran que fueron sorprendidos por la decisión del Ejecutivo. Por eso tras el anuncio en La Moneda solicitaron tres audiencias simultáneas: una con el Ministerio del Interior, otra con Vivienda y una tercera con Bienes Nacionales.

Rechazo de la inmobiliaria

Desde la vereda de los propietarios apuntan a que la expropiación sería parte de una estrategia del Ejecutivo para evitar el desacato al fallo de desalojo. En ese contexto, dejan claro que van a dar pelea judicial y que no aceptarán un valor de 0,23 UF por el terreno.

A través de un comunicado entregado la tarde de este miércoles, la inmobiliaria expresó su “rechazo al trato injusto y arbitrario que se le ha dado y mediante el cual el gobierno pretende sortear el desalojo de su propiedad usurpada”.

En el texto detallan que durante seis años actuaron conforme a la ley para recuperar el terreno usurpado, y que incluso teniendo un fallo de desalojo de la Corte Suprema, esperaron dos años por acuerdos. “Ahora el gobierno; en una muestra más de su incapacidad de relacionarse constructivamente con el sector privado; anuncia una expropiación sin diálogo de por medio, acusando a la empresa víctima de usurpación, de especular con su terreno”.

Asimismo, relatan que en febrero pasado aceptaron conformar una “mesa técnica” con el gobierno para llegar a un acuerdo: “Se acordaron 3 puntos en los cuales se debería avanzar; establecer un precio, el mecanismo de financiamiento y las garantías necesarias para asegurar la operación. Todo circunscrito en la compra de la totalidad del terreno en un solo acto”.

Respecto al precio, la Inmobiliaria sostuvo que ofertó tres valores “avalados por dos consultoras de reconocida trayectoria y aceptó rebajar ese monto en 3 oportunidades, valores muy por debajo de los valores comerciales”. El gobierno en tanto, dicen, estableció que “los compradores serían los tomadores del terreno, agrupados en cooperativas, que obtendrían un crédito del Banco Estado para comprar del terreno. Esto no se concretó, como tampoco la entrega de una garantía de la operación".

Por lo mismo, la empresa espera conocer los planes de desalojo parcial, y que este se realice a la brevedad para que el anuncio no sea otra maniobra para dilatar el desalojo hasta próximo gobierno. “Una vez más se actúa sin dialogo, sin acuerdos y sin respetar el fallo de la Corte Suprema”, cerraron.

La noche del martes, el abogado Diego Pereira-Fonfach, representante de la inmobiliaria, ya había manifestado su molestia por la falta de comunicación con las autoridades. A 48 horas del plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para concretar el desalojo, señaló que los propietarios “no cuentan con información alguna sobre el inicio del proceso, que es de exclusiva responsabilidad del Estado”.

El abogado enfatizó que la empresa ha solicitado reiteradamente información y que ninguna autoridad a cargo se ha contactado con los dueños del terreno. Recordó que en una reunión sostenida hace un mes con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso se les pidió contratar una empresa para cerrar el perímetro a medida que avanzara el desalojo. Esa contratación se realizó y el cercado estaba listo para comenzar el 4 de diciembre, con maquinarias, personal y altos costos involucrados. “Si esto no se ejecuta en tiempo y forma, serán costos que los propietarios deberán cubrir en vano”, advirtió. Una semana después, en un nuevo encuentro con la delegación, se comprometió una comunicación formal sobre el inicio del desalojo a más tardar el lunes 1 de diciembre, lo que tampoco ocurrió.

Con la expropiación en curso, el conflicto entra ahora de lleno en el terreno judicial. Según comentaron fuentes conocedores del tema, los dueños están a la espera de que el decreto se publique en el Diario Oficial para luego ver las acciones judiciales a presentar.

Según la ley del procedimiento de expropiaciones, dentro del plazo de 30 días contados desde la publicación en el Diario Oficial del acto expropiatorio, el expropiado podrá reclamar ante el juez competente.

La Constitución establece que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley que califique la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional. Además, el expropiado siempre tiene derecho a una indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Esa compensación puede fijarse de común acuerdo o, a falta de consenso, mediante una sentencia dictada por tribunales, previo informe de peritos tasadores. Solo una vez pagada íntegramente la indemnización puede hacerse la toma de posesión material del bien.

En este caso, el punto más sensible será precisamente el monto. En conversaciones preliminares se habló de un valor cercano a 0,23 UF el m2 por el terreno, pero los propietarios aseguran que no existe ningún acuerdo. Si el Ejecutivo formaliza la expropiación y no hay consenso, entrará en funciones la comisión de peritos para fijar una tasación provisional. Si los dueños no quedan conformes con ese resultado, el paso siguiente será reclamar judicialmente en los tribunales civiles. En esa etapa no se discute el mérito de la expropiación, sino exclusivamente si el monto fijado refleja o no el daño patrimonial efectivamente causado.

Mientras el escenario legal comienza a ordenarse, desde el municipio de San Antonio han optado por la cautela. El alcalde Omar Vera sostuvo que desconocen los detalles formales del anuncio y que no han sido partícipes del proceso. “Es difícil emitir una opinión mientras no tengamos el comunicado oficial o algún documento que nos permita analizar las implicancias de esta trascendental decisión para el desarrollo de la comuna”, señaló.

Agregó que una vez que se conozca el texto, la municipalidad estará en condiciones de fijar una postura.

La información llegará este jueves 4 por parte del Ministerio del Interior, que informará el paso a paso del desalojo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, sostiene a La Tercera que hoy se encuentran en esa preparación con el fin de decirle a la corte “estas son las condiciones que tenemos”.

Además, agregó que considerando lo informado ayer “cambia bastante la dinámica y también la voluntad de los pobladores de salir de los terrenos en los casos en que sea necesario. Por lo tanto, vamos a proponer -en base a los medios concretos con los que contamos hoy- que eso se considere para definir las fechas”.

El proyecto habitacional mencionado por el Minvu considera equipamiento urbano, mejoramiento del entorno, plazas, entre otras medidas. Eso sí, sostienen que las familias beneficiadas, que son alrededor de 3.700 conformadas en cooperativas, cuentan actualmente con un ahorro (abono) de $1.500.000 que aportarán a la urbanización de la zona.