En calidad de habilitado para votar y, por ende, con los requisitos para ser candidato a diputado figuraba hasta ayer el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), de acuerdo al padrón auditado que fue publicado este lunes por el Servicio Electoral (Servel).

A pesar de que el exjefe comunal ya fue acusado por la Fiscalía -que está pidiendo una pena de 18 años en su contra por el caso Farmacia Populares-, su situación judicial, hasta el momento, no ha tenido efecto jurídico ni administrativo en su eventual carrera parlamentaria. ¿La razón? El Servel arma el padrón con información a veces desfasada, aun cuando la Constitución establece que las personas acusadas por pena aflictiva (como lo es el caso de Jadue) no pueden postular al Congreso.

Si bien no se trata del padrón definitivo, que se publica el 17 de septiembre, esta nómina de electores “auditada” es la que sirve de base para que el Servel pueda inscribir las candidaturas a cargos públicos.

En todo caso, la legislación electoral dispone de un plazo de 10 días para hacer reclamaciones al listado de potenciales votantes, que vence el 28 de agosto; sin embargo, por ahora, ni en la UDI, ni en RN, ni en el Partido Republicano existe ánimo de impugnar la eventual candidatura de Jadue por el distrito 9, que abarca las comunas del norte de Santiago, entre ellas Recoleta.

Ello tiene una paradójica explicación política: la postulación del exalcalde se convirtió en un tema útil para la oposición y que enreda al oficialismo.

De partida, esta mañana, tras la presentación de candidaturas por parte de los partidos, inmediatamente el abanderado presidencial de los republicanos, José Antonio Kast, salió a emplazar a su competidora del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

Lo mismo hizo el jefe de los diputados republicanos, Cristián Araya, quien consultado si intentarían reclamar la candidatura de Jadue, no lo consideró como una prioridad. “Es algo que tenemos que evaluar, pero aquí claramente, antes de hacer cualquier presentación frente al Servel o cualquier otra vía, aquí es Jeannette Jara la que tiene que responder cuál es el estándar de diputados y senadores que va a presentar”, dijo.

En la misma línea se manifestó el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, cuya colectividad presentó en ese mismo distrito la candidatura a diputado del presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez.

Por otro lado, Jara -quien en un inicio tomó distancia de la decisión de su partido de llevarlo como candidato, a pesar de todas las advertencias jurídicas- planteó que apoyará a todos los postulantes del oficialismo, incluso a Jadue. Pese a ello, existe un alto riesgo de que el exalcalde no pueda asumir o ejercer el cargo parlamentario si es que sale electo.

Si su postulación logra pasar las vallas administrativas y judiciales del sistema electoral, tiene una alta probabilidad de salir elegido en los comicios de noviembre, debido a la adhesión que logró como jefe comunal en Recoleta.

Al ser proclamado como ganador, inmediatamente adquiriría un fuero por el hecho de ser diputado electo. "Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad..., si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema", dice la Carta Fundamental en el artículo 61.

Ello obligaría a la Fiscalía a pedir su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Santiago y luego la Suprema; en caso contrario, no podría ser detenido ni privado de libertad de acuerdo al avance del proceso.

Si se cursa ese desafuero antes del 11 de marzo de 2026, no podría entrar a la sala de la Cámara ni tomar posesión del cargo parlamentario; por lo tanto, ni siquiera podría ejercer como diputado ni podría comenzar a recibir dieta ni asignaciones. Este criterio, de hecho, ya lo zanjó la secretaría de la Cámara ante los casos de diputados desaforados que buscarán un nuevo escaño legislativo.

Si el desafuero se concede por la Corte Suprema después del 11 de marzo de 2026, al menos podría asumir y recibir dieta, pero su partido perdería al poco andar un voto. Cualquiera sea el caso, el desafuero no permite reemplazar a un diputado en ejercicio, ya que la Constitución respeta su presunción de inocencia, por lo tanto, su sector político quedaría transitoriamente con un legislador menos.

En el pasado ha habido casos de parlamentarios desaforados que han durado años y no pueden ser reemplazados mientras no haya condenas ratificadas por la Suprema. De hecho, legisladores desaforados ha habido muchos desde 1990, pero ninguno ha perdido el cargo por una condena judicial.

Esa es otra de las buenas razones por las que a la derecha le conviene, según admiten representantes de ese sector, que Jadue no solo compita, sino que salga electo en noviembre.

Hay una alternativa: que el mismo sector político, en el caso hipotético de que Jadue resulte elegido, pida su destitución ante el Tribunal Constitucional, ya que habiendo una acusación de pena aflictiva podría invocarse una causal de cesación de cargo para forzar la vacancia y abrir la ventana constitucional del reemplazo.