Por 81 votos a favor y tres abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó esta noche el informe de la comisión especial investigadora encargada de indagar los programas ejecutados por la Fundación ProCultura durante convenios con entidades estatales suscritos desde 2019 a la fecha.

Las abstenciones corrieron por cuenta de los parlamentarios socialistas Raúl Leiva, Daniel Melo y Leonardo Soto.

Esto, en el marco de la investigación del Ministerio Público que habla de 18 convenios en ocho regiones, por más de 5.800 millones de pesos, adjudicados a la ONG presidida por el psiquiatra Alberto Larraín. En los dos años de indagatoria, la Fiscalía ha construido “indicios” de lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa en proyectos realizados en Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Ñuble, Biobío, Aysén, Magallanes y la Región Metropolitana.

Uno de los acuerdos mas cuantiosos fue el programa de prevención del suicidio suscrito con el Gore Metropolitano, dirigido por Claudio Orrego (ex DC), quien conocía a Alberto Larraín desde sus días como alcalde de Peñalolén. Así fue que en 2022, tras el visto bueno de los consejeros regionales, el Gore Metropolitano transfirió de una vez $ 1.683 millones a la fundación, de los cuales quedaron $ 1.000 millones sin ser rendidos ni devueltos.

Durante el debate previo a la votación, el presidente de la comisión investigadora, Andrés Longton (RN) señaló que “el informe es lo suficientemente contundente para efectos de determinar gran parte de las irregularidades que se generaron en los organismos de la administración del Estado y en gobiernos regionales a propósito de esta verdadera asociación ilícita que se creó aprovechando las debilidades institucionales para poder controlar el buen uso de los recursos públicos, pero además prevaliéndose de la amistad, cercanía y relaciones de destinto tipo que el señor Larraín, director de ProCultura, tenía con el Frente Amplio o bien con partidarios de partidos de gobierno, principalmente del partido del Presidente Boric”.

“Acá hubo una verdadera triangulación para defraudar al Fisco. Fundación ProCultura, que tenía un giro para libros, terminó, de la noche a la mañaña, siendo experta en todo y, coincidentemente, dede marzo de 2022, es decir cuando asume el Presidente Boric”, destacó el parlamentario opositor.

El informe

Entre sus principales conclusiones, el texto visado por la Cámara denuncia graves deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas, detectando posibles delitos como fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.

“El caso Procultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales, situación que debe ser abordada de manera urgente mediante medidas legislativas e institucionales que permitan restaurar plenamente la confianza ciudadana en la administración responsable y eficaz de los fondos públicos”, indica el texto.

Entre sus conclusiones destacan la presencia de sobreprecios y gastos irregulares en proyectos financiados con fondos públicos; la existencia de una intrincada red de empresas relacionadas directa o indirectamente con integrantes o cercanos a ProCultura; la recurrencia de asignaciones directas a la ONG; la insuficiente evaluación a ProCultura por parte de las entidades estatales; la evidencia de importantes brechas en los procedimientos formales de selección y validación de las entidades ejecutoras de proyectos; la omisión de inhabilidades y los vínculos no declarados entre gobernadores regionales y la ONG, y la incapacidad del Estado para recuperar los fondos entregados a Procultura.

Responsabilidades

En este contexto, el informe atribuye responsabilidades a gobernadores regionales que suscribieron acuerdos con ProCultura, al exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En el caso de las autoridades regionales, el informe destaca a Claudio Orrego, sobre quien indica que “posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político, debido a su rol activo en impulsar y promover el proyecto “Quédate”, que implicó una transferencia directa de aproximadamente algo más de mil 600 millones de pesos a la Fundación Procultura”.

Al respecto, indica que “esta asignación no solo se hizo de forma acelerada y sin el debido respaldo técnico-administrativo, sino también en un contexto de conocidos vínculos personales y profesionales previos con Alberto Larraín. Esta situación debió haber motivado la declaración inmediata de inhabilidad administrativa, acción que según la documentación revisada por la comisión no se efectuaron adecuada ni oportunamente”.

Agrega que similar responsabilidad política se extiende a gobernadores regionales de otras zonas del país. “Destacan especialmente los casos del gobernador Jorge Flies en Magallanes, quien sostuvo diálogos y comunicaciones informales reiteradas con Alberto Larraín relacionadas con la agilización de pagos y recursos públicos asignados a Procultura, en donde esta último le hace ver que tuvo conversaciones con el Presidente de la República y la entonces Ministra de Relaciones Exteriores sobre la materia; así como Óscar Crisóstomo, gobernador regional de Ñuble, quien enfrenta actualmente investigaciones por la omisión negligente en la supervisión efectiva del uso de fondos públicos por parte de Procultura, situación que ya motivó un juicio de cuentas por parte de la Contraloría”.

En el caso del exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, el informe de la comisión investigadora indica que Crispi, sostiene que “posee una responsabilidad especialmente relevante en el marco del caso Procultura, debido a su rol directo en la validación institucional de la fundación como entidad subejecutora. La SUBDERE, bajo su mando, otorgó a Procultura una validación técnica que asignó puntajes extremadamente altos sin efectuar una evaluación sustantiva y objetiva sobre la capacidad técnica, la experiencia real y la idoneidad ética y administrativa de la fundación”.

Se añade que “adicionalmente, la figura del exsubsecretario Crispi adquiere relevancia política debido a su cercanía con el núcleo central del gobierno, lo que agrava aún más la percepción pública y política respecto a la transparencia e imparcialidad con que se realizaron estas validaciones institucionales”.

Finalmente, sobre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se indica que “tiene una responsabilidad política específica que emerge claramente en el marco del caso Procultura, debido a su insuficiente actuación institucional en materia de fiscalización preventiva y correctiva sobre los recursos públicos transferidos a esta fundación en diversas regiones del país”.

Propuestas de la comisión

En este contexto, la comisión investigadora entrega una serie de propuestas para mejorar las gestiones de control en los convenios con fundaciones.

Entre estas, se incluye impulsar reformas legales sobre probidad y control de transferencias; realizar un registro obligatorio de personas jurídicas receptoras de fondos públicos; efectuar una reforma a la ley de contratos administrativos para restringir asignaciones sin licitación; reforzar el deber de denunciar delitos para los funcionarios públicos. y fortalecer la Contraloría General de la República, incluyendo su rol preventivo y de fiscalización, además de aumentar sus recursos.

Asimismo, se plantea reforzar la evaluación técnica y financiera previa para evaluar la idoneidad de las entidades que recibirán recursos públicos; exigir auditorías periódicas en todas las entidades receptoras de fondos públicos; implementar sistemas que aseguren trazabilidad completa y monitoreo en línea de los recursos entregados; exigir a las ONG boletas de garantía bancaria en vez de pólizas; fortalecer los controles internos de los servicios públicos, y definir sanciones específicas para los funcionarios que omitan declarar conflictos de interés o vínculos personales relevantes con fundaciones o empresas relacionadas con transferencias públicas.