Una caja de pandora se abrió en el Congreso, según admiten autoridades de la Cámara y el Senado, tras las pesquisas internas desplegadas para detectar posibles abusos en la presentación de licencias médicas para viajar fuera del país.

Esta problemática fue destapada por un informe de la Contraloría que denunció 25.078 casos de funcionarios públicos que viajaron al exterior mientras gozaban de licencias.

En vista de que la Contraloría no tiene tuición sobre los empleados del Poder Legislativo, las autoridades del Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso iniciaron su propia indagación, incluyendo a los propios legisladores.

Sin embargo, en las indagaciones, presionadas también por el escrutinio que están haciendo algunos medios de comunicación, surgieron nuevas aristas investigativas, entre ellas los reiterados viajes al extranjero en semanas de receso legislativo y la posibilidad de que algunos diputados(as) y senadores(as) hayan cobrado licencias por razones de salud, contraviniendo las reglas de la propia Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

De hecho, hay un reciente un dictamen de esta superintendencia, que surgió a partir de un oficio de fiscalización de la diputada Chiara Bachiesi (republicana), pidiendo individualizar a los legisladores que hubieren cobrado el correspondiente subsidio estatal de incapacidad laboral, asociado a cada licencia.

“La licencia médica tiene dos objetivos esenciales, a saber, permitir la ausencia justificada al trabajo y el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral. Así, en la medida que el parlamentario tenga derecho a mantener su dieta parlamentaria durante el periodo contenido en la licencia médica, la segunda de dichas finalidades resultará improcedente, puesto que en dicho caso el uso de la licencia médica no afecta la percepción de un ingreso que se deba reemplazar, por lo que, en esas condiciones, no corresponde el pago de un subsidio por incapacidad laboral en calidad de trabajador independiente voluntario", dice el dictamen O-01-S-00846-2025, emitido en respuesta a la consulta de la parlamentaria.

El dictamen agrega que se aplica este mismo criterio restrictivo para licencias maternales (pre y posnatal)

Sin embargo, en esa misma respuesta la Suseso señala que desconoce si algunos legisladores cobraron irregularmente este subsidio, por no tener una fuente oficial para cotejar quienes ejercen un cargo de representación. Por tal razón, la Suseso se excusa en este punto, ya que, además, ello implicaría revelar datos sensibles protegidos por ley.

El hecho, no obstante, preocupa en el Senado y la Cámara, donde ya se iniciaron ciertas averiguaciones para anticiparse a un nuevo escándalo que sea expuesto por los medios de comunicación.

Una exautoridad de la Superintendencia de Seguridad Social, que prefiere mantenerse en el anonimato, señala que si algún legislador cobró estas licencias sería “un aprovechamiento”, ya que indicaría que obtuvo un doble ingreso, ya que el Congreso nunca interrumpe el pago de la dieta (remuneración de parlamentarios) a diferencia de lo ocurre en el sector privado.

Algunos diputados consultados coinciden con ello, incluso, adelantan que, si se llega a detectar un caso, tendría que ser denunciado por una posible falta de carácter penal.

“Este dictamen confirma, con absoluta claridad, que ningún parlamentario debió haber cobrado subsidios por licencias médicas o maternales, porque su dieta no se suspende. Nosotros lo advertimos con antelación. Si un legislador cobra su dieta íntegra y además recibe un subsidio pagado por Fonasa o una isapre, estamos frente a un doble cobro de recursos fiscales y eso no solo es éticamente reprochable, sino que puede configurar una falta grave, incluso con consecuencias penales”, comenta la diputada Barchiesi (republicana).

“Una licencia médica otorgada a un parlamentario le permite justificar la ausencia y percibir la dieta. Si además cobra esa licencia estaría recibiendo un doble sueldo. Los montos deben ser reembolsados a la corporación y la Comisión de Ética debiese actuar por oficio, si se detectan casos”, señala el exdiputado Marco Antonio Núñez (PPD), médico, expresidente de la Camara y profesor de Políticas de Salud de las universidades de Chile y Finis Terrae.

El académico y abogado especialista en Derecho Público, Jorge Barrera, precisa que “todo subsidio maternal corre por cuenta del Estado. Incluso en el caso de las isapres, donde estas actúan solamente como entidad pagadora. Las cotizaciones de salud que pagan las parlamentarias no financian este subsidio sino que el Estado subvenciona directamente el pago. Por lo tanto, aunque lo abone la isapre, el subsidio de pre y posnatal se financia con recursos fiscales”.

Barrera agrega que la Suseso “solo cuenta con atribuciones para sancionar las instituciones sometidas a su fiscalización y no a los beneficiarios individuales. Sin embargo, el reglamento de licencias medicas del Ministerio de Salud sí otorga un camino para recuperar estos fondos”. “La normativa señala que todo sueldo o subsidio cobrado sin derecho debe restituirse obligatoriamente, y es el empleador quien debe gestionar de inmediato su devolución (articulo 63 Decreto 3/1984)”, comentó el jurista lo que traspasaría la responsabilidad a la Cámara y al Senado para pedir el reintegro de los dineros fiscales.