El pasado lunes, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que establece una multa -que va de los $ 34 mil hasta los $ 206 mil- para los ciudadanos chilenos, excluyendo a los extranjeros.

La iniciativa, que es de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) junto a otros legisladores, fue presentada en 2019, pero recién pasó la primera valla en la Cámara, en su primer trámite constitucional.

Sin embargo, la diputada volvió a criticar al ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), a quien acusa de una “obstaculización”. “Tendremos que utilizar todas las herramientas que nos dé el sistema para garantizar lo propio que está en la Constitución y las leyes”, advierte.

¿Cuáles fueron los compromisos que adquirió el ministro Elizalde con usted cuando era presidente del Senado?

En 2019 cuando comenzamos a tramitar estos proyectos, en un minuto nosotros estábamos tramitando la reforma del voto obligatorio y en el Senado también había proyectos similares, no solo del voto obligatorio, sino de la ley orgánica para habilitar el voto obligatorio. En ese minuto el senador Elizalde, que no estaba aún de presidente del Senado, nos planteó que no podíamos tener ambos proyectos, que teníamos que compartir y que ellos tramitarían la ley orgánica. Pero luego desvistieron mucho nuestro proyecto, sacaron muchas cosas y lo dejaron casi muy general.

Usted ha dicho que es partidaria de regular el voto extranjero. ¿Cree que puede hacerse a pocos meses de la elección presidencial?

Hoy día no, nosotros ya tenemos una reforma constitucional que permite a los nacionales, y a quienes tienen la residencia por más de 5 años, que puedan votar.

¿Pero con una tramitación más acelerada?

Para esta elección no, nosotros ya le transmitimos como oposición que no estamos disponibles, se lo dijo el presidente de la Cámara y se lo transmití yo a la ministra de Segpres.

Hay cinco países que permiten a los extranjeros votar en todo tipo de elecciones. ¿No cree que eso amerita ser regulado?

Yo creo que se puede revisar y regular sin duda, pero eso no fue una discusión que se instaló en el Senado en su minuto, cuando legislamos el voto obligatorio en la Constitución. Por lo tanto, hoy día, con calculadora en mano, se viene a buscar el subterfugio, señalando que el proyecto nuestro era complejo, porque generaba incentivos que pudieran beneficiar a extranjeros. Eso no es así, porque los incentivos se instalaron en su minuto, porque algunos planteaban que no era bueno siempre poner multa.

¿A qué sector político beneficia la exclusión de la multa a migrantes?

Lo ha dicho el propio gobierno, lo han dicho ellos por un tema de los extranjeros que supuestamente no son proclives a votar por el oficialismo, por la izquierda, gruesamente, debido a una masa de población que viene principalmente de Venezuela, pero lo han dicho, no es un tema que uno inventa.

En anteriores elecciones sí se aplicaron multas a los extranjeros por no votar. ¿Por qué ahora debería ser distinto?

Porque no tenemos la concurrencia del gobierno. No había un proyecto. Y el gobierno nos notificó por la prensa que no estaba disponible para aplicar multas a los extranjeros.

¿Es únicamente responsabilidad del gobierno?

Es que nosotros hemos intentado legislar, pero el propio Elizalde en ese minuto, después ministro Segpres, después ministro de Interior, no hizo mucho por tener una legislación oportuna. Y se ponen en riesgo muchas cosas cuando usted legisla a matacaballo. Y eso el gobierno no lo asume.

Usted ha deslizado que el ministro ha tenido una falta constitucional. ¿En qué se traduce eso, en una acusación?

Bueno, yo lo deslicé, pero jamás he levantado una acusación constitucional. Pero creo que, a lo menos, hay abogados que dicen que, si el gobierno no implementa el voto obligatorio, en una ley, o sigue obstaculizando esto, hay un incumplimiento a la Constitución y las leyes.

Es decir, si continúa esa obstaculización del gobierno que usted dice, ¿podría presentarse una acusación?

Nosotros somos una Cámara fiscalizadora por esencia. Tendremos que utilizar todas las herramientas que nos dé el sistema para garantizar lo propio que está en la Constitución y las leyes.