Una clara advertencia manifestó el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, al gobierno del Presidente Gabriel Boric esta jornada.

Esto, a propósito de la norma que incluyó el gobierno para restringir el despido de trabajadores en el reajuste público, la cual va en línea con una petición expresa que había hecho la mesa de trabajadores del sector público.

En concreto, la enmienda dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.

Asimismo, se establece que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas conforme al artículo 160 de la ley N° 18.834 o al artículo 156 de la ley N° 18.883, según corresponda. La Contraloría General de la República sólo podrá 2 abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.

Esta idea va en contra de una de las grandes promesas del futuro gobierno republicano, eliminar a los denominados “apitutados políticos” -que según la colectividad- trabajan en el Estado.

Así lo manifestaron a lo largo de la campaña. De hecho, uno de los principales asesores del ahora Presidente electo José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, los calificó como “parásitos” en una columna de La Tercera hace unos meses atrás.

Es en ese marco, que en conversación con La Segunda, Squella planteó que si “el gobierno sigue con los amarres, estaría dinamitando nuestra relación”. Esto considerando la reunión que Kast y Boric tuvieron este lunes, y que ambos destacaron después de manera pública.

En ese mismo sentido, Squella señaló: "El lunes tuvimos una muy buena reunión que puso el foco en el futuro de Chile, genuinamente vimos a un Presidente en ejercicio y a sus ministros preocupados de colaborar al máximo con la nueva administración, ahora, lo que vemos camuflado en el proyecto de reajuste, es una señal de alerta muy delicada, sobre una posible intención de romper códigos que son fundamentales. Si esta se traduce también en acelerar nombramientos u otras definiciones que en rigor le corresponderían al nuevo gobierno, se configuraría un escenario que nadie quiere”, planteó.

Respecto al reajuste como tal, el también senador electo aseguró que “más allá del daño objetivo que le estarían generando a las finanzas públicas en el momento de mayor déficit fiscal de los últimos años, la pregunta es si es justo o no otorgar un reajuste a quienes en promedio ya están muy por sobre el resto de los trabajadores del país, en concreto, el doble de lo que ganan los trabajadores de las PYMES”.

“Es difícil de explicarle a las miles de familias chilenas que viven con sueldos muy inferiores y a quienes se encuentran desempleados, que el Estado destine plata que no tiene a subir sueldos de quienes ya están por sobre el resto”, añadió.