Hace tan solo unos días, La Tercera reveló que la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) no abrió ningún sumario tras la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Esto, en un oficio remitido a los fiscales que indagan el caso. ¿La razón? No se encontraron méritos suficientes para hacer una revisión administrativa de los procesos jurídicos.

Es precisamente a esa división y a la jefa de división jurídico legislativa, Francisca Moya, a quien se le atribuyó un mal asesoramiento al Presidente Gabriel Boric, quien estampó su firma en el decreto que materializó la compraventa.

Y a inicios de esta semana, en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, también reconoció que en su repartición tampoco se había dado curso a sumarios, pues “la operación no se realizó desde el Ministerio de las Culturas”.

Esa información motivó a los diputados RN Andrés Longton y Paula Labra a oficiar a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, para que desde el ente fiscalizador se instruyan sumarios administrativos en ambas carteras, y que sea un equipo técnico del propio órgano contralor el que los lleve adelante, dada la negativa del Ejecutivo -explican- a “asumir responsabilidades internas por esta operación fallida”.

En el oficio, al que accedió La Tercera, los parlamentarios hacen un repaso por los hechos conocidos: Moya visó el decreto que autorizó la compra del inmueble, el cual fue luego firmado por el Presidente Gabriel Boric. Luego, detallan las consecuencias políticas y judiciales del traspié: la salida de la ministra de Defensa, Maya Fernández; de la ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval y la destitución de la senadora Isabel Allende. Además de la investigación penal por presunto fraude al Fisco y tráfico de influencias.

“Una operación de compra visada y firmada por autoridades de primer nivel, con vicios constitucionales evidentes, debió haber generado sumarios inmediatos. Pero la respuesta del Ejecutivo fue la inacción (...). Cuando ni siquiera se activa el control interno ante un hecho de esta gravedad, lo que queda en evidencia es una voluntad de no investigar”, afirmó el diputado Longton, quien además preside la comisión investigadora.

Y agregó: “Esos funcionarios hoy día siguen en sus cargos y claramente que hay una complicidad de este gobierno que no ha perseguido a quienes evidentemente tenían que tener el mínimo de diligencia para efectos de que esta operación no se llevara a cabo”.

Labra, también parte de la comisión parlamentaria, añadió que “no podemos normalizar que el Presidente de la República firme documentos inconstitucionales como si nada. Por eso nos vamos a dejar pasar que desde el gobierno siguen actuando como que nada ha ocurrido, sin tomar ni la más mínima acción para determinar responsabilidades frente a una situación tan escandalosa que terminó con dos ministras renunciadas, una senadora destituida y una investigación penal”.

La representante por el Maule puntualizó que “además de blindar a Francisca Moya, por ningún motivo les conviene iniciar un sumario, pues esto implica que tendrán que esclarecerse todas las instancias en que esta funcionaria tuvo que responder a las instrucciones del principal impulsor de esta desfachatez, el Presidente Gabriel Boric. Llegaremos a todas las instancias que sean necesarias para que todos los responsables paguen las consecuencias de mal usar recursos públicos”.