Aunque la negociación parlamentaria del oficialismo no arranca formalmente, fue a mediados de abril en que el secretario general del PS, el exsenador Camilo Escalona, planteó un criterio incómodo en el oficialismo.

¿Qué hacer con aquellos legisladores díscolos que renunciaron a sus partidos o se alejaron políticamente para comenzar tratativas con otros partidos del bloque?

Fue así que Escalona, a nombre de su colectividad, planteó que el PS no suscribiría una lista electoral que incluya al diputado Jaime Naranjo (exmilitante socialista), aun cuando vaya con el respaldo de otra tienda oficialista.

El díscolo legislador por el Maule sur, renunció en noviembre del año pasado al PS para que la llamada Ley Antidíscolos -que bloquea postulaciones al Congreso de quienes se hayan cambiado de partido a meses de las elecciones- no lo inhabilitara para correr como independiente o apoyado por otra tienda. Él temía que los socialistas ni siquiera le renovaran su repostulación como diputado. Por lo tanto, su plan era desafiar a la senadora por el Maule y presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic.

“Lo que nosotros hemos dicho es una sola cosa, que no vamos a aceptar que un diputado nuestro compita contra nuestra senadora que, además, es presidenta del partido. Aquí no hay una discusión ideológica, política ni institucional. No. Este es un tema bien simple: hay un diputado socialista (Jaime Naranjo) que se retiró del PS y ahora quiere competir contra la presidenta del partido que es senadora de la misma región. Eso nosotros lo vetamos”, comentó Escalona a La Tercera.

Sobre si esa postura regirá para otros casos similares -donde un candidato que renunció al partido busque competir por otra colectividad-, el secretario general socialista añadió: “No hemos entrado en otros casos. Hasta ahora somos el único partido que se ha hecho responsable de dar una opinión formal sobre estas cosas, hace ya más de dos meses, porque esto yo lo dije por allá por abril”.

Además, sostuvo que les comunicó a sus pares que “queremos advertir que la firma del presidente del PS y su secretario general no estará en una nómina en que un diputado elegido por nosotros compita contra nuestra senadora Paulina Vodanovic”.

Poder de veto

Si bien el caso de Naranjo, es el más bullado, no es el único. La mayoría de los partidos del oficialismo tiene una situación, al menos, incómoda con sus propios díscolos. Estos legisladores rebeldes hoy están negociando o están abiertos a tratar con otras tiendas de la izquierda y la centroizquierda, ofreciendo darles una mascada a los electorados de sus colectividades de origen.

Entre los negociadores del oficialismo hay cierta coincidencia en que la lista parlamentaria no puede hacer vista gorda de estos casos. Si no, estarían validando un mecanismo de “hacerse trampa” entre ellos mismos.

No obstante, las directivas tienen una poderosa herramienta.

Al momento de conformar un pacto electoral, cada presidente de partido que integra esa alianza debe firmar la nómina.

Si no está de acuerdo con los postulantes de sus aliados, puede resistirse a suscribir la lista, por lo tanto, no hay pacto y cada colectividad tendría que resolver por separado si forma otra alianza o se arriesga a correr sin aliados.

Ello se traduce en un poder de veto de cada partido respecto de los postulantes de colectividades amigas.

Lista negra

En el Frente Amplio, el vetado más conocido es el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien era parte de ese colectivo cuando no era un partido y hoy está forjando una alianza con el FREVS. No obstante, en la misma situación están las diputadas Consuelo Veloso (hoy independiente que está negociando con el PPD y los radicales), Marcela Riquelme (independiente en tratativas con radicales y socialistas), además y la desaforada Catalina Pérez (quien renunció en 2024, al igual que Naranjo, para evadir la Ley Antidíscolos).

El caso de Pérez, sin embargo, es especial, porque formalmente no hay interés de una tienda oficialista en llevarla, pero ella podría repostularse como independiente a pesar de esta desaforada (solo si es acusada vería complicada su opción, pero igualmente podría pelear su caso ante el Tribunal Constitucional, ciñéndose a la experiencia de Marco Enríquez-Ominami).

El PPD, por su parte, que tiene un declarado interés en fichar a algunos descolgados, también tiene un veto contra el exsenador Eugenio Tuma, quien renunció hace años al partido, militó en Amarillos y hoy pretende volver a la centroizquierda postulando nuevamente a la Cámara Alta en un cupo del Partido Liberal.

El PC también tiene sus díscolas. Las diputadas Marisela Santibáñez (que hoy está negociando con radicales) y Carolina Tello (que hoy milita en el Frente Amplio). Sin embargo, no hay claridad de que los comunistas tengan un bloqueo contra esas legisladoras.

Parlamentarios oficialistas plantean que esta problemática debiera verse caso a caso, porque si se aplicara un criterio parejo y estricto, muchos más parlamentarios quedarían en la lista negra. Por ejemplo, Camila Musante (hoy independiente PPD), Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Tomás Hirsch, que salieron electos en cupos del antiguo partido Comunes (hoy fusionado dentro del Frente Amplio).

Un caso aparte es René Alinco (ex-PPD), que hoy está en conversaciones con su antigua colectividad, pero su nombre es resistido por otras tiendas oficialistas.