El tono había sido contenido. Incluso cuidadoso. Tras la victoria de José Antonio Kast, desde La Moneda se optó por un trato institucional, con gestos de reconocimiento al presidente electo y llamados públicos a una transición ordenada. Pero esa tregua comenzó a mostrar grietas y esta semana ya asomaron los primeros roces entre el gobierno de Gabriel Boric y la futura administración.

El primer cruce se produjo este jueves, luego de que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionara abiertamente al líder republicano.

En entrevista con Radio Infinita, la secretaria de Estado sostuvo que “lo que he visto en el trabajo con parlamentarios del Partido Republicano es que, pudiendo acordar algunas cosas, en general no están de acuerdo con la idea de los derechos de las mujeres”, agregando que “habrá que ver ahora cómo se desarrolla su gestión”.

Además, la titular de la Mujer criticó el eventual retorno de la figura de la primera dama: “En un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco”. Esto, a raíz de que Pía Adriasola volverá a ocupar el cargo.

La respuesta llegó pocas horas después desde el equipo del presidente electo. La vocera de la Oficina del Presidente Electo, Mara Sedini, evitó escalar la controversia, pero sí fijó una posición: “Estamos todos firmemente de acuerdo en los beneficios, los derechos (...). Los derechos de las mujeres son los mismos derechos humanos. No vamos a entrar a polemizar”.

Sobre esto, el presidente de los republicanos, Arturo Squella, indicó que “los ministros salientes tienen que tener cuidado con las declaraciones que hacen. Hay que resguardar precisamente las formas. Estamos hablando de una nueva administración que ganó con una mayoría histórica de respaldo ciudadano que nunca antes habíamos tenido en un Presidente de la República, y eso los debería hacer reflexionar respecto de qué es lo que buscan con este tipo de declaraciones”.

El intercambio, aunque fue acotado, ilustró el inicio de una relación más áspera entre ambas administraciones. Pero este episodio no fue aislado. En paralelo, Squella elevó el tono al referirse a la tramitación del reajuste del sector público, donde el gobierno incorporó una serie de disposiciones que generaron un fuerte rechazo en la oposición y, particularmente, en el mundo republicano.

En entrevista con La Segunda este jueves, el senador electo por Valparaíso advirtió que “si el gobierno sigue con los amarres, estaría dinamitando nuestra relación”, en alusión a normas incluidas en el acuerdo que restringen la no renovación de contratas y el despido de funcionarios públicos justo antes del cambio de mando.

En lo sustantivo, el reajuste incorpora una disposición que establece que la no renovación de funcionarios a contrata -o su renovación en condiciones distintas- deberá realizarse mediante un acto administrativo fundado, con criterios objetivos y acreditables. Además, se habilita a funcionarios con al menos dos años continuos a reclamar por vicios de legalidad ante la Contraloría, salvo que hayan optado por la vía judicial.

A ello se suma una norma que regula al personal de asesoría directa de altas autoridades -por ejemplo, trabajadores de los gabinetes ministeriales- estableciendo causales de cese, mecanismos de transparencia y disposiciones transitorias para su aplicación. Un paquete que, desde la oposición, fue leído como una señal hostil hacia la administración entrante.

Varios parlamentarios opositores criticaron duramente la medida, acusando al Ejecutivo de dejar “candados” que condicionan la capacidad de gestión del próximo gobierno. En el entorno de Kast, en tanto, el episodio fue interpretado como un quiebre del espíritu de colaboración que se había intentado instalar tras el triunfo.

Más tarde, Squella desde la “Moneda chica” profundizó en ello. “Nosotros el día lunes tuvimos una muy buena reunión con el Presidente de la República y con sus ministros más cercanos (...). Eso yo espero que siga así, pero lamentablemente lo que hemos visto en el contexto de la discusión del proyecto de reajuste del sector público, vemos un artículo que rompe o pone en riesgo las confianzas que son tan importantes en esta etapa”.

Y agregó: “Hemos hecho todos un esfuerzo por ir generando una buena relación, no solo por el presente sino por lo que va a venir después del 11 de marzo, y tratar de camuflar entremedio del texto del reajuste una norma que por ley pretende afectar algo tan sensible como las contrataciones (...), es impresentable".

El traspié tensiona, además, el propio relato que el presidente electo buscó instalar la noche de su victoria. “El Estado no es un botín y, por eso, queremos hacer un gobierno de unidad”, afirmó la noche del domingo.

"Queremos impulsar un acuerdo nacional. Dicen que no somos buenos para los acuerdos, pero los vamos a sorprender”, selló.