Como “una situación inédita”, calificó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el requerimiento presentado por 42 diputados oficialistas en contra del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que fue presentado, tramitado y negociado por el propio gobierno.

A juicio de los legisladores de casi todas las bancadas de la alianza gubernamental (los únicos que no suscribieron el recurso fueron los radicales), el texto que fue despachado por el Congreso, con el visto bueno del equipo económico que encabeza Marcel, “no cumple con los límites constitucionales” e infringe “en forma grave” la Carta Fundamental especialmente en materia de protección ambiental y de garantías para pueblos originarios.

Esta presentación se suma a otras incursiones de parlamentarios de gobierno, en abierta rebeldía respecto del manejo económico de Marcel. Por ejemplo, diputados oficialistas aprobaron en general en la Comisión de Economía un proyecto para eliminar la UF, medida que el ministro de Hacienda consideró que sería “un terremoto para el mercado”. También en la Comisión de Trabajo acaban de aprobar la idea de legislar otra moción que suprime el límite de la indemnización por años de servicio, sin escuchar la opinión del Ejecutivo.

Este cuadro de desbande hoy no se limita solo a los legisladores del ala izquierda de la coalición, también se ha expandido en el Socialismo Democrático, sector que había sido el principal soporte político de Marcel.

En los años de gobierno de Gabriel Boric, Marcel -considerado por varios parlamentarios como el ministro más poderoso del gabinete- había sido un dique de contención frente reformas que vulneraban atribuciones presidenciales y que desordenaban la agenda económica, por lo que el nuevo escenario de indisciplina oficialista también abre interrogantes de si titular de Hacienda podrá frenar una nueva arremetida frente a los retiros de ahorros previsionales, cuya discusión podría reactivarse en las próximos meses antes de las elecciones.

Permisología

Esta mañana, en T13 Radio, al ser consultado por el proyecto sobre permisología, Marcel dijo que “nunca habíamos tenido un número tan grande de diputados que presentaran un recurso al Tribunal Constitucional respecto de un proyecto presentado por su propio gobierno”.

En efecto, en el último tiempo, si bien parlamentarios de la alianza gubernamental han marcado disidencia frente a algunas iniciativas presidenciales, a lo más habían presentado oficios con la calidad de “téngase presente”, documentos que tienen un menor peso jurídico ante el TC. Un requerimiento, en cambio, obliga al tribunal a pronunciarse.

A juicio del ministro de Hacienda, al menos la mitad de los legisladores que firmaron este recurso “votó favor del proyecto en el primer trámite constitucional”. “A mi entender, es injustificado, porque los principales argumentos que se dan tienen que ver con la protección del derecho a un medio ambiente sano, en circunstancias de que este es un proyecto que no es sobre regulaciones ambientales, es sobre regulaciones sectoriales distintas de las ambientales”.

“De hecho, esa es la definición básica de ese proyecto. Y tercero, nos parece injustificado también, porque el tipo de planteamiento o el tipo de situaciones que se cuestionan tiene que ver, por ejemplo, con el uso de declaraciones juradas como un mecanismo de validación alternativo al permiso”, alegó el jefe económico del gobierno.

La UF

En el caso del proyecto que elimina la UF, que se está tramitando en la Comisión de Economía de la Cámara, el mismo ministro concurrió en persona a tratar de poner atajo a esta iniciativa

Esta reforma surgió de varias mociones fusionadas de los diputados socialistas Daniel Manouchehri, Ana María Bravo, Daniella Cicardini y Leonardo Soto, del comunista Boris Barrera; del liberal Alejandro Bernales, de la legisladora del Frente Amplio, Javiera Morales, y del independiente-Demócratas, Miguel Ángel Calisto.

“La UF ha tenido un rol importante en el mercado de crédito hipotecario. La indexación impulsó el desarrollo de instrumentos financieros de largo plazo, fomentó el ahorro y la inversión en el sector inmobiliario, y contribuyó a la expansión del mercado hipotecario chileno”, afirmó Marcel, quien agregó que “los bancos ofrecen créditos hipotecarios a plazos más largos y con menores tasas. En este contexto, el tamaño del mercado de crédito hipotecario chileno es sustancialmente más alto que el promedio de América Latina”.

Por ello, el secretario de Estado explicó los efectos negativos que la medida generaría, entre los cuales detalló impactos en las tasas y acceso restringido al financiamiento. “Los bancos enfrentarían dificultades para gestionar el riesgo inflacionario... Ello es especialmente sensible en el contexto actual... no exagero al decir que la eliminación de la UF sería un terremoto para el crédito hipotecario”.

Pese a las advertencias del ministro, la comisión con votos del oficialismo y de Demócratas aprobó la idea de legislar. En contra solo votó el diputado Christian Matheson (independiente Evópoli).

Indemnizaciones

La situación de la moción que suprime el límite de indemnización por años de servicio, no es muy distinta. El proyecto ha sido criticado por la Confederación de la Producción y Comercio, que lo calificó “como preocupante”.

En este tema, Marcel tomó distancia, debido a los efectos que tendría en el mercado laboral. “A lo mejor en lo que terminaríamos es que tendríamos aún más contratos a plazo fijo, aún más rotación laboral”, dijo en T13 Radio. “Cuando uno hace una reforma, no puede suponer que todo va a seguir igual y simplemente se va a aplicar el efecto de la reforma... Es un tema que ojalá los parlamentarios evalúen mucho más a fondo”.