En la oficina de la Secretaría General de la Presidencia, ubicada a un costado de la sala de la Cámara, la ministra titular de la cartera, Macarena Lobos, recibió al presidente de los diputados, José Miguel Castro (RN), y la jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez.

En la cita, a que se sumaron además los diputados Raúl Leiva (PS) y Jaime Araya (indep. PPD), los legisladores opositores le hicieron una oferta a Lobos: votar en los próximos días la reforma que regulariza la multa a los ciudadanos que no voten en elecciones, excluyendo de la sanción a los electores extranjeros.

La jugada coordinada por Castro, quien se reunió con los jefes de comités de la oposición previamente, buscaba salir del inmovilismo ante el bloqueo de la alianza gubernamental a las distintas iniciativas que buscaban regular la multa.

Si bien hay legisladores de gobierno a los que no les gusta el voto obligatorio -ya fijado en la Constitución-, a la mayoría de los partidos oficialistas les preocupaba esencialmente el efecto de los electores extranjeros, cuyo derecho a votar en todo tipo de elecciones está consagrado desde los años 80 en la Carta Fundamental.

Los parlamentarios de izquierda temían una suerte de voto de castigo en particular de los inmigrantes venezolanos, que salieron de su país por razones políticas y que podrían votar por el solo hecho de estar regularizados y tener 5 años de residencia, incluso temporal.

Al fijarse una multa, en el oficialismo creían muchos migrantes, que por lo general tampoco participan en comicios, a veces por desconocimiento de la legislación chilena, podrían volcarse masivamente a las urnas.

No obstante, la oferta de los diputados de derecha intentaba despejar al menos esos temores.

De hecho, la propuesta de Castro, que también fue consultada con el comando de Evelyn Matthei (UDI) y fue aceptada por el Partido Republicano, implicaba descongelar un proyecto de la misma diputada Pérez (Demócratas) que aplica la multa a “ciudadanos”, concepto que incluye solo a chilenos o extranjeros nacionalizados, no a los inmigrantes que están en una situación de transición.

Esta iniciativa, que establece una multa que fluctúa entre $34 mil y $204 mil, ya fue aprobada por la Comisión de Gobierno de la Cámara y es distinta a la reforma impulsada por los senadores opositores, que fija una sanción pecuniaria, un poco más alta, a todos los electores, chilenos y extranjeros.

La jugada opositora sorprendió a legisladores oficialistas y a la ministra, que ha sostenido varias conversaciones por el tema. Por ello, pidieron un par de días para analizar la propuesta. No obstante, varios adelantaban que la idea les parecía razonable, por lo tanto, algunos parlamentarios del oficialismo, incluso del Frente Amplio y el PC, estarían abiertos a votar a favor.

En la alianza gubernamental suponían que la oferta surgida de Chile Vamos era una reacción a la encuesta del Panel Ciudadano de la UDD, que mostraba que el voto de extranjeros favorecía mayormente a José Antonio Kast (republicano) antes que a Matthei (UDI).

Para desatar el nudo en forma inmediata, los diputados opositores le dieron dos alternativas al gobierno: votar este mismo miércoles la reforma de la diputada Pérez, que lleva varios meses esperando su turno para ser discutida en la sala, o convocar a una sesión especial el próximo lunes.

Esa situación, sin embargo, se despejará en la reunión de comités de mañana.

“Razonable”

El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), dijo que “el proyecto de Joanna Pérez es un proyecto absolutamente consensuado o razonable. Voy a conversar también con los comités, donde están todos los representados de la Cámara, para hablar acerca de la posibilidad de una sesión especial para eso”.

La diputada Pérez (Demócratas) dijo que su proyecto tiene apoyo transversal y “habla de (multa) ciudadanos”, sin embargo, igual permite que voten los extranjeros que tengan residencia en Chile por más de 5 años. “¿No le gusta el proyecto del Senado porque hace votar a los extranjeros? Bueno, está el nuestro que deja fuera la multa de los extranjeros. Basta del baile de máscaras, basta de la calculadora en mano”.

El jefe de bancada de los republicanos, Cristián Araya, dijo que “estamos convencidos que debemos generar todos los incentivos necesarios para aumentar la participación en el proceso electoral. (Solo poner la multa a chilenos) es algo que se puede discutir y, en la medida que eso le dé viabilidad al proyecto, sí podríamos estar llanos a poder discutirlo y sumarnos a conformar una mayoría transversal”.

El jefe de los diputados UDI, Henry Leal, agregó que “hay un mandato que está en la Constitución que el voto sea obligatorio para todos. Los extranjeros también tienen la obligación de votar, porque se los permite la Constitución, pero no tendrían multa. Esa es la salida intermedia”.

“Queremos que se apure este tema. Hoy día, el gobierno no le quiere poner urgencia a un proyecto que ya viene del Senado, por lo que vamos a mandar al Senado este otro proyecto. No podemos depender de la voluntad legislativa del Presidente de la República y del Ministro del Interior, que lo único que ha hecho es entorpecer”, dijo el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Rubén Oyarzo (radical), señaló que “yo concuerdo con el proyecto de la diputada Joanna Pérez, porque además creo que es una anomalía el tema que voten extranjeros obligatoriamente”.

El diputado Eric Aedo (DC), quien además es vicepresidente de la Cámara, comentó que está “absolutamente de acuerdo con apoyar el proyecto que ha presentado la diputada Johanna Pérez, de sancionar a los chilenos y no sancionar a los extranjeros. Acá la derecha tiene que demostrar su propia blancura. La derecha, todos los días, dice: ¡fuera a los inmigrantes! Pero cuando les conviene la votación de los inmigrantes, entonces quieren que voten”.

Voto a europeos

La norma constitucional, redactada durante el régimen militar, que le otorga el derecho a voto a los extranjeros, originalmente buscaba hacer un reconocimiento a los europeos que vivían hace muchos años en Chile, pero que por razones personales no se nacionalizaban para mantener un vínculo con sus países de origen.

Esa situación, por ejemplo, no era el caso de la mayoría de los inmigrantes árabes o sudamericanos que sí se nacionalizaban y jurídicamente pasaban a ser “ciudadanos” chilenos.

Sin embargo, el cuadro cambió con la intensa oleada migratoria de la última década y con algunos cambios legales y constitucionales que convirtieron al sistema electoral chileno en una singularidad a nivel mundial.

Con la ley de inscripción automática del 2012, que implementó por algunos años el sufragio voluntario, se incorporó en el padrón a muchos extranjeros que hoy estarían obligados a votar aun contra su voluntad. Antiguamente, el registro electoral siempre fue voluntario.

En vista de que la ley se aplica a todos extranjeros con más de cinco años de residencia, independiente de que sea temporal o definitiva, muchos ni siquiera saben que están habilitados a votar.

El problema se agudizó con la reforma constitucional de 2022 que retornó al sufragio obligatorio, por lo que ahora estos inmigrantes, además, tienen el deber de concurrir a las urnas.