Una cerrada defensa al fallo de la Corte Suprema manifestaron este lunes parlamentarios de oposición, luego de que el máximo tribunal rechazara de forma unánime el requerimiento impulsado por diez diputados oficialistas para destituir al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

La presentación, que acusaba faltas graves como filtración de antecedentes y desproporcionalidad en sus acciones investigativas, fue declarada sin fundamentos por el máximo tribunal del país, ratificando la continuidad de persecutor en el cargo.

Desde la oposición, la decisión fue recibida como un respaldo institucional al principio de autonomía del Ministerio Público y una advertencia contra eventuales intentos de presión política sobre el sistema de persecución penal.

Al respecto, el diputado Roberto Arroyo, jefe de bancada del Partido Social Cristiano (PSC), sostuvo que “el fallo de la Corte Suprema entrega una señal positiva al país en cuanto al respeto de las instituciones y la autonomía del Ministerio Público”.

“La remoción no puede transformarse en una herramienta de presión política. Hoy más que nunca necesitamos una Fiscalía fortalecida y enfocada en el combate al crimen organizado, no entrampada en disputas que no aportan a la seguridad que la ciudadanía demanda”, agregó.

Una visión similar expresó la diputada Marlene Pérez, subjefa de bancada de la UDI, quien criticó el trasfondo político de la solicitud presentada por parlamentarios oficialistas.

“Lo resuelto por la Corte Suprema confirma que no todo vale en política. Hay que ser muy responsables cuando se cuestiona a una autoridad como el fiscal nacional, porque eso tiene impacto directo en la credibilidad del sistema de persecución penal. Aplaudo que el máximo tribunal haya puesto por delante el Estado de Derecho, reafirmando que la Fiscalía debe mantenerse al margen de presiones externas, sobre todo en momentos en que el país vive una ola delictual que exige respuestas claras, firmes y coordinadas”, dijo.

En tanto, el diputado Jorge Guzmán, subjefe de bancada de Evópoli, cuestionó el uso político del requerimiento.

“Importante que la Corte Suprema rechazara un recurso de remoción motivado por mezquinos intereses políticos. Es irresponsable que parlamentarios de izquierda, quieran incidir en investigaciones penales del Ministerio Público a través de este tipo de acciones. El respeto del estado de derecho y la independencia de poderes, pasa por hacer buen uso de las herramientas judiciales y de control”, remarcó.

Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) valoró que Cooper continúe en funciones y destacó su rol en investigaciones de “alto impacto”.

“Es una buena noticia para la justicia que no se haya ordenado la remoción del fiscal Cooper. Es bueno que él siga conociendo de distintas causas, porque gracias a él se pudo conocer de casos tan emblemáticos de corrupción como fue el caso Procultura y otros que ha dirigido. Esperamos que siga trabajando con objetividad, con la celeridad que los chilenos necesitan y, sobre todo, con las diligencias necesarias, sean para quien sea y cueste lo que cueste”, afirmó.

Con este fallo, la Corte Suprema no solo cerró la puerta a la salida anticipada del fiscal Cooper, sino que también marcó un precedente sobre los límites de la fiscalización política al interior del sistema judicial, en un contexto de creciente tensión entre poderes del Estado.