Un tema incómodo dentro de su propia coalición instaló el Presidente Gabriel Boric al anunciar una reforma constitucional que permitirá, mediante decreto supremo y por el tiempo que sea necesario, desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera.

Si bien la Carta Fundamental ya contempla desde 2023, gracias a una reforma aprobada en este gobierno, que los militares sean empleados en resguardo de la frontera y la infraestructura crítica, obliga a que, al cabo de tres meses, el Ejecutivo tenga que pedir la aprobación de la Cámara y el Senado para renovar el despliegue de tropas.

De acuerdo a la disposición, solo el primer decreto no requiere de la venia parlamentaria, pero después es necesario someter cada prórroga al consentimiento, por mayoría simple, de ambas ramas del Poder Legislativo.

La idea del Ejecutivo es separar lo que es resguardo de la frontera (por lo general, zonas deshabitadas) y la protección de infraestructura crítica (obras públicas, centrales energéticas, establecimientos de salud, lugares de abastecimiento de alimentos y agua potable, etc.), ya que tienen definiciones completamente distintas. Sin embargo, en la pasada tramitación quedaron ligadas.

De acuerdo al análisis del gobierno, el resguardo de fronteras, a raíz de la crisis migratoria, necesita de una política de más largo plazo, mientras que la protección de infraestructura crítica es más bien circunstancial.

Por ello, la principal novedad del anuncio de Boric es ahorrarse el control efectivo del Parlamento, aun cuando en La Moneda dicen que igualmente el proyecto contemplará un mecanismo de reportes periódicos a diputados y senadores, al tiempo que están abiertos a acoger sugerencias en el trámite legislativo.

Distancia PC

En el Partido Comunista, sin embargo, es donde más dudas dejó el anuncio, ya que existe una histórica resistencia al uso de las FF.AA. para tareas de seguridad interna, además de que hay una posibilidad de que se termine legislando una herramienta podría quedar en manos de un futuro gobierno de derecha.

El miércoles el diputado Matías Ramírez (PC) ya había dicho que quería estudiar el proyecto antes de pronunciarse.

Entre sus pares de bancada también reaccionaron con cautela. Incluso, algunos legisladores comunistas optaron por no opinar aún.

“Tengo mis dudas y creo que hay que dar una discusión bastante amplia dentro del Congreso. Yo no digo a buenas y a primeras que esto se rechace... El contrapeso del Congreso, si bien siempre se espera en un Estado que es democrático, ya el Congreso ha normalizado también esta situación (el despliegue militar en la frontera)”, dijo la diputada Daniela Serrano (PC).

“Sin duda es importante el resguardo de la frontera. Sin embargo, en principio, creo que, respecto del rol de las Fuerzas Armadas, es preferible que la excepción no se transforme en la regla general. Hay que evaluarlo, pero me parece que la mejor opción es que esas medidas sean votadas en el Congreso”, complementó el también diputado Luis Cuello (PC).

FA sin una opinión

En el caso del Frente Amplio, hubo reacciones divididas.

El diputado Jorge Brito (FA), integrante de la Comisión de Defensa, respaldó el anuncio presidencial. “(Evitar la aprobación del Congreso cada tres meses) permite mejorar en eficiencia, en efectividad los instrumentos que hoy se están utilizando. Porque si usted, yo y la oposición estamos de acuerdo en algo, es que la frontera tiene que tener un estricto control”, dijo.

Y agregó: “En consecuencia, este despliegue tiene que continuar y el instrumento que el Presidente ha anunciado va en la línea correcta para permitir que no tengamos que hacer perder el tiempo a este Congreso cada tres meses para continuar con este despliegue”.

Una postura distinta expresó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien sostuvo que “a mí no me gusta ese mecanismo, pero creo que estoy abierta a discutirlo en la medida en que haya cierto debate legislativo que sea rico en entender cuáles son las complejidades de esta propuesta y cuáles son los efectos que pueden ser contrarrestados con otras medidas”.

“Prefiero que las discusiones pasen por el Congreso, y en ese sentido, que no quede como una facultad permanente del Presidente de la República”, agregó la diputada Lorena Fries (FA).

La diputada Maite Orsini (FA), por su parte, manifestó una posición intermedia. “Es una medida extraordinaria, estrictamente acotada al control fronterizo. Si se habilitan controles de identidad, registros y detenciones en flagrancia en esa zona, todo debe estar reglado, con límites temporales, control civil, protocolos y respeto irrestricto a los derechos humanos. Seguridad sí; militarización permanente, no. Menos usar esta figura como comodín para otros ámbitos del orden interno”, señaló.

Molestia opositora

Desde la oposición, donde también criticaron a Boric por tener una contradicción entre su anuncio y la demora en liberar recursos para las FF.AA., pusieron en duda la credibilidad de sus palabras.

“El Presidente de la República, en una nueva voltereta, ahora nos presenta un plan donde busca tener desplegados a los militares por decreto, a ellos que no les gustaba gobernar por decreto. Presidente, ya los chilenos no le creemos a estas supuestas buenas intenciones, porque si realmente usted tenía un compromiso con el resguardo de las fronteras, debió haberlo hecho al segundo día que asumió”, señaló la diputada Camila Flores (RN).

“El gobierno no puede seguir usando las Fuerzas Armadas como parche de emergencia si al mismo tiempo le recorta el presupuesto. Pretender que custodien la frontera norte con menos recursos es una contradicción y una irresponsabilidad. La estrategia que ha planteado el Ejecutivo se transforma en un discurso absolutamente vacío”, dijo el senador Javier Macaya (UDI), presidente de la Comisión de Defensa.

“No corresponde que el Presidente Boric esté exigiéndoles más hoy día a las Fuerzas Armadas si no es capaz de comprometerles los recursos para cerrar este año. El Presidente no puede ir al norte de la frontera y hacer un gran punto de prensa y simular como que existe un compromiso con la defensa y la seguridad del país cuando no ponen la plata donde están sus palabras”, afirmó el diputado Luis Sánchez (republicano).

“Lo que llama más la atención es que se pretenda desplegar por la vía de un proyecto al ejército en la frontera norte, sin haber cumplido con los requisitos mínimos, que es solventar sus gastos. La deuda, dineros que deberían provenir, tanto del Ministerio del Interior como Dipres, es algo inaudito”, añadió su par de la Cámara, Francisco Undurraga (Evópoli).

Controles de identidad

El anuncio del Presidente Boric fue realizado en Colchane en la inauguración de las etapas II y III del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron), que busca fortalecer la seguridad con aeronaves no tripuladas, equipos de vigilancia y Puestos de Observación Fronteriza (POF).

Acompañado por el ministro de Seguridad, Luis Cordero; y su par de Defensa, Adriana Delpiano, el Mandatario resaltó la inversión de más de 13 millones de dólares para estas nuevas tecnologías y señaló: “El control de nuestras fronteras ha sido una prioridad de este gobierno”.

En medio del lanzamiento, el Jefe de Estado explicó que con el proyecto las FF.AA. “podrán realizar controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la PDI en zonas fronterizas sin necesidad de renovar la autorización cada tres meses por parte del Congreso”.

Y añadió: “Confío en que la tramitación de esta reforma constitucional sea expedita en el Congreso Nacional, que es lo que los chilenos y chilenas esperan”.