Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz
Aunque el bimistro de Energía y de Economía, Álvaro García (PPD), se había mostrado disponible para tramitar una ley corta, el Ejecutivo aún no ingresa su propia iniciativa. Por mientras, Karol Cariola (PC), Camila Musante (indep. PPD) y Javiera Morales (FA) ya presentaron sus mociones, que podrían tener problemas de constitucionalidad.

A pesar de que esta semana los parlamentarios tienen trabajo territorial en sus zonas, esto no ha sido impedimento para que distintas bancadas continúen con su ofensiva legislativa por el error metodológico que redundó en cobros excesivos en las cuentas de la luz.
Este martes las diputadas Karol Cariola (PC) y Camila Musante (ind. PPD) y Javiera Morales (Frente Amplio), por separado, se anticiparon al gobierno y anunciaron sus propios proyectos de ley para restituir los montos que fueron cobrados indebidamente por los consumidores.
Como idea matriz, la diputada comunista propone una nueva función para la Comisión Nacional de Energía (CNE) que “deberá instruir a las empresas concesionarias de servicios eléctricos la devolución automática, proporcional y reajustada de los montos cobrados en exceso a cada usuario afectado, en el plazo más breve posible dentro del ciclo de facturación siguiente o, en todo caso, en un plazo máximo de 60 días contado desde la detección del error”.
El proyecto, además, establece auditorías periódicas, que eventualmente podrían irrogar más gasto fiscal, y “un marco permanente de transparencia, fiscalización y responsabilidad institucional”, que debe ”ser consultable y verificable por cualquier ciudadano”.
Consultada Cariola, señaló: “Este proyecto es totalmente admisible; sin embargo, de todas formas, estamos pidiendo una reunión al ministro para concretar el patrocinio de este proyecto de ley que busca claramente contar con una mayoría parlamentaria, ojalá de todos los sectores políticos, para poder lograr tener estas cuentas claras”.
Un fondo y plazos
El proyecto de Musante, en tanto, tiene por objeto “establecer un mecanismo extraordinario, ágil y transparente para la devolución de cobros indebidos en las cuentas de electricidad derivados de errores en la aplicación o cálculo de tarifas reguladas, así como para mitigar los impactos económicos que dichos errores pudieren generar en los consumidores finales y en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
Junto con ello, establece que la CNE “elaborará un informe técnico definitivo que determine la existencia, magnitud y distribución temporal de cobros indebidos en las tarifas eléctricas”.
En su artículo tercero, crea un Fondo de Restitución Tarifaria Eléctrica (FRTE), que será administrado por la Tesorería General de la República, y que estará destinado “exclusivamente a financiar las devoluciones o compensaciones”.
El proyecto de Morales plantea que, en cada proceso de fijación tarifaria de distribución, la CNE “podrá identificar eventuales montos cobrados en exceso a los usuarios finales durante el período tarifario anterior, originados por errores de cálculo, aplicación indebida de metodologías o cualquier otra causa no prevista”.
Además, para enfrentar el actual problema, propone un artículo transitorio que le fija a la Comisión Nacional de Energía un plazo de 30 días, desde publicada esta ley, “para dictar el decreto tarifario que contenga el mecanismo de devolución correspondiente”. “La devolución deberá hacerse a través de un solo abono en la facturación inmediatamente siguiente. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles deberá velar por la correcta implementación de la forma, plazo y condiciones”.
A pesar de este paso, los proyectos probablemente requerirán del patrocinio del Ejecutivo, ya que determinan funciones o atribuciones de servicios públicos y eventualmente inciden en la administración financiera del país, además de irrogar gasto fiscal en algunos casos.
El impedimento constitucional, en ese sentido, está dado por el artículo 65 de la Carta Fundamental, que establece cuáles son las facultades exclusivas del Presidente de la República en la generación de proyectos de ley.
Emplazamientos y señales
Por el momento, la única señal que ha enviado La Moneda son las palabras del biministro de Energía y Economía, Álvaro García (PPD). En conversación con radio Universo, este lunes, el secretario de Estado señaló que “si hubiera un acuerdo transversal de procesar esto muy rápido se podría considerar, pero la experiencia nos indica que es muy difícil”.
Junto con ello, García afirmó estar “abierto al diálogo y a recibir buenas ideas”. Y añadió: “Lo importante es el acuerdo transversal; si todas las bancadas se pusieran de acuerdo en un trámite expedito, yo estaría dispuesto a considerarlo”.
Recogiendo el guante, esta mañana en Desde La Redacción, de La Tercera, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que “si el Ministerio de Energía presenta y tiene una propuesta rápida, yo aseguro que con una discusión inmediata nos pueden citar un jueves, un sábado, un domingo y esto sale”.
Quien también había emplazado al Ejecutivo fue el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN). “Nosotros vamos a dar todas las garantías, sesiones especiales (comisiones) investigadoras que se puedan hacer, pero por sobre todas las cosas llamamos al gobierno a presentar rápido una ley”, señaló.
En palabras más generales, el Presidente Gabriel Boric sostuvo que "“las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben, y si es que lo hacen, cada peso será devuelto, así va a ser, de eso nos vamos a preocupar y encargar como gobierno”.
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