La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó esta jornada un oficio de fiscalización ante la Contraloría, a la que solicitan pronunciarse sobre la legalidad y eficacia administrativa del nombramiento de Patricia Muñoz como directora del recientemente creado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

Esto, en el marco de las críticas generadas desde la oposición por la decisión del gobierno de incluir en el proyecto de ley de reajuste público, normas que buscan restringir el despido de funcionarios públicos en durante el próximo gobierno de José Antonio Kast.

Al respecto, Frank Sauerbaum, jefe de bancada RN, señaló que “el Presidente Boric y la izquierda denunciaron por años lo que denominaron las ‘leyes de amarre’ de Pinochet, y ahora resulta que se ponen a la misma altura. El Presidente Boric lamentablemente deja el gobierno por la puerta chica y dando señales de un liderazgo chico, sin visión de Estado”.

En el documento, los parlamentarios advierten que la designación se realizó pese a que la autoridad nombrada se encuentra en estado de embarazo avanzado, lo que implica que estará con licencia médica por un período que podría extenderse al menos por seis meses.

Según señala el oficio, esta situación “genera una desventaja desde el punto de vista institucional y del buen servicio, especialmente tratándose de un organismo nuevo cuya etapa de instalación requiere conducción directa, toma de decisiones estratégicas y liderazgo institucional efectivo”.

Asimismo, el escrito subraya que “en los hechos, la persona designada no ejercerá efectivamente el cargo durante una parte sustantiva de la fase inicial de funcionamiento del servicio”, lo que plantea dudas razonables respecto del cumplimiento del mandato legal que dio origen a esta nueva institucionalidad, creada precisamente para responder de manera urgente a las necesidades de las víctimas, en particular de delitos violentos y grupos vulnerables.

Finalmente, el texto sostiene que esta situación “no puede ser analizada únicamente desde una perspectiva formal del acto de nombramiento, sino que debe ponderarse a la luz de su eficacia real y del cumplimiento del interés público comprometido”, solicitando a la Contraloría evaluar si el nombramiento resulta compatible con los principios de eficiencia, continuidad y buen funcionamiento de la administración pública, particularmente en un servicio recién creado.