Aunque los pagos de los viajes habrían sido reembolsados, las dos travesías en crucero por Europa, realizadas junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, terminaron resultando demasiado costosas para el destituido ministro de la Corte Suprema Diego Simpértigue.

Este lunes el Senado aprobó dos de los tres capítulos contra el alto magistrado, que contenía la acusación constitucional presentada por legisladores oficialistas, entre ellos los socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, acción que ya venía con un respaldo unánime de la Cámara de Diputados.

Una vez que el veredicto del Senado sea notificado al Poder Judicial, Simpértigue perderá el cargo y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos, incluyendo la docencia en universidades estatales, por los próximos 5 años. Para producir ese efecto, en todo caso, bastaba que se aprobara solo uno de los cargos de la acusación.

Unánime

En el caso del primer capítulo, el episodio de un crucero por el Mediterráneo, realizado en junio de 2024, fue gravitante en el resultado. Ese cargo quedó con una marca inédita de haber sido aprobado en forma unánime por ambas ramas del Poder Legislativo.

Este punto le reprochaba al magistrado haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el litigio entre Codelco y la empresa de capitales bielorrusos Belaz Movitec, que tenía como representantes a los abogados Lagos y Vargas. Esta parte del libelo fue aprobada por 43 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

“El principio de probidad comprende naturalmente la imparcialidad, la independencia, pero también comprende la prudencia. Si nosotros validamos esto (el viaje en crucero), significa que un ministro de la Corte Suprema les puede decir al resto de los ministros de cortes de Apelaciones ‘caballeros no hay problema, váyanse de crucero con cualquier abogado de la plaza. Esto es normal’. ¿Qué le está diciendo al pueblo? ¿Que los poderosos se arreglan de esta manera?”, dijo, por ejemplo, el senador Francisco Huenchumilla (DC), al fundamentar su voto a favor.

“Se sostiene que el ministro falló a favor de una empresa, en un caso que involucra grandes cantidades de dinero, mientras tenía amistad y realizaba viajes con abogados de la empresa. No se reprocha su amistad ni los viajes, sino que se reprocha la omisión de información de tal relación. Asimismo, no inhabilitarse para conocer del caso. No queremos impedir que cualquier ministro tenga amistades, viajes o que, incluso, sus amigos le puedan prestar dinero legalmente, sino que en esos casos debe declararlo e inhabilitarse”, añadió, a su turno, la senadora Luz Ebensperger (UDI).

“Es obvio que esa conducta es absolutamente reprochable y que a ningún ciudadano le parece aceptable que un ministro se vaya en un crucero después de haber fallado a favor de esos abogados que lo invitan”, añadió el senador Rodrigo Galilea (RN).

Su par Gastón Saavedra (PS) también resaltó ese punto. “El ministro Simpértigue, solo unos días después de fallar en este litigio millonario (Belaz Movitec) se fue en un crucero con estos abogados… es evidente que, dado su grado de cercanía con los abogados, lo mínimo que tenía que hacer era inhabilitarse".

En esta votación, sin embargo, se inhabilitaron los senadores Pedro Araya (PPD), quien sinceró conocer hace años al acusado, y Francisco Chahuán (RN), quien suele restarse ante estos procesos debido a que su esposa es jueza en la Quinta Región. Tampoco concurrieron a la sesión por razones de salud y viajes, entre otros motivos, los senadores Jorge Soria (ind.-PPD), Fabiola Campillai (ind.), María José Gatica (RN), Esteban Velásquez (Frevs) y Juan Castro (PSC).

Otros capítulos

El segundo capítulo, en tanto, fue el único que se rechazó al no alcanzar el mínimo de 25 respaldos en la sala. En este punto se cuestionaba al supremo de haber faltado de manera notable al deber de probidad por supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales, en particular, porque presuntamente habría favorecido a su yerno. Esa imputación, sin embargo, fue negada por la defensa y no logró convencer a la mayoría. Este cargo solo tuvo 18 votos a favor, tres en contra y 20 abstenciones.

El tercer capítulo, que se aprobó por 33 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, acusaba al juez de haber infringido de manera notable el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta, firma que también contrató la asesoría de Lagos y Vargas .

Poco después de que la sala que integraba Simpértigue fallara en marzo de 2023, en favor de los intereses de la Inmobiliaria Fundamenta -que buscaba destrabar un proyecto en Ñuñoa-, el alto magistrado ya se había embarcado, en abril de ese año, junto a los mencionados abogados en otro crucero por Europa.

Los descargos del acusado

Con los brazos cruzados y el rostro serio, Diego Simpértigue, escuchó atentamente a los diputados Manouchehri (PS), Jorge Rathgeb (RN) y Carolina Tello (FA), que este lunes en la mañana alegaron ante el Senado a favor de la acusación.

Incluso, a pesar de que el juez acusado reforzó su defensa con el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, conocido por sus amplias redes políticas, ya desde temprano el pronóstico era adverso.

“El mea culpa que tengo que hacer es haber sido demasiado inocente”, dijo tras la ronda de votaciones el destituido magistrado.

En la sala también hizo descargos. ”He sido juez toda mi vida. Y no merezco lo que está pasando. Lo que ocurrió fueron hechos que sucedieron en un momento en donde todo había normalidad. No había ninguna investigación. No había nada que sospechar. Y en aquel entonces yo actué de buena fe... Me pueden imputar cualquier cosa ahora, pero yo tengo mi conciencia tranquila. Y lo único que pido de los honorables senadores es que conmigo ahora sean justos", dijo con tono severo Simpértigue mientras (literalmente) se golpeaba el pecho.

Crisis histórica

La presentación contra el supremo forma parte de una saga de libelos contra miembros del Poder Judicial iniciadas en el último tiempo, a raíz de irregularidades destapadas por investigaciones periodísticas y del Ministerio Público.

Producto de acusaciones constitucionales, desde octubre de 2024 ya se había cursado la destitución de dos exministros de la Suprema (Ángela Vivanco y Sergio Muñoz) y de un exmagistrado de la Corte de Apelaciones (Antonio Ulloa). A ello se suman otros dos escritos que fueron desestimados: uno contra la misma Vivanco y otro en contra del ministro de la Suprema Jean Pierre Matus.

Con la aprobación de este nuevo libelo, Simpértigue se transformará en el cuarto alto magistrado y en el tercer supremo en ser removido por el Congreso.

La actual cantidad de jueces destituidos a manos de parlamentarios ya es una situación inédita en los 215 años de historia republicana.

Aunque en el siglo XIX y en el siglo XX hubo ciclos de presentaciones masivas contra magistrados (una de ellas contra Manuel Montt, quien antes y después de ser Presidente de la República ejerció como ministro de la Suprema), estas acciones nunca habían prosperado, salvo el libelo presentado en diciembre de 1992 contra el exministro Hernán Cereceda, quien, hasta antes del actual período parlamentario, era el único juez que había sido destituido por el Parlamento.

El punto es que este ciclo de acusaciones, que solo ha acentuado la crisis del Poder Judicial, aún no ha acabado, ya que podría haber una nueva presentación.

De hecho, la semana pasada los diputados Manouchehri y Cicardini reabrieron una ofensiva contra Matus, que salió nuevamente al ruedo por una publicación del medio Reportea que lo vinculaba al proyecto minero y portuario Dominga.

“Hemos sabido de 250 millones de pesos traspasados de Dominga a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas sin una justificación aparente. Luego hemos visto un traspaso de parte de estos abogados a la esposa del juez Jean Pierre Matus y, acto seguido, fallos del señor Jean Pierre Matus a favor de Dominga. Nuevamente, además, están involucrados en este caso el señor Simpértigue y la señora Ángela Vivanco. Esta es una situación extremadamente grave y huele a corrupción”, dijo Manouchehri, quien hizo una denuncia en la Fiscalía para que se investiguen estos hechos.

Ante este nuevo caso, la Corte Suprema ya designó al fiscal judicial Jorge Pizarro para indagar la autodenuncia realizada por el mismo Matus, con el fin de aclarar sus lazos con la empresa Andes Iron, la cual supuestamente buscaba allanar la aprobación administrativa y judicial al proyecto Dominga, en la Región de Coquimbo.