Nuevamente en la tabla de la sala del Senado figura esta semana el informe de la comisión mixta que se conformó para resolver los nudos de la llamada ley de notarios, archiveros y conservadores, una de las iniciativas más conflictivas de los últimos años.

Sin embargo, al igual que la semana pasada, es altamente probable que la iniciativa, ingresada en 2018 por el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera, no se vote y se postergue una vez más.

La razón de aquel aplazamiento es que aún las autoridades del Senado no resuelven sus pasos a seguir luego de que la Cámara de Diputados, en una inusual jugada legislativa, no se ciñera exactamente al esquema de votación propuesto en el informe de la comisión mixta, lo que dejó a ambas ramas del Congreso al borde de una guerra institucional.

La jugada de Cámara se tradujo en el rechazo del régimen especial para el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), que había sido el último y gran punto de discordia de la tramitación. En concreto, ello incidiría en que el conservador capitalino, que atiende a 26 comunas metropolitanas, podrá ser dividido mediante un decreto del Presidente de la República, al igual que otras instituciones registrales del país, lo que desarmaría su gigantesco y millonario modelo de gestión. Se estima que mensualmente los ingresos del CBRS superan los mil millones de pesos.

El miércoles de la semana pasada, este proyecto sobre notarios y conservadores estaba en tabla. No obstante, al inicio de la sesión, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), pidió suspender el encuentro para convocar a una reunión de emergencia de los comités (jefes de bancada).

En esa reunión, se acordó mandatar al secretario del Senado, Raúl Guzmán, para tomar contacto con el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, con el fin de buscar un entendimiento. Sin embargo, según comentan senadores y diputados, las gestiones no dieron frutos y la Cámara no retrocedió en su postura.

Fuentes parlamentarias comentan que algunos senadores también se comunicaron con sus representantes en la Cámara, que reiteraron que no se moverían de su decisión que implicaba rechazar el régimen especial del CBRS para habilitar su división.

El problema se suscitaba porque la mayoría de los senadores, a diferencia de los diputados, eran partidarios de mantener el modelo de inamovilidad del Conservador de Santiago, argumentando que desarmar una institución tan grande que históricamente ha funcionado, podría traer más problemas que beneficios. De hecho, el senador Ossandón, durante la tramitación, fue uno de los principales defensores de la “no división”.

Sin embargo, en la comisión mixta, conformada por senadores y diputados, los representantes de la Cámara Alta se allanaron a dividir al CBRS con ciertas restricciones especiales. Para ello, el informe que finalmente emanó de la comisión mixta, presidida por la senadora Paulina Núñez (RN), contemplaba un alambicado proceso de tres votaciones que estipulaba que caso de que no se aprobara el régimen especial se volviera a un modelo indivisible, como el actual.

Ciertos diputados quedaron disconformes con esta fórmula “salomónica”, ya que a su juicio el régimen especial del CBRS igualmente era una “no división” maquillada.

No obstante, la Cámara ajustó el esquema de votación, que planteaba el informe de la mixta, y solo se pronunció respecto del régimen especial del CBRS, que al ser rechazado -solo logró 50 votos a favor de los 77 que requería, 33 en contra y 33 abstenciones-, dejó al conservador santiaguino sometido a las normas generales de división que rigen para el resto del país.

El argumento que pesó en la Cámara para alterar el mecanismo de votaciones se sustentó en una grave denuncia del diputado Leonardo Soto (PS), quien integró la mencionada comisión mixta. Según Soto, el informe de la mixta contenía una irregularidad, pues no recogía fielmente lo que se acordó en la mixta e incluía sorpresivamente una tercera votación que la Cámara simplemente se saltó.

“Alguien introdujo esta votación en el informe, lo que evidentemente es irregular”, dijo Soto.

El hecho molestó especialmente a los senadores de la Comisión de Constitución, que advirtieron que usarían herramientas institucionales para revertir esta jugada que para ellos era inconstitucional, pues era un vicio en la tramitación.

No obstante, desde la Cámara transmitieron a los senadores, una advertencia mucho más severa. Si el Senado escalaba su reclamo, ciertos diputados deslizaron que podrían hacer una denuncia de carácter penal ante el Ministerio Público por adulteración de instrumento público, ya que el informe contenía elementos que no habrían sido acordados. Ello habría ocasionado una situación inédita e insólita: una disputa jurídico-legislativa de las dos ramas del Congreso resolviéndose en un juzgado del crimen.

Representantes del Senado y la Cámara, sin embargo, señalan que las amenazas veladas de ambos lados han bajado, ya que la idea es evitar a toda costa “que la sangre llegue al río”.

Por tal razón, senadores admiten que ya es muy difícil revertir lo obrado por la Cámara, ya que al ser rechazado el régimen especial del CBRS por esa rama del Congreso, no puede ser revivido por el Senado.

Una de las alternativas que queda es que los senadores recurran al Tribunal Constitucional para que retrotraiga el trámite legislativo (hay casos en que ello ha ocurrido) y obligue a la Cámara a repetir la votación si es que estima que estuvo viciado su proceder.

La otra vía es persuadir al gobierno que envíe un veto para resolver esta última discrepancia entre ambas corporaciones. Sin embargo, en el Ejecutivo, donde han estado al tanto del conflicto, prefieren mantenerse al margen de esta pelea.