Al menos un respiro para los parlamentarios significa el nuevo plazo otorgado por el Servicio Electoral (Servel) para legislar respecto de la multa a quienes no sufraguen en las próximas elecciones.

Ad portas de la presentación de candidaturas al Congreso y a la Presidencia, el próximo 18 de agosto, los diputados de oposición activaron una ofensiva para descongelar el proyecto que regulariza esta sanción económica antes de que venciera ese plazo. Esta iniciativa, que solo aplica la multa a ciudadanos chilenos y exime de la sanción a electores extranjeros, se votará el próximo lunes en la sala de la Cámara en una sesión especial.

No obstante, hay una interpretación jurídica asentada en el Servel y en el gobierno de que mientras no se modifique el padrón electoral, las reformas electorales que buscan reforzar el carácter de sufragio obligatorio tienen tiempo para discutirse hasta días antes de los comicios presidenciales y parlamentarios del 16 de noviembre.

La presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, aclaró que “las multas asociadas al voto obligatorio se cobran una vez que se produce la elección, pero es muy importante que la ciudadanía conozca previamente los montos de las multas. Es por ello que la legislación al respecto debiera establecerse y comunicarse previo a la elección”.

Situación distinta es un eventual cambio al padrón electoral, como era la intención original del Ejecutivo para excluir o restringir la participación de extranjeros, en especial de la mayoritaria comunidad venezolana, de la cual se teme que adopte un “voto castigo” contra la izquierda.

En caso de que una iniciativa alterara los procedimientos y el listado de electores habilitados, el mismo Servel había puesto otro plazo: hasta el 18 o 19 de julio.

“Respecto de cambios legislativos que puedan incidir en el padrón electoral, es importante señalar que, de acuerdo a los plazos legales, el 19 de julio el Servicio Electoral debe determinar el padrón provisorio para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias de noviembre próximo. Por tanto, no puede haber ninguna modificación al padrón posterior a esa fecha”, comentó Figueroa.

Al margen del debate sobre la multa, la presidenta del Servel también planteó que hay otra petición legislativa que debiera resolverse próximamente. “Estamos trabajando junto al gobierno en una legislación que permita que el Servicio Electoral determine los números de electores por mesa cuando hay elecciones múltiples con voto obligatorio”, señaló.

Y agregó: “Esto, para poder evitar la situación que tuvimos el año 2024 de hacer las elecciones en dos días, porque tuvimos elecciones múltiples con voto obligatorio. Ese es otro proceso legislativo que estamos trabajando con el Poder Ejecutivo y hemos tenido conversaciones en el Congreso y esperamos que se pueda resolver en los próximos meses”.

Los plazos de la multa

Dados los plazos legislativos a los que ha solicitado ceñirse el Servel, en caso de la multa por no votar, lo importante es que la eventual ley con esta sanción esté publicada en el Diario Oficial a más tardar el sábado 15 de noviembre, un día antes de las elecciones.

Ello implica que el trámite legislativo debe estar cerrado, con aprobación del Senado y la Cámara y con pleno acuerdo de la oposición, del oficialismo y del gobierno idealmente a fines de octubre o inicios de noviembre. La razón es que debe darse un espacio de una a dos semanas, antes de la publicación en el Diario Oficial, para que el Tribunal Constitucional haga el obligatorio control preventivo, para luego proceder a la firma de promulgación del Presidente Gabriel Boric y su respectiva toma de razón por la Contraloría.

El año pasado ya se legisló muy encima de las elecciones una multa transitoria para las elecciones municipales y regionales. Sin embargo, ese proyecto, a diferencia las actuales reformas que están sobre la mesa, era de carácter misceláneo, es decir, incluía varias medidas electorales, desde el uso de lápiz de pasta azul, a disposiciones más complejas, algunas de las cuales requerían estar listas antes del inicio oficial de campañas, como el recorte del financiamiento electoral, la regulación de propaganda y la autorización para realizar esas elecciones en dos días.

Entonces, el debate sobre el voto de los extranjeros entrampó la discusión y luego de una tensa y accidentada tramitación esa reforma se publicó el 26 de agosto, casi un mes después de la presentación de candidaturas y a dos meses de los comicios.

Oferta opositora

En la Cámara, sin embargo, esperan no repetir el trance del año pasado, por lo que algunos diputados están buscando un acuerdo para que la sanción por no concurrir a las urnas se aplique solo a los chilenos y se excluya a los extranjeros.

Este lunes, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), y la diputada Joanna Pérez (Demócratas) le ofrecieron a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, activar un proyecto en ese sentido.

La iniciativa es de autoría de la misma diputada Pérez y fue presentada hace años con firmas de legisladores oficialistas y de oposición. Ese texto es distinto a una reforma impulsada por senadores de oposición que establecía la multa a electores chilenos y extranjeros, que ya fue aprobado por el Senado, pero quedó congelado en la Comisión de Gobierno de la Cámara, donde la alianza gubernamental es mayoría.

“La reforma constitucional del voto obligatorio ya está en su pleno ejercicio, pero no se puede aplicar si no tiene multa. Por eso, nuestro proyecto, que viene del 2019, es tan importante sacarlo. Obviamente antes de las elecciones tenemos un plazo, un margen, pero esto se agota obviamente el día de la elección. Las multas se aplican posteriormente a través del juzgado policial local y tenemos que ponernos de acuerdo con ese procedimiento. Esperamos que el gobierno también respalde esta iniciativa”, dijo la diputada Pérez.