La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, valoró esta tarde la aprobación y despacho por parte de la Cámara de Diputados de la reforma integral al sistema de adopción en Chile.

La iniciativa, que estuvo “dormida” en el Congreso por 12 años, entre otras materias acorta los plazos y perfecciona los procesos para entregar garantías y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Teníamos una deuda tremenda con los niños, niñas y adolescentes, especialmente con los más vulnerados, con una legislación que estaba obsoleta y que requería ponerse a día con los distintos avances que ha tenido nuestro país en los últimos años, con la Ley de Garantías de la Niñez y la Adolescencia que está en pleno proceso de implementación”, indicó la ministra Toro.

En este sentido, relevó la aprobación transversal del proyecto luego de alcanzarse acuerdos con la oposición para avanzar en el trámite.

“Creo que eso es muy importante y ha sido posible gracias al diálogo de los distintos parlamentarios, del Estado, de los organismos internacionales y también de los organismos de la sociedad civil”, indicó la secretaria de Estado.

El nuevo sistema establece un único procedimiento judicial, centralizado en un mismo tribunal, con etapas más ágiles y plazos máximos definidos. Asimismo, elimina la priorización a los matrimonios heterosexuales -que rige con la ley actual- y permite a los niños adoptados poder conocer su origen.

En este sentido, la ministra Toro destacó que “este es un proyecto de ley que recoge los derechos de la Ley de Garantías de la Niñez, pero lo hace concretos, garantizando que se puedan ejercer. En segundo lugar, termina con la prelación rígida respecto de quiénes pueden ser familias adoptivas y de esa manera lo único que importa es encontrar a aquellas familias, padre, madre, que sea el mejor para cuidar a ese niño, niña y adolescente que requiere protección. Y en tercer lugar hay cambios procesales muy importantes, porque se unifican en un único procedimiento, procedimientos que hoy día pueden significar que un niño pase por dos, tres, cuatro juicios durante este proceso, acortando los plazos a un plazo máximo de intervención de 12 meses”.

Por su parte, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, valoró que la nueva ley “permita reconocer en este proceso el derecho a ser oído de los niños”, además de “reconocer la importancia que tiene que los niños adoptados puedan conocer sus orígenes y hay un procedimiento que la ley establece para que los niños conozcan sus orígenes, su identidad, incluso reconoce la posibilidad, de forma voluntaria, de que los niños adoptados puedan tener vínculos y una relación postadoptiva con su familia de origen”.

“Con la ley que estaba vigente, el plazo podía llegar hasta 4, 5, 6 años en el proceso de adopción, esto se ha reducido a 12 o 18 meses, lo que es un cambio muy significativo”, relevó, tras lo cual indicó que “hoy día en el país ocurren alrededor de 200, 250 adopciones al año. Nosotros pensamos que con este proceso esto podría casi duplicarse”.