A pesar de que la aprobación de las reformas electorales -una que fija una multa a los ciudadanos chilenos que no concurran a las urnas y otra que restringe el sufragio extranjero-, fueron el resultado de un trabajoso acuerdo entre el gobierno y la oposición, los discursos expresados este lunes en la sala de la Cámara estuvieron lejos de reflejar un clima de entendimiento.

Los reproches mutuos, con acusaciones de aprovechamiento electoral e hipocresía, fueron repetitivos en las intervenciones.

Además, el hecho de que la tramitación de estas iniciativas culminara a siete semanas de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales condimentó aún más el debate.

Pese a ello, las reformas lograron un amplio respaldo y fueron despachadas a ley, tras gestiones lideradas por la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, que fueron respaldadas por el Presidente Gabriel Boric y complementadas por el titular del Interior, Álvaro Elizalde (PS) en la recta final. Ambos ministros concurrieron este lunes a la Cámara a presenciar las votaciones.

El proyecto de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) que establece la sanción monetaria por no votar, fue aprobada por 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones.

Si bien la Cámara, gracias al alineamiento en contra del oficialismo, había rechazado a inicios de septiembre el primer monto propuesto -de hasta $206 mil-, el gobierno logró reponer la multa en el Senado, pero con un rango inferior, entre $34 mil a $103 mil. Esa nueva propuesta, que podrá implementarse en los comicios de este año, fue visada por la sala.

Para la derecha y para partidos como Demócratas y la DC era clave avanzar en esta medida para complementar el mandato de la Constitución, que desde 2022 volvió a instaurar el sufragio obligatorio, después del fuerte castigo electoral que sufrieron sectores conservadores y centristas en el primer proceso constituyente. El problema es que la multa para reforzar el carácter obligatorio del voto, quedó pendiente y no estaba legislada.

En tanto, la reforma constitucional, iniciada en mensaje del Presidente Gabriel Boric, que eleva los requisitos para conceder el sufragio a los inmigrantes (no nacionalizados) fue aprobada por 142 favor, 4 abstenciones y ninguno en contra.

Esta era una iniciativa demandada por el oficialismo donde temían que la mayoritaria comunidad venezolana adopte un voto castigo contra izquierda. Sin embargo, en el gobierno argumentaban que regular el voto extranjero -una singularidad de la legislación chilena a nivel mundial- también era una necesidad de Estado, ya que generaba una vulnerabilidad del punto de vista de la seguridad y la soberanía nacional.

La derecha accedió a modificar el sufragio de los migrantes a cambio de que este ajuste a la Carta Fundamental no rigiera para estas elecciones, sino que para comicios futuros del 2026 en adelante.

La nueva norma, que tiene alcances históricos al modificar una disposición que existe desde 1980, señala que el derecho a voto para ciudadanos de otros países se concederá cuando existan 10 años de residencia definitiva, en vez de los cinco años de avecindamiento (temporal o discontinuo) que se exigen actualmente.

Tenso debate

A pesar de que el resultado era previsible, lo que le restó interés al debate (de hecho, la sesión debió suspenderse un par de ocasiones por la ausencia masiva de diputados en sala), las escasas intervenciones fueron encendidas.

“Hacer esto a semanas de la elección no corresponde” dijo el diputado y abanderado libertario, Johannes Kaiser.

En respuesta, el diputado Leonardo Soto (PS) dijo que “no pudimos llegar a un acuerdo porque algunos quisieron pasar una aplanadora”, recordando que el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), había dicho que no se sentía condicionado a apoyar la reforma sobre los extranjeros que demandaba el oficialismo.

El diputado Andrés Longton (RN) acusó a la alianza gubernamental de actuar con “hipocresía”, pues hace tres años atrás un grupo de diputados, entre ellos Gabriel Boric, fueron al Tribunal Constitucional para impugnar la Ley de Extranjería que elevaba precisamente los requisitos para votar de extranjeros. “Lo que teníamos que cumplir era un mandato constitucional, pero sujeto a una extorsión... Muchos de los parlamentarios que están hoy día presentes, aprobaron el año 2022, el voto obligatorio y con sanción. No había cálculo electoral, había convicción. Pero esa generación prístina, con una estatura moral por sobre todos nosotros, nos enseñó también que las convicciones pueden cambiar de un día para otro, si es que el poder está en riesgo”, agregó.

La falta de coherencia de la derecha fue reprochada de vuelta por el diputado Héctor Ulloa (independiente PPD), jefe de su bancada, que se opuso hasta el final a la multa. “Hoy día, sin duda, estamos legislando a última hora... Además, con mucha liviandad, creo yo, establecemos una multa... Sin embargo, lo que más me llama la atención, y si me permite la ultraderecha, es este carenalguismo campante. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la ultraderecha aquí, en esta misma sala, decirle a los migrantes y a los extranjeros? Los vamos a deportar, los vamos a perseguir, no queremos que ocupen nuestras salas de clase y nuestros consultorios, pero, por favor, migrantes quédense a votar. Este amor repentino, violento, por la migración sin duda me llega a conmover".

Camino difícil

El recorrido de ambas iniciativas no fue sencillo. La tramitación estuvo marcada por aquella rebelión de diputados oficialistas que, a inicios de septiembre, se negaron a aprobar la multa debido al impacto electoral que tendría en los comicios de este año. En represalia por ello, los senadores y diputados opositores acordaron un bloqueo legislativo que duró cerca de una semana.

El problema de ello es que la rebelión dejó en una incómoda posición a la ministra Lobos, quien, incluso, llegó a firmar un acuerdo con los senadores de oposición para convencer a los parlamentarios de gobierno de que la derecha se abriría a restringir el sufragio de los inmigrantes (no nacionalizados) a partir de 2026.

Convencer a las partes en juego requirió semanas. De hecho, en el mismo oficialismo admitían que en el propio gobierno no todos estaban de acuerdo con avanzar con este acuerdo, básicamente por el diagnóstico electoral de que la multa -que refuerza el carácter obligatorio del voto- perjudica la postulación presidencial de Jeannette Jara (PC) y, por otro lado, favorece a José Antonio Kast (republicano) y a Franco Parisi (PDG), quienes se muestran más interpeladores a la clase política y se nutren de un votante disgustado y apático que es obligado a concurrir a las urnas.

Esos intereses alimentaron durante semanas que había una fractura entre dos almas en La Moneda, por un lado, la ministra Lobos y el Presidente Boric -que eran proclives al acuerdo- y, por otro lado, la postura de Elizalde, avalada, además, por los cálculos del comando de Jara.

Si bien en Interior y en la Segpres siempre negaron que hubiera un quiebre, algunos admiten que había diferencias tácticas y estratégicas de cómo abordar la negociación.

Elizalde vetado

Originalmente fue Elizalde quien tomó el control de las tratativas iniciadas en la Cámara. Sus interlocutores eran el presidente de la corporación, José Miguel Castro (RN), y la diputada Joanna Pérez (Demócratas), autora del proyecto.

Entonces no estaba sobre la mesa la reforma para restringir el sufragio extranjero. La única concesión que hacía la derecha era excluir de la sanción económica a los migrantes (no nacionalizados). Elizalde, sin embargo, exigió más a cambio, pero los negociadores de oposición no aceptaron.

Sin ningún acuerdo cerrado, Castro decidió hacer una medición de fuerzas y citó a una sesión especial para votar la multa. En respuesta, el oficialismo mayoritariamente rechazó la idea de legislar, en línea con las exigencias de Elizalde. Pese a ello, la oposición, junto a la DC, que era partidaria de la multa (bajo la suposición de que ello incide en un voto moderado), lograron aprobar en general la iniciativa. La resistencia socialista fue liderada por el diputado Daniel Manouchehri (uno de los parlamentarios cercanos a Elizalde), quien presentó indicaciones para alargar la discusión.

En esos momentos, el diálogo entre diputados de oposición y el gobierno estaba quebrado. Incluso, Elizalde fue “vetado” por las bancadas opositoras para cualquier discusión.

Para bajar las tensiones, el ministro del Interior decidió replegarse y delegar las negociaciones a Lobos.

Al asumir el control de este tema, la primera tarea de la ministra fue tratar de recomponer confianzas, además, abrió una negociación paralela con los senadores de oposición para regular el voto extranjero en una reforma constitucional, ante la cual la derecha se allanó, siempre y cuando la multa por no votar pudiera regir este año.

En el oficialismo, sin embargo, comentan que Elizalde era partidario de dar una lenta tramitación a la multa -medida demandada por la oposición- para obligar a que la derecha cediera un poco más en las restricciones al voto de inmigrantes.

El problema es que nuevamente, sin tener un acuerdo cerrado, el presidente de la Cámara llamó a una nueva sesión para votar el proyecto de la diputada Pérez sobre la sanción monetaria. En aquella jornada del 2 de septiembre, el oficialismo en bloque logró rechazar el artículo de la multa, despachando un texto al Senado sin su capítulo principal.

Ello volvió a alimentar las sospechas de que Elizalde otra vez estuvo detrás torpedeando la iniciativa.

Respaldo de Boric

El escenario era complicado para Lobos, que a esas alturas ya estaba comprometida con los senadores de avanzar simultáneamente con ambas reformas electorales. Incluso, algunos legisladores temían que la ministra presentara su renuncia, debido a que los diputados oficialistas no se estaban ciñendo a su estrategia.

En el gobierno admiten que fueron los días más difíciles para la secretaria general de la Presidencia. No obstante, hubo una reunión clave de ella con el Presidente Boric el jueves 4 de septiembre, en la que le dio el respaldo a su plan legislativo.

Salvo algunos descuelgues, los senadores del oficialismo se plegaron al llamado de Boric y junto a la derecha aprobaron ambas reformas el miércoles 10 de septiembre.

Sin embargo, la resistencia persistía entre los diputados oficialistas. Por ello, la ministra, para no correr riesgos, convenció al presidente de la Cámara de no poner en tabla ambos proyectos esta semana. Castro, por fin, le hizo caso y pospuso las votaciones para este 29 de septiembre.