A 10 días de despedir el 2025, resulta difícil escoger el adjetivo que califica un año como el que estamos concluyendo, especialmente porque lo cerramos con un momento político noticioso, que hace difícil mirar en retrospectiva todo lo vivido en 12 meses. Pero el recuento es un buen ejercicio, porque solo en el reconocimiento de lo bueno y lo malo es donde convertimos experiencias en aprendizajes.

El 2025 fue un año que nos puso a prueba en muchos sentidos. Puso a prueba la capacidad de gestión del Estado, la resiliencia de nuestra infraestructura crítica, la confianza en las instituciones y -muy especialmente- nuestra disposición a construir acuerdos.

Una de estas pruebas la vivimos el pasado 25 de febrero, cuando gran parte de Chile quedó sin luz y el país sintió en tiempo real que un tema técnico puede convertirse, en minutos, en un asunto de Estado, más aún en un área tan estratégica como la energía. Aún no es del todo claro si superamos esta prueba, pero lo que sí es cierto es que se reordenaron prioridades y se transparentó la necesidad de estándares, responsabilidades y supervisión más exigentes.

En abril, se puso en marcha el Ministerio de Seguridad Pública, con el objeto de hacerse cargo del problema que más preocupa a los chilenos. Seguridad y crimen organizado dejaron de ser un “tema policial” para convertirse en un desafío institucional; una de las pruebas más difíciles, que está lejos de ser superada.

Este año también dejó una prueba menos visible, pero decisiva para el crecimiento: esta es si Chile puede pasar de la incertidumbre a la certeza regulatoria. En ese ámbito, ‘permisología’ podría ser perfectamente la palabra del año. La Ley 21.770 abre un marco para ordenar autorizaciones sectoriales, pero su valor no está en el papel. La prueba real es su implementación, que los permisos se tramiten con plazos definidos, trazabilidad y decisiones consistentes.

También sorteamos varias pruebas relacionadas con la probidad. La crisis que ha atravesado el Poder Judicial durante el año volvió a recordarnos que nuestras instituciones, en especial las de justicia, son un pilar de la confianza. Cuando se instala la duda sobre su integridad, se debilita el Estado de derecho y se pierde conexión con la ciudadanía. Afecta y encarece todo, desde la inversión hasta la cohesión social.

En lo internacional, la política arancelaria del presidente Donald Trump reabrió incertidumbres para el comercio global y las cadenas de suministro -con alzas y extensiones arancelarias durante 2025-, recordándonos la importancia de la geopolítica y sus impactos en la economía. Y en nuestra región, la relación con Venezuela y sus efectos en la agenda migratoria siguieron tensionando la política exterior chilena, una prueba que no desaparece con el cambio de gobierno y que exigirá coordinación diplomática, consular y de seguridad.

El 2025 también fue prueba de que Chile está comenzando su recuperación. En lo macro, el Banco Central, en su IPoM de diciembre, centró el crecimiento de 2025 en el 2,4% y mejoró su proyección para 2026, ubicándola en un rango del 2% al 3%. No son cifras para celebrar, pero sí avances que abren espacio para pensar en inversión, empleo y políticas sociales con expectativas más realistas.

Hay otra prueba que a veces damos por sentada, hasta que el mundo nos recuerda que no es obvia. Me refiero a la cultura cívica y democrática. Con tensiones, con campañas intensas y con un debate público a ratos áspero, fue posible ver al actual presidente y al presidente electo en una reunión para comenzar el cambio de ciclo dentro de reglas conocidas.

Con ese telón de fondo, el cierre político del año era inevitablemente intenso. El triunfo de José Antonio Kast abre una nueva etapa, pero también inaugura el examen más difícil, el de gobernar. Economistas han subrayado tres urgencias inmediatas —ordenar las cuentas fiscales, revisar permisos y moderar expectativas— y cuesta discrepar. Pero el desafío del próximo gobierno no se agota en lo económico. También deberá responder a la principal preocupación ciudadana, la seguridad y el crimen organizado; fortalecer estándares de probidad y confianza pública, y elevar la resiliencia de nuestra infraestructura crítica. La prueba será simple de enunciar y compleja de cumplir, hacer que el país funcione con crecimiento y empleo, pero también con cohesión, credibilidad y reglas que se respeten. Porque además de ponernos a prueba, el 2025 nos enseñó que una estrategia sin ejecución es solo relato.