La Ley de Fraccionamiento Pesquero vio la luz en junio. Desde entonces, comenzaron las gestiones para implementarla, anunciando la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), a inicios de noviembre, siete medidas administrativas para beneficiar al sector artesanal.

Un documento de un organismo asesor independiente de Subpesca, solicitado por este último, revela que los primeros dos artículos de la ley no gozan de base científica.

El pedido de Subpesca buscó que el comité científico técnico (CCT) de la pesquería de pequeños pelágicos realizara una sesión extraordinaria para saber el valor máximo de la captura biológicamente aceptable (CBA) para el 2026. Esto entre las regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo.

La CBA es básicamente el tope máximo de captura que un recurso pesquero puede aguantar sin que se afecte su regeneración.

De esa forma, consideró los artículos 1° y 2° de la Ley de Fraccionamiento Pesquero (Ley N° 21.752), que legisla acerca de las pesquerías de anchoveta y sardina española, y cuya área marítima comprende las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Al final de ese artículo 1° se menciona que la cuota global de captura será determinada para estas áreas.

El comité científico de Subpesca hizo la siguiente recomendación: “respecto de la consulta efectuada y considerando la discusión técnica, debido a los conflictos que existen entre la legislación y el conocimiento científico, el CCT-PP no recomienda una CBA para anchoveta y sardina española, en el área marítima comprendida entre las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo, con la oposición de los miembros institucionales de esta Subsecretaría”.

El acta la presidió Elson Leal y registra como secretario (ad hoc) a Víctor Espejo. Leal figura en el documento como presidente del comité científico de la pesquería de pequeños pelágicos. También se incorpora en el acta a miembros en ejercicio como Marcelo Oliva, de la Universidad de Antofagasta; Ciro Oyarzún, independiente; Rodolfo Serra, independiente; Guido Plaza, de la Universidad Católica de Valparaíso y Francisco Plaza, de la Universidad de Santiago de Chile, entre otros.

Leal explica en el documento público el rol del comité: “organismo asesor y de consulta de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en materias científicas relevantes para la administración y manejo de pesquerías de acceso cerrado, así como en aspectos ambientales y de conservación”. Su objetivo, entonces, es conservar los recursos para alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS), basado en información científica.

Argumentos del comité científico

Los argumentos del CCT-PP dicen que la solicitud de Subpesca implica fusionar información de dos unidades pesqueras diferentes: la zona norte, que contempla Arica y Parinacota hasta Antofagasta; y la zona centro norte, entre Atacama y Coquimbo.

Esto, según dicen, “desconociendo la existencia de stocks diferenciados basados en información científica disponible y, además, que el stock de anchoveta de la zona norte es compartido con Perú. Tal enfoque contraviene principios básicos de manejo pesquero, que requieren decisiones basadas en la estructura poblacional real”.

Es por ello que el acta explica que la solicitud de Subpesca provoca un choque entre lo normativo y lo técnico. Uno, por la labor del CCT de argumentar sus asesorías de forma científica; y dos, por la Ley de Fraccionamiento que reemplaza “unidad de pesquería” por “áreas marítimas”. Las que son “definidas políticamente, sin sustento biológico-pesquero”, dice el acta.

Además, explica que “las poblaciones naturales no reconocen límites administrativos, y la gestión basada en áreas desconoce la existencia de unidades de stock, que son las verdaderas unidades biológicas que deben conservarse para garantizar un manejo eficaz y cumplir el objetivo de control de la mortalidad por pesca”.

El comité añade que el concepto está basado en la ciencia pesquera y es un fundamento para las medidas de conservación y la estimación de parámetros críticos como la CBA. “Sustituirlo por “área” no solo carece de justificación técnica, sino que introduce riesgos para la sostenibilidad del recurso y la seguridad alimentaria”.

Dentro de la argumentación, el comité indica que “no se ha presentado argumento científico que respalde este cambio. (...) En síntesis, la recomendación del CCT-PP se fundamenta en la necesidad de mantener la coherencia entre la normativa y el conocimiento científico, priorizando la conservación biológica como condición indispensable para la sostenibilidad productiva y el cumplimiento de los objetivos de manejo definidos en la LGPA”.

Visión de Subpesca: “Solo le corresponde hacer cumplir esta nueva ley”

Al ser consultada, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura declaró que “las pesquerías de anchoveta y sardina española, a las que se hace alusión en la nota, corresponden a las regiones del norte grande donde hubo condenas por cohecho a parlamentarios de la zona y por soborno a una empresa pesquera del norte”.

El organismo añade que “estos delitos fueron cometidos durante la tramitación de la Ley General de Pesca y Acuicultura de 2013. La Ley de Fraccionamiento aprobada este año, ha corregido de manera sustantiva esa cuestionada distribución”.

Subpesca concluye señalando que “el contenido de esta ley fue aprobado por una mayoría transversal en el Parlamento, promulgada por el Ejecutivo, tomada razón por Contraloría, y fue rechazada la reclamación presentada por representantes de la industria al Tribunal Constitucional. En consecuencia, a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura solo le corresponde hacer cumplir esta nueva ley”.